CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA

contralor general de la república

Agosto 2025, Edición 376.

COLOMBIA ESTÁ HECHA DE GEOGRAFÍAS CONTRASTANTES Y MEMORIAS PROFUNDAS. De municipios ribereños y cordilleranos, de ciudades vibrantes y periferias silenciadas. Cada rincón de este país tiene una historia que contar, un desafío por enfrentar y una esperanza por construir. Y es desde esos territorios, tantas veces marginados de las grandes decisiones, donde hoy se libra una de las discusiones más importantes para el futuro de la nación: cómo hacer realidad un modelo de descentralización que permita cerrar brechas, fortalecer capacidades locales y garantizar que la equidad territorial deje de ser una promesa para convertirse en política de Estado. Esta edición de Economía Colombiana constituye un inmejorable espacio para esa conversación urgente. A través de las voces de académicos, gobernantes, analistas, alcaldes y expertos, presentamos al lector un recorrido profundo y plural por los dilemas, oportunidades y tensiones que rodean la reciente reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) y la inminente expedición de la nueva ley de competencias. Esta reforma no es un simple ajuste técnico. Se trata de una transformación estructural del pacto territorial. Un intento —valiente y necesario— de redistribuir poder, recursos y responsabilidades en una nación que ha convivido durante décadas con la paradoja de una descentralización política incompleta y un centralismo fiscal persistente.

Desde el primero hasta el último artículo, el lector se encontrará con un llamado claro y enfático: no es posible construir un Estado justo desde una lógica sectorial fragmentada ni desde un presupuesto que ignora la geografía social del país. Como bien lo señala el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, si la nueva ley de competencias prioriza la asignación por sectores y no por territorios, se perpetuarán los errores del pasado. Colombia necesita un enfoque integral, que parta de las realidades locales para diseñar políticas públicas, y que reconozca que salud, educación, agua potable y vivienda no son componentes aislados, sino derechos interdependientes que se garantizan o se vulneran juntos.

Esta mirada se complementa con el análisis de la Federación Colombiana de Municipios, que plantea un conjunto de principios orientadores para rediseñar el Sistema General de Participaciones: subsidiariedad, equidad territorial, responsabilidad fiscal y autonomía local. Su diagnóstico es claro: la asignación de funciones debe responder a capacidades reales y no a modelos homogéneos que desconocen las diferencias abismales entre municipios de categoría especial y de categoría sexta. Sin diferenciación y gradualidad, no habrá transformación efectiva.

En el corazón de esta edición laten las voces de quienes gobiernan los territorios. El Alcalde de Cali, Alejandro Eder, describe con franqueza los retos de las ciudades capitales, que concentran más del 50 % del PIB y enfrentan presiones sociales y económicas que desbordan su capacidad fiscal. Las demandas de seguridad, justicia, migración y servicios públicos crecen cada día, mientras las reglas de asignación siguen tratando a aquellas capitales como si fueran municipios que no requieren de mayor atención para responder los requerimientos de la ciudadanía.

Por su parte, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reivindica la necesidad de avanzar hacia una verdadera autonomía fiscal, que permita a los departamentos participar activamente en la generación y uso de los recursos tributarios. Su visión, apoyada en una lectura crítica del modelo actual de transferencias, nos invita a cuestionar no solo cuánto se transfiere desde el nivel central, sino también cómo se distribuye y quién decide su destino.

Ambas voces, distintas en estilo pero convergentes en propósito, nos recuerdan algo esencial: no hay descentralización posible sin confianza mutua entre nación y territorios. Y esa confianza se construye con reglas claras, diálogo permanente y reconocimiento efectivo de las capacidades locales.

La dimensión académica de esta edición aporta el rigor necesario para comprender los fundamentos económicos y jurídicos del debate. El profesor Francisco Azuero plantea una mirada crítica sobre la reforma al SGP, advirtiendo sus riesgos fiscales si no se acompaña de una planeación responsable y mecanismos de control. Su análisis del federalismo fiscal destaca la tensión entre autonomía local y estabilidad macroeconómica, recordándonos que la descentralización no puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Estado.

En un tono complementario, la jurista Lucy Cruz de Quiñones reflexiona sobre el poder tributario en Colombia y su limitada asignación territorial. A través de una argumentación sólida, propone repensar la territorialidad de los tributos y avanzar hacia un modelo de reparto más equitativo, que fortalezca la legitimidad del tributo y acerque el recaudo a quienes lo generan.

Un aporte especialmente innovador lo ofrece el economista Óscar Alfonso, quien propone el Índice de Desarrollo Humano Alternativo (IDH.A) como instrumento para medir las brechas sociales a escala municipal. Su propuesta metodológica permite jerarquizar territorios no solo por indicadores hipotéticos, sino por resultados reales en salud, educación e ingresos. Este enfoque —basado en capacidades y logros efectivos— puede ser una herramienta poderosa para orientar la inversión pública hacia donde más se necesita.

Pero el contenido de esta edición de la revista institucional no estaría completo si no incluimos nuestra perspectiva como órgano de control. Desde la Contraloría General de la República planteamos un enfoque preventivo e institucional para acompañar la implementación de la reforma. Se reconoce que más recursos implican mayores responsabilidades y que la vigilancia fiscal debe ser estratégica, pedagógica y adaptada a las nuevas realidades de los territorios. En un país donde las desigualdades se expresan también en la capacidad de gestionar bien lo público, el rol de los organismos de control es clave para garantizar la transparencia y la eficiencia del gasto descentralizado.

La revista Economía Colombiana ha sido históricamente un espacio para el análisis riguroso de los temas más relevantes del país. En esta edición reafirmamos ese compromiso, pero además lo expandimos: queremos ser también un lugar de encuentro entre visiones, un puente entre el saber técnico y la experiencia territorial, y una plataforma para que las ideas sobre el país que queremos puedan florecer sin sectarismos ni dogmas.

Sabemos que ninguna reforma es perfecta. Que el camino hacia un modelo territorial justo será largo, complejo y lleno de tensiones. Pero también reconocemos que este momento es una oportunidad histórica para volver a creer en la descentralización como herramienta de transformación.

Los invitamos a recorrer las páginas de esta edición con ánimo crítico y con la convicción de que un país más equitativo comienza reconociendo el valor de sus territorios. Confiamos que los planteamientos aquí expuestos inspiren debate, impulsen decisiones y abran paso a un nuevo modelo de Estado con descentralización, autonomía y competencias. EC