Jorge Eliécer Laverde Vargas, fue nombrado Contralor General de la República para el periodo 2026 – 2030

La formación académica, la investigación y la producción de conocimiento han marcado la trayectoria de Jorge Eliécer Laverde Vargas, abogado, doctor y posdoctor en Derecho, con una preparación multidisciplinaria que integra el ámbito jurídico, el gobierno, la gestión pública y la administración.

Es posdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y doctor en Derecho por la Universidad Católica de Colombia. Es magíster en Gobierno del Territorio y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad Autónoma de Manizales. Cuenta además con especializaciones en Derecho Constitucional, Gestión y Planificación Territorial, Alto Gobierno, Gerencia Financiera, Administración de la Salud y Gerencia Empresarial.

Como autor, ha desarrollado una producción bibliográfica alrededor del derecho constitucional, la sostenibilidad, la gobernanza, el territorio, la estrategia aeroespacial, la inteligencia artificial y el control fiscal. Entre sus publicaciones se encuentran: Derecho constitucional y sostenibilidad en los objetivos de desarrollo sostenible, Gobernanza, participación y territorio, IA aplicada al control fiscal y El control fiscal desde el Congreso de la República: una responsabilidad constitucional. A su trayectoria académica e investigativa se suman más de dos décadas de experiencia en el servicio público.

Como Contralor General de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas integra su formación académica, experiencia investigativa y trayectoria profesional para impulsar un control fiscal sustentado en el conocimiento, la innovación y el rigor técnico, orientado al fortalecimiento de la vigilancia de los recursos públicos y a los nuevos desafíos institucionales del país.

Luis Fernando Mejía Gómez, Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Julio 2026 Edición 380.

La efectividad de la inversión pública se refleja en su capacidad para convertirse en Obligaciones adquiridas y en Bienes y Servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción. No obstante, en los últimos años, el incremento de los recursos destinados a infraestructura no estuvo acompañado por una ejecución equivalente, lo que evidencia desafíos persistentes en la gestión contractual, la ejecución presupuestal y la entrega oportuna de proyectos estratégicos para el país.

ENTRE FINALES DE 2022 y marzo de 2026, el sector de Infraestructura concentró algunos de los proyectos más ambiciosos y estratégicos para el desarrollo del país. En este contexto, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura realizó un seguimiento a la ejecución presupuestal del rubro de Inversión, medida en términos de las Obligaciones adquiridas, es decir, de los Bienes y Servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, con base en la información consolidada por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas. Este enfoque permite evaluar no solo el comportamiento de la inversión pública, sino también la capacidad real de las entidades responsables para transformar los recursos asignados en resultados concretos…. Leer más

Regalías

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA DEL ESTADO>>

Héctor Mario Londoño Ríos, Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras

Las mayores amenazas para las finanzas públicas no siempre aparecen en los balances del Estado. Entre 2022 y 2026, la Contraloría Delegada identificó riesgos en el recaudo, la gestión tributaria, la ejecución de la inversión y la administración de recursos fiduciarios que afectan la eficiencia del gasto y la sostenibilidad fiscal de Colombia.

LA FORMA COMO EL ESTADO recauda, administra y ejecuta los recursos públicos surte efectos directamente sobre la estabilidad económica del país y la calidad de vida de los ciudadanos…Leer más

DERECHOS SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA >>

Omar Javier Contreras Socarrás, Contralor Delegado para Sector Justicia, afirmo que:

El presupuesto de la justicia creció más de 40 % en siete años, pero la congestión judicial, el hacinamiento carcelario y los riesgos fiscales asociados a la litigiosidad muestran que los resultados avanzan a un ritmo más lento.

LA JUSTICIA es uno de los servicios públicos que más incide en la confianza de los ciudadanos en las instituciones…Leer más