ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACIÓN

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA

contralor general de la república

Diciembre 2024, Edición 374.

LA PANDEMIA DEL COVID-19 ACENTUÓ EL PROCESO DE DESACELERACIÓN ECONÓMICA QUE AFRONTABA EL PAÍS desde la crisis financiera global de 2008-2009, cuando la economía pasó de crecer 6,7 % en 2007 a 1,1 % en 2009. Afortunadamente los efectos negativos de la pandemia comienzan a superarse y las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional indican que la economía mundial crecerá 3,2 % en 2024; las economías avanzadas lo harán en 1,8 % y los mercados en desarrollo y emergentes en 4,2 %. En el caso de Colombia, el FMI espera que la economía crezca 1,6 %, pero hay estimaciones como la del Banco de la República que proyecta un crecimiento del PIB del 1,8 % en la más reciente estimación.

El modelo económico que adoptó el país históricamente se orientó en el pasado hacia actividades extractivas estimuladas en algunos períodos por el buen comportamiento de los precios internacionales de las materias primas, sobre todo energéticas. En esa línea, el país no asumió el reto de diversificar la economía, no se adopta-ron estrategias para la reindustrialización y tampoco se tuvo en cuenta el impacto de ese modelo en el cambio climático.

En el período reciente se ha formado un consenso acerca del imperativo de reactivar la economía avanzando en la transición energética y productiva, dependiendo menos del extractivismo. Todos compartimos hoy la conciencia sobre la necesidad de reducir la contaminación y mejorar la inclusión social. Para lograrlo, el país debe avanzar en la economía del conocimiento, lo que permitirá mejorar la productividad con proyección al desarrollo territorial. Para alcanzar esos objetivos se instaló el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación que busca articular la visión y las acciones del Gobierno Nacional con el sector privado, la academia, la economía popular y los territorios. Sin embargo, esta transición debe ser justa, responsable y progresiva, garantizando la seguridad fiscal necesaria para sostener los programas sociales que benefician a la población más vulnerable.

Un resultado de esa sinergia ha sido el Pacto por el Crédito mediante el cual los bancos han ofrecido $ 55 billones de pesos a los sectores claves acordados con el Gobierno Nacional. En el primer mes de su implementación se colocaron $ 10.3 billones de pesos en sectores como manufactura y transformación energética, vivienda e infraestructura, sector agropecuario, turismo y economía popular, utilizando instrumentos como el redescuento, las garantías y los subsidios a la tasa de interés.

Para consolidar la reactivación económica el Consejo Gremial recomienda desindexar precios y tarifas de bienes y servicios que han estado vinculados al salario mínimo, exigen adoptar esquemas de ciberseguridad para proteger la infraestructura digital y garantizar la seguridad jurídica en las concesiones portuarias y viales.

El gasto público ha sido un pilar fundamental en la estrategia de reactivación económica en Colombia para el fortalecimiento de sectores clave como infraestructura, educación, salud y programas de apoyo a la economía popular. Estas inversiones han sido esenciales para promover el empleo formal, dinamizar los mercados internos y reducir la brecha de desigualdad en los territorios. En particular, los programas de transferencias directas como Ingreso Solidario y subsidios para pequeños agricultores benefician a muchas familias, evidenciando que una gestión fiscal responsable y alineada con las prioridades sociales puede acelerar la recuperación económica sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha destacado que durante 2024 el sector agropecuario ha presentado una de las mayores contribuciones al Producto Interno Bruto (PIB), pues según el Dane en el segundo trimestre el sector reportó un crecimiento del 10,2 %, mientras que en el primer trimestre alcanzó una tasa del 5,8 %. Sin embargo, ese sector se ha visto especialmente afectado por los bloqueos en las carreteras del país que perjudican el abastecimiento de alimentos e inciden en los precios.

Como ha señalado el Contralor Delegado Rodolfo Zea, los micronegocios representan más del 90 % de las empresas registradas en el país, proporcionando empleo a una gran parte de la población. Sin embargo, un 70 % opera en la informalidad, lo que limita su potencial de crecimiento y el acceso a beneficios fiscales. Por ello se recomienda implementar políticas que fomenten su formalización, acceso a financiamiento y modernización tecnológica. La promoción de la educación financiera y el apoyo a la asociatividad son esenciales para mejorar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

El país avanza en la senda de la reactivación económica y para ello ha sido decisiva la convergencia de voluntades entre el gobierno y los gremios empresariales. Así se ha ido creando un consenso acerca de la necesaria transición hacia un modelo fundado en el conocimiento, lo que implicará superar el extractivismo, garantizando la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el desarrollo de los territorios.

Para que ello sea posible es determinante la reasignación responsable de los recursos fiscales; su ejecución eficaz y transparente son imperativos.

 Y sobre la ejecución de esos recursos fiscales la Contraloría General de la República (CGR) cumplirá la labor de control que la constitución le otorga y en la cual la sociedad confía y espera resultados concretos.EC