ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA

gobernador de antioquia

Agosto 2025, Edición 376.

LAS REGIONES DE COLOMBIA han padecido el centralismo durante buena parte de nuestra vida republicana. Sin embargo, nunca lo habían sufrido tanto como con el actual gobierno. Se dirá, en contra de esta afirmación, que el Congreso de la República decidió aumentar las transferencias a los territorios. Sin embargo, hay dos peros: el tiempo que podría tomar la aprobación de la ley de competencias, más un período de transición de 12 años contados a partir del 2027.

Es decir, no habrá transferencias hasta que no se expida una ley de competencias y el aumento será gradual a partir del año siguiente en que se apruebe esta ley, hasta lograr la meta en el 2038; la dependencia del nivel central continúa intacta.

Detengámonos a analizar la palabra “transferencias”. ¿Un regalo, un subsidio? Olvidan que la riqueza del país se genera en los territorios que lo componen.

Los niveles intermedios de gobierno son muy relevantes para una democracia. Infortunadamente en nuestro caso los departamentos, como lo ha reconocido el ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana, en la Constitución de 1991 se pasó de largo sobre los departamentos y, cuando se dieron cuenta, habían desarrollado todo un cuerpo constitucional al margen de los mismos. Entonces dejaron a los departamentos con las rentas que traían desde la Constitución de 1886. Son las rentas de la colonia que buscan corregir comportamientos y externalidades negativas y evitar que la sociedad consuma en exceso bienes o servicios como los licores, tabacos, juegos de suerte y azar y recientemente la gasolina y los vehículos. (Gráfico 1).

En la medida en que los ciudadanos habitúan sus comportamientos hacia unos comportamientos más saludables, más amigables con el ambiente, esos ingresos estructuralmente tienden a decrecer, lo que ha dejado a unos departamentos, como Antioquia, sin la posibilidad de atender todas las necesidades de sus ciudadanos y las exigencias del territorio. (Gráfico 2).

En Colombia muchos creen que Antioquia es un departamento rico. Y en alguna medida es cierto; somos ricos en bondad, en generosidad, en la gente que lo habita, en la exuberante naturaleza y los paisajes maravillosos con los que nos privilegió Dios, pero tenemos realidades regionales de pobreza que nos duelen y que yo, como gobernador, trabajo a diario para combatir.

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En Antioquia, el 90 % de los municipios pertenecen a categoría 5 y 6, no tienen capacidad suficiente para inversión, sus ingresos de libre destinación son reducidos y desde el nivel seccional no pueden disminuir desigualdades sociales y económicas de su población y el territorio.

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Es el caso de lo que ocurre en subregiones como Urabá y Bajo Cauca, por mencionar dos casos, que no distan mucho de los padecimientos que sufren habitantes de otras regiones olvidadas del territorio nacional. Y eso está asociado a la poca capacidad de respuesta de los departamentos, con un agravante que estoy seguro se repite en igual sentido en otros departamentos del país, la inmensa dependencia de los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP).

Incluso, 28 departamentos, quiere decir el 87,5 % del país, dependen de los recursos que gira el Gobierno Nacional para suplir necesidades básicas en salud, educación y una mínima parte en agua potable y saneamiento básico. (Gráfico 3).

En Antioquia, el 90 % de los municipios pertenecen a categoría 5 y 6, no tienen capacidad suficiente para inversión, sus ingresos de libre destinación son reducidos y desde el nivel seccional no pueden disminuir desigualdades sociales y económicas de su población y el territorio.

El camino a la verdadera Descentralización

Un grupo de ciudadanos promueve un referendo que busca reformar el artículo 298 de la Constitución, al que se le adicionaría lo siguiente: “Sólo los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. El recaudo de estos impuestos será de propiedad exclusiva de ellos en su conjunto.

Su distribución se hará atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley”.

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Urabá y Bajo Cauca claman por inversión real: el centralismo dejó un vacío social que los territorios no pueden llenar solos.

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El proyecto de referendo que busca modificar ese artículo, para que los tributos de renta y patrimonio se queden en los departamentos y el Distrito Capital, representa la verdadera autonomía fiscal territorial. Además, profundiza la descentralización –promesa incumplida de la Constitución Política del 91– siguiendo principios de solidaridad territorial, equidad social, concurrencia, subsidiariedad y eficiencia, entre otros.

La propiedad de estos tributos será de los 33 entes territoriales de manera conjunta y colectiva. Esto garantizaría que todos pudieran mejorar significativamente la asignación que hoy reciben a través del Sistema General de Participaciones. Las regiones serían propietarias de los tributos pero no se quedarán con la totalidad de los ingresos que allí se generen.

Por ejemplo, las personas naturales y jurídicas de Antioquia le aportaron en el 2024, más de $40 billones a la Dian por concepto de renta; las de Bogotá cerca de los $70 billones. Con el referendo en marcha recibirían no menos de $10 billones. La reglamentación del referendo –que no debería tomar más de dos años– y de las mal llamadas ‘transferencias’ comparten un efecto positivo: eliminar el derroche en el nivel central. (Gráfico 4).

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28 departamentos, quiere decir el 87,5 % del país, dependen de los recursos que gira el Gobierno Nacional para suplir necesidades básicas en salud, educación y una mínima parte en agua potable y saneamiento básico.

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Sin embargo, tenemos departamentos en los que su aporte al impuesto de renta es menor, pero con el principio de solidaridad territorial, el recurso recibido teniendo el referendo sería superior para atender las necesidades de su territorio. (Gráfico 5).

En la actualidad, casi el 90 % de los departamentos del país, si no fuera por las transferencias, no tendrían manera de sobrevivir, lo que debilita el desarrollo regional y contradice el espíritu descentralizador de la Carta Magna. Debemos priorizar las necesidades reales de las regiones, teniendo en cuenta que el 87 % de los municipios son de categoría sexta y dependen casi exclusivamente de las transferencias nacionales, las cuales, como hemos dicho, siguen bajo control centralista del Gobierno Nacional.

Esta determinación no quebrará al Gobierno Nacional, como dicen algunos, pues terminará quedándose solo con los bienes públicos de vocación nacional: seguridad y defensa; relaciones internacionales; justicia; el manejo de la macroeconomía, entre otros. Según los cálculos preliminares que hemos hecho, encontramos que el impacto fiscal para la nación no sería superior al 1 % del PIB, que es algo absolutamente manejable para cualquier ministro de Hacienda. En los demás frentes, desde el territorio, los departamentos y municipios lo haremos mucho mejor.

Basta con preguntarnos: ¿qué evidencia existe sobre el avance de las regiones con el actual sistema centralizador? ¿Qué testimonio sobre esto tienen Chocó, San Andrés o Vichada? Basta visitar en Antioquia, las subregiones que ya mencioné, Urabá y Bajo Cauca, para ver los vacíos que ha generado el centralismo. No hay que enmarcar todos los debates en una concepción ideológica de clases: los colombianos nos queremos y nos respetamos todos, sin distingo de nuestro origen regional.

En resumen, la propuesta busca que los tributos de renta y patrimonio, en lugar de ir a engrosar las arcas y los excesos del nivel central, en burocracia y gastos de funcionamiento, se queden resolviendo los dolores y necesidades de los departamentos y el Distrito Capital.

De acuerdo con datos que tenemos en Planeación Departamental, basado en informes del Departamento Nacional de Planeación,( DNP) los departamentos hemos dejado de recibir más de 500 billones de pesos en transferencias desde el año 2001, debido a los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, lo que evidencia el incumplimiento del principio constitucional de autonomía territorial y descentralización establecido en el Artículo 1° de la Constitución Política, que exige equilibrio entre el Estado unitario y la autonomía regional.

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Antioquia aportó más de $40 billones en renta en 2024, pero solo recibe migajas del presupuesto central.

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La ruta que sigue

Luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil revisara y avalara las firmas que recogió ese grupo de ciudadanos, el proyecto de referendo de autonomía fiscal está en manos del Congreso de la República para tramitar una ley que será revisada por la Corte Constitucional. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República inició este año el proceso de sensibilización sobre el referendo.

Si el proyecto supera los cuatro debates requeridos en el Senado, se expedirá una ley ordinaria que debe revisar la Corte Constitucional. Una vez aprobada, se convocará a un referendo para que los colombianos decidan si respaldan la autonomía fiscal de los departamentos.

De ser refrendado por la ciudadanía y posteriormente sancionado por la Presidencia de la República, se establecerían nuevos criterios de distribución de recursos, garantizando inversión en las regiones que más lo necesitan, incluso en los ejercicios de distribución hemos incluido criterios de igualación fiscal, prevalencia ambiental y étnica, poblacionales y de desarrollo económico, con el fin de que los departamentos con menos competencia fiscal puedan acceder a recursos por los atributos ambientales y poblacionales que les pertenecen. (Gráfico 6).

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Las personas naturales y jurídicas de Antioquia le aportaron en el 2024, más de $40 billones a la Dian por concepto de renta; las de Bogotá cerca de los $70 billones. Con el referendo en marcha recibirían no menos de $10 billones.

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La autonomía fiscal no es un capricho ni una amenaza, es una oportunidad y es la llave para tener un país más fuerte, equitativo y democrático. El desarrollo de Colombia está lejos de lograrse por la estructura centralizada del Gobierno Nacional.

Un ejemplo claro de esta visión centralista es la reciente resolución del ministerio de Agricultura que pretende dictar qué deben cultivar los campesinos del Suroeste antioqueño, que es una región con una vocación naturalmente cafetera, turística, agropecuaria y minera. Este tipo de decisiones, lejos de impulsar el desarrollo, socavan la autonomía de las comunidades, desconocen las regiones y desprecian el conocimiento ancestral y técnico que ellas tienen sobre sus territorios.

La discusión sobre seguridad y soberanía alimentaria debe basarse en hechos, pues para detonar la producción agropecuaria no basta con definir polígonos y usurpar la autonomía territorial. Y es inaceptable que las decisiones de orden fiscal, económico y social sigan siendo tomadas por quienes no comprenden ni conocen las necesidades y potencialidades de las regiones.

Decisión con proyección de futuro

Las bondades de este cambio serán muchas, pero quiero concentrarme solamente en dos. Una que esbozan permanentemente los politólogos y es la posibilidad de establecer una mejor relación entre el nivel y la capacidad de comunicación de los ciudadanos y el desarrollo que en sus territorios se provee. Cuando los ciudadanos sienten que desde el nivel de desarrollo, los bienes y los servicios públicos que se ofertan en su territorio no se financian fruto de su esfuerzo, se cuidan de elegir mejor a sus gobernantes y los niveles de corrupción, según la evidencia empírica, son menores.

De otro lado, desde el punto de vista económico, a mí como economista me gusta la competencia y quisiera ver también a los departamentos en las regiones de Colombia manejando las bases gravables, las tarifas de renta y patrimonio y compitiendo entre ellos por atraer personas, por atraer empresas, inversión y riqueza como acontece en otras latitudes.

Es muy importante destacar que los países que más fácilmente han sobrevivido a regímenes populistas son aquellos que tienen una federación constituida o unas autonomías bastante bien definidas. Si en el nivel central se tiene como consecuencia del resultado electoral una definición política, esa definición no es absoluta para todos los rincones de ese país o de esa nación, porque hay suficiente autonomía en las regiones.

Nosotros con este cambio hemos avizorado que los 32 departamentos y el Distrito Capital mejorarían sus ingresos y la gran mayoría prácticamente duplicarían sus ingresos, comparando ese ingreso potencial futuro respecto a lo que hoy reciben a través del Sistema General de Participaciones. Los tributos existen para equiparar condiciones entre las personas y los territorios. Entre nosotros y en relación con nuestro nivel de desarrollo, según los datos de la Ocde, la inequidad no se corrige después de ingresos y gastos, pues la capacidad de reparto desde el Gobierno central le ha quedado mal hecha desde los inicios de nuestra vida republicana.

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“La propuesta busca que los tributos de renta y patrimonio, en lugar de ir a engrosar las arcas y los excesos del nivel central, en burocracia y gastos de funcionamiento, se queden resolviendo los dolores y necesidades de los departamentos”.

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Queremos que este cambio le entregue esa posibilidad de reparto a los departamentos porque conocen mejor el territorio, a sus habitantes y podrán proveer mejores soluciones a las problemáticas que hoy día se enfrentan. Nuestra insistencia es una: no más centralismo derrochador, acabemos con ese yugo. Es hora de lograr la verdadera autonomía territorial.

¡Que los recursos que se generan en las regiones, se queden en las regiones!. EC

Referencias Bibliográficas

• Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2025). Presupuesto Sistema General de Participaciones, documentos y anexos. Sicodis. https://sicodis.dnp.gov.co/AspxSGP/distribucionesSGP.aspx
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda). (2025). Balance del Gobierno Nacional Central. https://www.minhacienda.gov. co/politica-fiscal/cifras-de-politica-fiscal/gobierno-nacional-central/balance
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda). (2025). Cifras e indicadores: recaudo. https://www.minhacienda.gov.co/ presupuesto-general-de-la-nación%C3%B3n.

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