decano facultad de economía Universidad Externado de Colombia

economista Universidad Externado de Colombia
Marzo 2026, Edición 379.

COLOMBIA ATRAVIESA POR UN PERÍODO PARTICULARMENTE DESAFIANTE en materia fiscal. Para 2025 el déficit primario del Gobierno Nacional Central alcanzó el 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) cifra que resulta ser la más alta observada en lo corrido del siglo, sin considerar episodios calificados como de máxima tensión macroeconómica ante diferentes choques mundiales.

Esta situación se convierte en un factor de presión significativa para la economía y de no tomarse las medidas apropiadas, el país podría enfrentar situaciones supremamente adversas en los próximos años. Dos preguntas que surgen naturalmente son: ¿Cuál es la situación actual de las finanzas públicas y cuáles son las causas principales de esta tensión fiscal sin precedentes? ¿Qué antecedentes se identifican en otros países donde se registraron desequilibrios fiscales persistentes y las medidas de política económica adoptadas no lograron estabilizarlos, sino que los profundizaron?

Este documento analiza la trayectoria reciente de la política fiscal en Colombia, con énfasis en la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, y la contrasta con la experiencia de Argentina en 2001, con el fin de advertir cómo desequilibrios fiscales sostenidos pueden traducirse en tensiones sociales.

Trayectoria reciente de la política fiscal

Colombia decidió acoger un sistema de cumplimiento de regla fiscal mediante la Ley 1473 de 2011, la cual fue modificada por la Ley 2155 de 2021 cuyo propósito principal quedó establecido en el artículo 5 de la primera ley en mención: “la regla fiscal buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de la deuda. El límite de la deuda es igual al 71 % del PIB y el ancla es igual al 55 % del PIB” (Congreso de la República, 2011).

Este mecanismo efectivamente implementado a través de los años le había permitido al país, al menos de manera imperfecta, mantener disciplinado su trayectoria fiscal en materia de deuda con los respectivos esfuerzos que ello impone para cada uno de los gobiernos. No obstante, la misma norma, y siguiendo las mejores prácticas internacionales asociada en estos asuntos, ver por ejemplo Ardanaz et. al. (2026), adoptó cláusulas de escape frente a la regla, previendo hechos sobrevinientes, extraordinarios e impredecibles que pudieran convertirse en verdaderos choques capaces de generar un escenario especial de política pública para advertir de la imposibilidad de su cumplimiento.

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Cuando el déficit crece, el ajuste termina llegando al presupuesto de los hogares.

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De esta forma, el país se configuró como una economía con un mecanismo de regla fiscal de segunda generación, esto es, un sistema de regla fiscal que si bien podría tener oportunidades de mejora a futuro, su cumplimiento era una garantía de límite al proceso de endeudamiento desmedido que un Gobierno de turno pudiese tener. Infortunadamente el Gobierno actual tomó la decisión de activar lo contenido en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1473 de 2011: “La regla fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. En caso de que ocurran estos eventos, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) podrá activar esta cláusula de escape, previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal” (Congreso de la República, 2011).

En todo caso, la activación de este tipo de mecanismos no surge en el vacío. Responde a una trayectoria en la que la regla fiscal ha debido ajustarse de forma recurrente frente a cambios en el entorno económico y en la propia estructura de las finanzas públicas. Por ello, para entender el uso reciente de la cláusula de escape, resulta necesario revisar cómo evoluciona el marco fiscal colombiano desde su adopción inicial y cómo, en distintos momentos, la realidad económica tensionó y redefinió su alcance.

La adopción de la regla fiscal en Colombia mediante la Ley 1473 de 2011 constituyó un hito en la arquitectura institucional de las finanzas públicas, al introducir un mecanismo explícito de anclaje para la política fiscal en un contexto previo caracterizado por la ausencia de disciplina contracíclica. Antes de esta reforma, la política fiscal carecía de un dispositivo que mitigara los efectos de la volatilidad de los ingresos, asociada tanto al ciclo económico como, de manera particular, a la dependencia estructural de la actividad minero-energética, lo que generaba riesgos de prociclicidad y vulnerabilidad ante choques externos.

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La adopción de la regla fiscal en Colombia constituyó un hito en la arquitectura institucional de las finanzas públicas, al introducir un mecanismo explícito de anclaje para la política fiscal en un contexto previo caracterizado por la ausencia de disciplina contracíclica.

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Frente a este diagnóstico, la Ley 1473 de 2011 introdujo el concepto de balance fiscal estructural como eje del nuevo marco, definido como el resultado fiscal ajustado por el ciclo económico y por los efectos extraordinarios de la actividad minero-energética (Congreso de la República, 2011). Este diseño implicó una ruptura con los esquemas basados exclusivamente en el balance observado, al incorporar una lógica de corrección orientada a separar los componentes transitorios de los permanentes.

La limitación central de la norma radicó en la ausencia de una metodología de cálculo del balance estructural legalmente definida, lo que transfirió al comité consultivo la potestad de determinar, sin parámetros vinculantes ex ante, el principal anclaje del marco fiscal, una delegación que, por su propia indefinición, terminaría convirtiendo la estimación del balance estructural en el núcleo de las sucesivas reformas a la regla fiscal.

Durante los primeros años de implementación, entre 2013 y 2014, el énfasis se centró en la construcción técnica de los insumos necesarios para aplicar la regla. Las actas del Comité Consultivo de la Regla Fiscal evidencian un esfuerzo sistemático por definir variables clave como el PIB potencial y el ciclo petrolero (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013a, 2013b). En este periodo, la economía colombiana aún se beneficiaba de precios internacionales del petróleo relativamente altos, lo que generaba ingresos fiscales significativos pero también introducía distorsiones en la medición del balance estructural. La dependencia de estos ingresos reveló la necesidad de separar con mayor precisión los componentes cíclicos de los estructurales, en particular frente a la volatilidad de los precios del crudo.

El 2014 marcó un avance metodológico relevante. El comité consultivo ajustó la forma de estimar el precio de largo plazo del petróleo y redefinió el cálculo del ciclo petrolero, en respuesta a inconsistencias detectadas en la medición previa (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014). El ajuste metodológico consolidó el uso del balance estructural como eje del marco fiscal, en un entorno aún favorable en términos de ingresos y crecimiento.

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Los ingresos tributarios para 2025 representaron el 17,7% del pib, mientras que el gasto alcanzó niveles cercanos al 19,9% del pib.

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El interest rate spread de Colombia se ubicó en torno a 6,8 %, en niveles intermedios frente a la región, sin reflejar presiones sobre las condiciones de financiamiento (Banco Mundial, 2026). La estructura de la deuda del Gobierno Nacional Central resultaba consistente con ese escenario. El saldo total ascendió a 289.86 billones de pesos, con una participación de 69,03 % de deuda interna y 30,97 % de deuda externa (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2026). La predominancia de TES y la menor exposición externa reflejaban un perfil de financiamiento estable. Este conjunto de elementos es coherente con un marco fiscal que aún operaba como ancla efectiva.

No obstante, la caída abrupta de los precios del petróleo a partir de 2015 alteró de manera significativa este equilibrio. Este choque externo redujo los ingresos fiscales, afectó la inversión y deterioró las perspectivas de crecimiento económico. Las actas del comité consultivo reflejan un cambio en la naturaleza del debate: de la calibración técnica se pasó a la gestión de una crisis fiscal (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015). La regla fiscal demostró en este contexto su carácter contracíclico, al permitir desviaciones temporales del déficit frente a un choque externo. Sin embargo, el análisis posterior indicó que el impacto no era meramente transitorio, sino que implicaba una reducción estructural en los ingresos petroleros.

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Las restricciones fiscales pueden traducirse en mayor presión sobre los servicios sociales, limitando la capacidad del Estado para ampliar cobertura, mejorar la atención en salud pública y responder oportunamente a las necesidades de la población más vulnerable.

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Este reconocimiento condujo a una revisión más profunda de los supuestos macroeconómicos. Entre 2015 y 2016, los grupos técnicos ajustaron en promedios simples a la baja las estimaciones de crecimiento potencial, que pasaron de niveles cercanos al 4,4 % a rangos entre 3,7 % y 3,9 % (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016). De manera simultánea, las proyecciones del precio del petróleo convergieron hacia niveles más bajos en el largo plazo. Este doble ajuste reflejó un cambio estructural en la economía colombiana, caracterizado por menores ingresos externos y una capacidad de crecimiento más limitada.

La desaceleración se hizo evidente en la actividad económica. El crecimiento del PIB se ubicó alrededor de 2,0 % (base 2005), muy por debajo de los registros previos (DANE, 2026). En paralelo, el interest rate spread aumentó a cerca de 7,9 %, lo que refleja condiciones financieras más exigentes (Banco Mundial, 2026). La deuda del Gobierno Nacional Central alcanzó 377.08 billones de pesos, con una participación de la deuda externa de 35,55 %, superior a la observada en años anteriores (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016). Estos resultados configuran un entorno de menor crecimiento efectivo, mayor costo de financiamiento y mayor exposición externa. La regla fiscal permaneció operativa, pero lo hizo en condiciones más restrictivas, lo que limitó su capacidad de ajuste frente a un deterioro de carácter estructural.

La reforma metodológica de 2017 modificó sustancialmente la estimación del balance estructural. El comité consultivo abandonó el enfoque de niveles para adoptar uno basado en sendas de crecimiento (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017). El objetivo fue corregir sesgos en la medición del ciclo que inflaban el espacio fiscal. Al mismo tiempo, se reconoció que el crecimiento potencial había caído de forma permanente, reduciendo así la base estructural de ingresos.

La reforma técnica de 2018 profundizó el realismo de los supuestos macrofiscales.

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El incremento del déficit primario hasta 3,5 % del PIB en 2025, el encarecimiento del financiamiento y la persistente brecha entre ingresos (14,7 % del PIB) y gastos (cerca de 19,9 % del PIB) configuran un deterioro que trasciende lo coyuntural y plantea riesgos de carácter estructural.

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El comité consultivo ajustó la elasticidad del recaudo tributario respecto al PIB (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018), corrigiendo una subestimación previa de la sensibilidad de los ingresos al ciclo. Paralelamente, se fijó el crecimiento potencial entre 3,4 % y 3,6 % y se moderó la senda de precios del petróleo. El conjunto de estos cambios institucionalizó parámetros más realistas, forjados a partir de la experiencia de la crisis petrolera.

En 2019 se introdujo un nuevo factor de flexibilidad en el marco de la regla fiscal al incorporar el impacto de la migración venezolana. El fenómeno generó presiones adicionales sobre el gasto público estimadas en 0,5 % del PIB (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019), asociadas a la provisión de servicios básicos y atención a población vulnerable, lo que motivó la autorización de desviaciones temporales del déficit estructural sujetas a condiciones de transitoriedad y seguimiento. Este choque, caracterizado por su magnitud y rápida materialización, implicó una expansión significativa de la demanda por bienes públicos, particularmente en regiones con alta concentración de migrantes, lo que tensionó las finanzas públicas en el corto plazo (Bahar, Ibáñez y Rozo, 2020). Con este ajuste, la regla fiscal reconoció explícitamente los choques sociales como determinantes de la sostenibilidad fiscal, ampliando su alcance más allá de las variables tradicionales.

La crisis de 2020, derivada de la pandemia de covid-19, constituyó el mayor desafío para el marco fiscal colombiano desde su creación. La expectativa de contracción del PIB de 6,8 % en 2020 y el déficit cercano al 8,9 % del PIB obligaron a suspender la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020a, 2020b; DANE, 2026). En ese mismo año, el spread se ubicó alrededor de 6,5 %, nivel asociado a condiciones excepcionales de liquidez global (Banco Mundial, 2026), mientras la deuda del Gobierno Nacional Central ascendió a aproximadamente 619.59 billones de pesos, con una participación externa de 37,08 % (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020a, 2026).

La activación de la cláusula de escape y la suspensión temporal de la regla fiscal durante 2020 y 2021 evidenciaron los límites del esquema basado en el balance estructural frente a choques extremos, al tiempo que resaltaron la necesidad de incorporar mecanismos de flexibilidad institucional. En este mismo periodo, la deuda del Gobierno Nacional Central alcanzó 724.1 billones de pesos, con una participación de la deuda externa de 40,37 %, el nivel más alto de la serie reciente, mientras la deuda interna se redujo a 59,63 %, lo que confirma un cambio en la estructura del endeudamiento (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2021, 2026).

El nuevo marco también formalizó la cláusula de escape, al establecer criterios explícitos para su activación y seguimiento. Este cambio respondió a la experiencia de 2020, cuando la ausencia de reglas claras sobre la suspensión de la regla fiscal generó incertidumbre. En paralelo, se reconoció que la pandemia había producido una pérdida permanente en el nivel del PIB, lo que implicaba una trayectoria de crecimiento potencial más baja en el mediano plazo (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2021).

A partir de 2022, el énfasis se trasladó hacia la operacionalización del marco fiscal. Documentos técnicos como la definición de ingresos petroleros y los principios para la identificación de transacciones de única vez (TUV) buscaron reducir la discrecionalidad y mejorar la consistencia en la medición del balance primario neto estructural (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2022a, 2022b). En particular, la delimitación de los ingresos petroleros al segmento de extracción representó un avance significativo en la identificación de los componentes cíclicos, al excluir actividades que no responden directamente a las variaciones del precio del crudo. Asimismo, la adopción de criterios conceptuales para las TUV reforzó la transparencia fiscal al evitar que medidas transitorias distorsionen la evaluación de la sostenibilidad.

Infortunadamente, una vez fue activada esta regla, ante la imposibilidad de cumplir el objetivo inicialmente propuesto, consistente en alcanzar un balance primario neto estructural de 0,5 % del PIB para 2025, las condiciones comenzaron a tornarse aún más severas en materia de desajuste fiscal. En efecto, hacia finales de 2025 el deterioro de las finanzas públicas se manifestó en la no aprobación de la ley de financiamiento, la declaratoria de emergencia económica y la reducción de la calificación soberana a ‘BB’, lo cual empezó a incidir en las condiciones de financiamiento externo del sistema bancario. Aunque el acceso a recursos internacionales se mantuvo relativamente estable, con un cupo de endeudamiento de USD 24.132 millones, se evidencian señales de presión en los costos, dado que algunas entidades reportaron incrementos cercanos a 10 puntos básicos en los spreads (Banco de la República, 2025).

De manera complementaria, el saldo de la deuda externa bancaria alcanzó USD 12.193 millones, con un aumento trimestral de 1,6 % y una reducción anual de 4,8 %, lo que sugiere un ajuste en la dinámica de endeudamiento. A ello se suma un cambio en la composición por plazos, con una participación del 30,0 % en obligaciones de corto plazo, superior a la observada previamente, lo que incrementa la exposición a riesgos de refinanciamiento en un entorno de mayor incertidumbre fiscal (Banco de la República, 2025).

Es así como al cierre de 2025 el país terminó con un muy preocupante escenario en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas y estabilidad macroeconómica. Como se señaló antes, el déficit primario alcanzó niveles máximos en tres décadas descontando episodios de severos choques externos para el país, incluyendo la pandemia y la burbuja inmobiliaria.

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La confianza en las finanzas públicas también se refleja en la relación cotidiana de los ciudadanos con el sistema financiero.

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Para 2026, de acuerdo con cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit primario podría aumentar a 4,2 % del PIB y la deuda neta podría alcanzar niveles de 60,3 % del PIB, una cifra sin duda retadora para una economía con un mercado de capitales incipiente y en donde los mercados internacionales terminarían endogenizando las nuevas condiciones de manejo macroeconómico y macroprudencial del país.

De hecho, los datos recientes sobre nueva deuda resultante de la última emisión de bonos, mostrarían que el país estaría pagando por su deuda pública tasas de interés superiores al 14 %, cifra dramáticamente superior a la media a la que los principales países en América Latina estarían logrando financiar su gasto (Comité Autónomo de la Regla Fiscal, 2026).

No es asunto menor tener en consideración que los ingresos tributarios para 2025 representaron el 14,7 % del PIB, mientras que el gasto alcanzó niveles cercanos al 19,9 % del PIB, último valor muy cercano de lo que representaría el gasto en el primer año de pandemia, 20,2 % (Comité Autónomo de la Regla Fiscal, 2026).

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Lo que está en juego es la capacidad del país para preservar la estabilidad macroeconómica, sostener un crecimiento viable en el largo plazo y evitar que los desajustes actuales se traduzcan en costos sociales permanentes

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Bajo estas condiciones, el aumento del déficit, el mayor costo del endeudamiento y la persistente brecha fiscal configuran un escenario de vulnerabilidad que excede lo estrictamente macroeconómico. La literatura advierte que altos niveles de deuda reducen la capacidad de respuesta del Estado frente a choques y aumentan la sensibilidad a las condiciones financieras internacionales (Andrián et al., 2023) . Para Colombia, esto implica un deterioro en la percepción de riesgo, mayores costos de financiamiento y una reducción del espacio fiscal, lo que podría traducirse en ajustes sobre el gasto con efectos directos sobre el bienestar social. En consecuencia, la dinámica de la última década no solo compromete la sostenibilidad de la deuda, sino que también eleva el riesgo de presiones sociales asociadas a la consolidación fiscal.

Frente a este punto cabe resaltar las grandes brechas existentes entre lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y los datos observados. Una sobreestimación de los ingresos para 2025 y una subestimación de los gastos en el marco señalado, generan importantes alarmas sobre la calidad de la planeación fiscal en el país, y motivan cuando menos a una revisión metodológica cuidadosa sobre los supuestos usados en las proyecciones.

Es de anotar que el efecto que vía tasa de cambio y el manejo de canje de deuda efectuado en el último trimestre del año permitieron suavizar los resultados fiscales al cierre de 2025. Frente a este punto el CARF habría confirmado que en ausencia de operaciones de manejo de deuda, el déficit fiscal hubiera llegado a niveles de 8,2 % del PIB y que el efecto cambiario podría haber reducido el déficit en cerca de 2,9 puntos porcentuales (Comité Autónomo de la Regla Fiscal, 2026).

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Para 2026 el déficit primario podría aumentar a4,2%del pib, y la deuda neta podría alcanzar niveles de60,3%del pib.

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Para 2026 el Gobierno Nacional presenta un escenario a todas luces optimista y en nuestro concepto bastante difícil de lograr: un déficit consolidado del Gobierno Nacional de 6,3 % y un déficit primario de 3,6 %. No obstante, teniendo en cuenta el impacto de la ola invernal y demás hechos que en materia de gasto implican para la economía colombiana el CARF estimaría un gasto total de 23,2 % del PIB y un nivel de ingreso del 16,5 % lo que generaría un déficit del 6,7 %, cifra estrictamente mayor a la proyectada por el Gobierno Nacional, así como un déficit primario de 3,7 % 0.1 % p.p por encima de lo estimado (Comité Autónomo de la Regla Fiscal, 2026).

La situación exige una revisión cuidadosa de las finanzas del país, mucho más teniendo en cuenta las inflexibilidades del Presupuesto General de la Nación (PGN) explicadas por las rigideces al interior de las cuentas del gasto de funcionamiento del Gobierno Nacional Central, que sin lugar a dudas exigirá un esfuerzo de revisión y replanteamiento estructural para el próximo gobierno. En este escenario, el compromiso del Gobierno de retornar a la regla fiscal en 2028, tras la activación de la ‘cláusula de escape’, se perfila como un objetivo de difícil cumplimiento en el contexto actual.

Esta limitación no es trivial, pues abre la discusión sobre las consecuencias de no cumplir la regla fiscal en los horizontes previstos, especialmente en relación con sus efectos sobre el bienestar de la población. La evidencia internacional sugiere que episodios de desajuste fiscal prolongado pueden derivar en crisis económicas de gran magnitud, como ocurrió en Argentina en 2001.

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La reducción del espacio fiscal limita la inversión en infraestructura estratégica, afectando la ejecución de obras públicas y reduciendo el potencial de crecimiento económico en el mediano plazo.

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Del desequilibrio fiscal a la crisis social: el corralito argentino

A raíz de un fenómeno inflacionario persistente y preocupante durante la década de los años 80, Argentina, en cabeza de su Ministro de Hacienda de la época Domingo Cavallo habría establecido un mecanismo que se conocería como la Regla de Convertibilidad un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar con un objetivo de estabilidad de precios; su objetivo primario era aumentar la credibilidad que en materia de gobernabilidad económica habría perdido el Gobierno de Menem pero en la práctica generaría vulnerabilidad ante choques externos y afectaciones en materia de competitividad, sembrando las bases de un desequilibrio no solo económico sino también social.

Este mecanismo de convertibilidad permanente habría ocasionado importantes desequilibrios fiscales persistentes, elevado endeudamiento público y deterioro de la cuenta corriente, los cuales, más allá de lo macroeconómico, comenzaron a traducirse en tensiones sociales acumuladas durante la década de los 90.

Ante este escenario de alta preocupación fiscal, y luego de la llegada del Gobierno de Fernando de la Rúa, el país enfrentaría un descontento generalizado, y la capacidad de gobernabilidad se habría afectado severamente, lo cual trascendería el plano económico para trasladarse al terreno social. Como un intento de revertir este deterioro en las finanzas y el sistema económico en general, ante la proliferación de mercados negros y el surgimiento de un descontento social se invitó al autor de la regla de convertibilidad argentina a hacer parte del Gobierno nuevamente como ministro de finanzas. De esta manera, el economista Domingo Cavallo llegó al Gobierno con la esperanza de lograr diseñar un mecanismo capaz de fortalecer de nuevo la imagen institucional de las finanzas de la nación y buscar evitar la moratoria en el pago del servicio de la deuda (Agénor & Montiel, 2015).

Es así como en 2001 el Gobierno argentino decide establecer el ‘corralito’ financiero. Un mecanismo que estableció un monto máximo de retiros que una persona tenedora de sus ahorros en el sistema financiero argentino podría hacer, a fin de evitar una fuga masiva de capitales, mientras se desmontaba la convertibilidad. Sin embargo, esta medida, aunque técnica en su concepción, tuvo un impacto directo sobre la ciudadanía, profundizando la pérdida de confianza y convirtiéndose en el detonante de un estallido social (Agénor & Montiel, 2015).

Esta decisión desencadenó un descontento generalizado en la población que terminaría en la conformación de los piquetes o grupos sociales que iniciarían bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública con tal intensidad que terminaría por presionar y lograr la dimisión del cargo del presidente de la República, Fernando de la Rúa e iniciar una sucesión de presidentes encargados del país en una situación de interinidad e inestabilidad política muy compleja que finalizaría con la llegada de Néstor Carlos Kirchner al poder. Más de 500 personas heridas y cerca de 39 fallecidos evidencian que el problema dejó de ser económico para convertirse en una crisis social de gran magnitud (Agénor & Montiel, 2015).

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El desafío inmediato radica en restablecer una trayectoria fiscal consistente y creíble que permita converger hacia el cumplimiento de la regla fiscal.

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Al respecto las agendas de los organismos multilaterales presionando a una venta masiva de empresas del Estado, una desregulación total de la economía, implementada de forma muy agresiva en tiempos record, generaría una serie de desequilibrios de corto plazo bastante complejos.

No obstante, es de reconocer que ante semejante situación de pérdida de credibilidad institucional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló la necesidad de adoptar un paquete de reformas en aras de restablecer la sostenibilidad de la deuda, fortalecer la gobernanza macro y mejorar la estructura tributaria y el desempeño del sector financiero argentino.

Pese a los intentos de ajuste y a las recomendaciones del FMI orientadas a restablecer la sostenibilidad fiscal, quedó en evidencia que la falta de articulación entre política económica y realidad social puede derivar en rupturas profundas del orden institucional (Agénor & Montiel, 2015).

Con lo expresado en este documento, los autores no quisieran vaticinar que la actual situación del país termine en un estallido social como el observado hace 25 años en Argentina.

Sin embargo, sí resulta muy importante entender y discernir que, aun cuando el origen y la magnitud de los desajustes fiscales no sean estrictamente comparables, la experiencia internacional permite advertir que desequilibrios fiscales sostenidos, de no ser abordados con responsabilidad, pueden convertirse en el detonante de tensiones sociales crecientes.

En este sentido, la actual situación fiscal del país requiere por lo menos (i) un análisis cuidadoso en cifras de lo que en materia de ingresos y gastos del Gobierno Nacional Central se estiman para los próximos años; (ii) una evaluación del patrón de gastos y revisión estructural a propósito de la inflexibilidad de gasto que enfrenta el país en aras de buscar la moderación del gasto público; (iii) un plan financiero que responsablemente reconozca la manera como la economía colombiana podrá ajustarse hacia la regla fiscal en los próximos años; y (iv) un proceso pedagógico y de comunicación claro hacia los mercados que permita retomar la credibilidad del país en materia de su manejo macroeconómico. De no tomar en consideración estas dinámicas, podrían configurarse escenarios en los que lo social, más que lo económico, termine siendo el principal canal de materialización de las crisis futuras.

Reflexiones finales

Como se ha expuesto, la política fiscal en Colombia mantuvo durante varios años un marco institucional orientado a la disciplina y sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante, la dinámica de la última década evidencia un claro punto de inflexión. El incremento del déficit primario hasta 3,5 % del PIB en 2025, el encarecimiento del financiamiento y la persistente brecha entre ingresos (14,7 % del PIB) y gastos (cerca de 19,9 % del PIB) configuran un deterioro que trasciende lo coyuntural y plantea riesgos de carácter estructural.

El desafío inmediato radica en restablecer una trayectoria fiscal consistente y creíble que permita converger hacia el cumplimiento de la regla fiscal. La ausencia de una corrección oportuna no sólo comprometería la credibilidad del manejo macroeconómico, sino que además intensificaría las restricciones de financiamiento y reduciría el margen de maniobra de la política económica.

La evidencia internacional muestra que la persistencia de desequilibrios fiscales, sumada a una pérdida de confianza institucional, puede desbordar el ámbito económico y materializarse en tensiones sociales. En este sentido, la preocupación central del documento no se circunscribe únicamente a la sostenibilidad fiscal, sino a sus implicaciones sobre el bienestar colectivo y las condiciones económicas de las generaciones futuras.

En última instancia, lo que está en juego es la capacidad del país para preservar la estabilidad macroeconómica, sostener un crecimiento viable en el largo plazo y evitar que los desajustes actuales se traduzcan en costos sociales permanentes. EC

[1] Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, ni comprometen, la posición institucional de las entidades a las cuales se encuentran vinculados laboral o académicamente.

Referencias Bibliográficas

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