INSTITUCIONALIDAD Y ESTABILIDAD ECONÓMICA
Marzo 2026, Edición 379.
EN TODA ECONOMÍA QUE ASPIRE A LA ESTABILIDAD Y AL CRECIMIENTO SOSTENIDO, la institucionalidad no es un accesorio: es su columna vertebral. Las entidades que componen la arquitectura económica y financiera del país cumplen su rol cuando actúan con el mayor equilibrio posible, respetando sus competencias y fortaleciendo los canales de articulación. Es en ese diálogo permanente —técnico, informado y responsable— donde se construyen decisiones que trascienden coyunturas y blindan la confianza. Las reglas constitucionales no solo delimitan funciones; son el marco que se estableció para que la política económica se desarrolle con previsibilidad, evitando sobresaltos que erosionen la credibilidad de los mercados y de la ciudadanía.
La coordinación entre autoridades monetarias, fiscales y de control debe entenderse como un ejercicio de pesos y contrapesos virtuosos. No se trata de uniformidad, sino de coherencia: cada entidad, desde su autonomía, aporta una mirada que enriquece el conjunto y evita decisiones unilaterales de alto riesgo. La estabilidad macroeconómica, el manejo prudente del gasto y la sostenibilidad de la deuda pública encuentran su mejor garantía cuando prevalecen el respeto por las reglas y la disposición al diálogo interinstitucional. Allí radica la verdadera fortaleza de un sistema: en su capacidad de deliberar sin fracturarse y de actuar sin improvisar.
En esta arquitectura, la Contraloría General reafirma su papel como un actor técnico orientado a la vigilancia, el control y la emisión de alertas, así como al seguimiento riguroso de los recursos públicos. Más que una instancia reactiva, su valor estratégico reside en anticipar riesgos, promover correctivos oportunos y contribuir a una gestión más eficiente y transparente. En tiempos de alta exigencia fiscal, su labor no solo protege el erario, sino que fortalece la confianza en las instituciones, recordando que el control fiscal, ejercido con independencia y criterio técnico, es una pieza clave en la sostenibilidad económica del país.
Para garantizar la estabilidad institucional, es necesario asegurar la solidez y la legalidad de las medidas tributarias, fiscales y de deuda que asumen el Gobierno nacional y el Congreso de la República, pues ello es condición necesaria para el funcionamiento del sistema democrático que nos rige.
Por ello, las decisiones de la Corte Constitucional que declaran la inexequibilidad de una declaratoria de emergencia económica o la suspensión de los efectos de una emergencia económica en diferentes gobiernos generan inquietud acerca del fundamento jurídico de decisiones tan importantes para el funcionamiento del Estado de derecho. Por eso es necesario que se afinen los criterios de su aplicación para brindar certeza jurídica a los agentes y evitar traumatismos fiscales.
Los casos mencionados muestran que es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre los poderes públicos y, aun si hay divergencias y diferencias de criterios que impidan que una norma sea aprobada, cada uno de los poderes públicos debe respetar la órbita de competencias de los demás.
La norma constitucional es clara al advertir que la declaratoria de emergencia económica supone la ocurrencia de hechos sobrevinientes, como el terremoto del Eje Cafetero y la epidemia de COVID-19. En cambio, las diversas declaratorias de inexequibilidad dejan sin piso jurídico las medidas tomadas a su amparo, generan incertidumbre en los agentes económicos y han sido utilizadas por el Gobierno para buscar vías alternativas de recaudo.
En los últimos presupuestos de la nación presentados por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso se han sobreestimado las cifras de recaudo y de recuperación de recursos por litigios judiciales; al no cumplirse esas metas, el déficit fiscal ha sido recurrente y se ha incrementado.
La aprobación de un presupuesto desfinanciado, condicionado a la aprobación de una reforma tributaria ulterior, ha demostrado ser inconveniente, pues, si dicha reforma tributaria no se aprueba (como ha ocurrido recientemente), se genera el escenario desequilibrado de un presupuesto sin financiación suficiente. En esa situación, el Gobierno ha recurrido a contratar de modo acelerado créditos externos que han generado críticas. Por ello, es necesario que el Congreso de la República asegure la aprobación de presupuestos con los recursos suficientes, y es asimismo necesario que la administración pública garantice su ejecución eficiente.
De otra parte, la persistencia del contrabando y las quejas por corrupción en las aduanas son noticias recurrentes. Pese a haberse contratado un crédito internacional para la modernización de la DIAN, los usuarios sostienen que el rezago tecnológico persiste y, a pesar de los concursos de méritos para el ingreso a la planta, la DIAN no logra cumplir las metas de recaudo. Otras condiciones para una mejor calidad del gasto público serían una mejor focalización, la reforma al estatuto presupuestal y reformas a los procedimientos de contratación.
Hay un evidente rezago en la ejecución de los presupuestos, tanto en el orden regional y municipal como en el nacional; además, hay instituciones del Gobierno nacional con una bajísima ejecución, de modo que ya no se trata de un problema de falta de recursos, sino de eficiencia administrativa.
No tiene sentido ni explicación que, disponiendo de los recursos, la ejecución sea tan baja. Por eso conviene recomendar que las instituciones del orden público nacional, departamental y municipal privilegien la calidad del recurso humano, respetando los concursos de méritos, manteniendo una nómina de personal calificado y promoviendo su mejoramiento mediante cursos de actualización con el apoyo de instituciones universitarias y de centros de investigación.
La tradición histórica de Colombia muestra una conducta reiterada de cumplimiento de los compromisos internacionales del país, independientemente de cuál gobierno los haya contraído. Por ejemplo, el actual Gobierno recibió deudas cuantiosas, como el pago del crédito con el FMI contratado para atender la pandemia de COVID-19 y un déficit en el Fondo de Subsidio a los Combustibles, y asumió con responsabilidad el pago de esas acreencias en decisiones que los analistas independientes consideran razonables y respetuosas del interés nacional.
Cumplir los compromisos del Estado con el exterior es una obligación que no está en discusión y debe valorarse por fuera de cualquier interés partidista. EC
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