VICTORIA EUGENIA BOLÍVAR OCHOA

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Macro y Micro para la Vigilancia y Control Fiscal de los Recursos del SGR

MARÍA FERNANDA AYALA ZAPATA

Asesora de Despacho Grado 02

RICARDO ALBERTO UMAÑA LIZARAZO

Contralor Delegado del Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal de los Recursos del Sistema General de Regalías Macro

LADY PATRICIA ORDÓÑEZ PERÉZ

YENNY ALEXANDRA SOLÓRZANO CALDERÓN

SERGIO ALEJANDRO VIVAS CEPEDA

Marzo 2026, Edición 379.

EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) fue concebido como un instrumento clave para transformar la renta derivada de la explotación de recursos naturales no renovables en el desarrollo territorial. Sin embargo, la evidencia reciente muestra una desconexión estructural entre su potencial y los resultados obtenidos, al configurar un escenario que podría anticipar el agotamiento funcional y financiero del sistema.

Desde el ámbito operativo, el SGR presenta fallas persistentes asociadas a la dispersión de recursos, deficiencias en la estructuración de proyectos y debilidad institucional en los territorios. El análisis de la información proveniente de sistemas oficiales como el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) y el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), así como de hallazgos derivados de auditorías y procesos de responsabilidad fiscal, evidencia que una proporción significativa de inversiones carece de rigor técnico, lo cual se traduce en retrasos, sobrecostos y baja sostenibilidad (CGR, 2025). Esta situación ha favorecido que se atomice la inversión pública y que proliferen proyectos de bajo impacto, y ello limita la capacidad para cerrar brechas territoriales (CGR, 2025).

El cuadro 1 presenta el rango por valor de los proyectos aprobados con recursos del SGR.

A estas debilidades internas se suma un riesgo estructural de carácter macroeconómico. El SGR depende en gran medida de los ingresos provenientes del sector de hidrocarburos, los cuales están sujetos a una alta volatilidad. La evidencia muestra una caída significativa en el precio del Brent, al pasar de 100,93 USD/barril en 2022 a 69,14 USD/barril en 2025, con variaciones negativas consecutivas en los últimos años (ANH, 2026). Tal dinámica influye de manera directa sobre el recaudo de regalías y limita la capacidad de planificación fiscal del sistema.

El cuadro 2 muestra la proyección por vigencia del precio Brent y su tasa de crecimiento a lo largo del periodo 2022-2025.

Además de lo anterior, las proyecciones del Plan de Recursos del SGR evidencian una tendencia decreciente en los ingresos provenientes del gas y el petróleo hacia el mediano plazo, pasando de niveles cercanos a $8,6 billones en 2028 a aproximadamente $5,0 billones en 2034, lo que confirma un proceso de reducción progresiva de esta fuente de financiación (ANH, 2026). Tal comportamiento se agrava en el contexto de la transición energética, donde la baja en la producción y la menor dependencia de combustibles fósiles impactarán de modo directo las finanzas públicas.

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Solo en la medida en que las regalías dejen de financiar intervenciones aisladas y se conviertan en capacidades permanentes para los territorios, el sistema podrá superar su actual vulnerabilidad y consolidarse como una verdadera plataforma de desarrollo regional.

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El cuadro 3 muestra la proyección de ingresos fiscales por concepto de hidrocarburos calculada para el periodo 2025-2034.

En el escenario descrito, el problema radica no solo en la caída de los ingresos, sino en la incapacidad del sistema para transformar estos recursos en capacidades productivas sostenibles. La dependencia fiscal de las regalías, sumada a las incapacidades institucionales territoriales y a la fragmentación de la inversión, incrementa la vulnerabilidad de los territorios, especialmente en aquellos con menores capacidades de gestión, y limita, entonces, sus oportunidades para consolidar procesos sostenibles de desarrollo.

El fortalecimiento del control fiscal sobre los recursos del SGR permite observar de manera más precisa que las dificultades del sistema no obedecen únicamente a restricciones financieras futuras, sino también a fallas persistentes en la forma como los recursos son planeados, ejecutados, supervisados y transformados en resultados territoriales. En este sentido, la gestión adelantada por la CGR, a través del Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal de los Recursos del SGR, constituye un insumo clave para comprender la magnitud de los riesgos que enfrenta el sistema y, al mismo tiempo, la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan corregirlos oportunamente.

Entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026, en desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, se auditaron 2.028 proyectos financiados con recursos del SGR, por una cuantía aproximada de $38,4 billones. Esta cobertura evidencia un esfuerzo institucional orientado a verificar la adecuada inversión de recursos públicos en el territorio nacional y a identificar patrones recurrentes de riesgo asociados a la estructuración técnica, la ejecución contractual, la supervisión y la sostenibilidad de los proyectos. Particularmente, la vigilancia y el control hechos a los proyectos aprobados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz adquiere relevancia estratégica, en la medida en que se trata de inversiones dirigidas a territorios afectados por el conflicto armado y orientadas al cierre de brechas sociales y regionales. En este componente, fueron auditados 489 proyectos por $6,5 billones, equivalentes al 62 % del total de los recursos aprobados por esa instancia en el mismo periodo objeto de análisis.

Los resultados de estas actuaciones confirman que el SGR enfrenta una vulnerabilidad operativa que trasciende la sola disponibilidad presupuestal. Durante el periodo analizado se configuraron 1.820 hallazgos administrativos, de los cuales, 1.162 fueron fiscales por $3,5 billones, además de 1.635 disciplinarios y 253 con presunta incidencia penal.

En el caso específico de los proyectos financiados mediante OCAD Paz, los hallazgos fiscales ascendieron a $1,01 billones, reflejo de la persistencia de riesgos en inversiones que, por su naturaleza, deberían constituirse en instrumentos de consolidación territorial, reparación institucional y desarrollo regional. Esta evidencia refuerza la tesis de que el problema central del sistema no radica exclusivamente en la caída progresiva de sus fuentes de recursos, sino en la dificultad para convertir la renta extractiva en capacidades públicas sostenibles.

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Las acciones adelantadas por la CGR han promovido la reactivación, la culminación y la puesta en funcionamiento de obras financiadas con recursos del SGR que presentaban riesgos de paralización, deficiencias de planeación, suspensiones prolongadas o incumplimientos contractuales.

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No obstante, la función fiscalizadora también ha permitido demostrar que la intervención oportuna puede contribuir a la recuperación de inversiones estratégicas. Las acciones adelantadas por la CGR han promovido la reactivación, la culminación y la puesta en funcionamiento de obras financiadas con recursos del SGR que presentaban riesgos de paralización, deficiencias de planeación, suspensiones prolongadas o incumplimientos contractuales. Casos como el Centro Turístico Temático Pueblito Cordobés, en Córdoba; la estabilización de vías Río Verde-Pijao y Córdoba-Carniceros, en Quindío; el proyecto de sistemas solares fotovoltaicos en instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca, y la adecuación y la puesta en funcionamiento del megacolegio de Paz de Ariporo, en Casanare, evidencian que el control fiscal no se limita a la identificación de hallazgos, sino que puede generar efectos preventivos y correctivos sobre obras de alto impacto social y económico.

En el escenario descrito, la articulación interinstitucional se vuelve un componente necesario para enfrentar la dispersión de recursos, la fragmentación de responsabilidades y las falencias en los mecanismos de seguimiento. La implementación de mesas de colaboración armónica con la Procuraduría General de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y, desde el 2025, la Fiscalía General de la Nación ha permitido avanzar en el intercambio de información, la revisión de proyectos y ejecutores críticos y la identificación de situaciones recurrentes que afectan la adecuada ejecución del SGR.

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El próximo Gobierno nacional deberá asumir el SGR no solo como una fuente de financiación territorial, sino como un instrumento estratégico para redefinir la relación entre renta extractiva, desarrollo regional y sostenibilidad fiscal.

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Esta coordinación resulta decisiva en un contexto en el que la sostenibilidad del sistema dependerá no solo de la disponibilidad futura de ingresos provenientes de hidrocar buros, sino de la capacidad institucional para garantizar que cada inversión financiada con regalías produzca resultados verificables, sostenibles y alineados con las necesidades reales de los territorios.

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$118,3 Billones, valor total de los 36.024 proyectos aprobados con recursos del SGR.

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Por tanto, el debate sobre el futuro del SGR no puede reducirse a discutir sobre la disminución de los ingresos derivados de una renta finita. La evidencia fiscal muestra que el agotamiento funcional del sistema también puede originarse en la baja calidad del gasto, la insuficiente planeación territorial, la débil supervisión de proyectos y la limitada medición de resultados. Desde esa perspectiva, el control fiscal debe entenderse como una herramienta estratégica para anticipar riesgos, proteger el patrimonio público y orientar la transformación del SGR hacia un modelo más eficiente, transparente y sostenible. Solo en la medida en que las regalías dejen de financiar intervenciones aisladas y se conviertan en capacidades permanentes para los territorios, el sistema podrá superar su actual vulnerabilidad y consolidarse como una verdadera plataforma de desarrollo regional.

En consecuencia, el SGR enfrenta una doble vulnerabilidad: por un lado, fallas estructurales en la gestión y uso de los recursos, y por otro, una progresiva incertidumbre en su fuente de financiación. Si no se adoptan medidas orientadas a mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer el control interno y promover modelos de desarrollo territorial sostenibles, Colombia podría estar avanzando hacia el agotamiento de uno de los principales mecanismos de financiación para el desarrollo regional, y a comprometer, por eso mismo, la economía, el avance y el bienestar de las futuras generaciones.

Es por todo lo anterior por lo que el próximo Gobierno nacional deberá asumir el SGR no solo como una fuente de financiación territorial, sino como un instrumento estratégico para redefinir la relación entre renta extractiva, desarrollo regional y sostenibilidad fiscal. Los resultados analizados muestran que la permanencia del SGR dependerá de las políticas que se establezcan en materia extractiva y de su capacidad para superar la dispersión de recursos, la baja articulación presupuestal, las debilidades institucionales territoriales y la medición limitada de resultados.

En consecuencia, la próxima agenda gubernamental deberá priorizar una reforma integral orientada a la planeación por programas, la estructuración de proyectos estratégicos de impacto regional, el fortalecimiento técnico permanente de las entidades territoriales, la consolidación de esquemas asociativos, la adopción de indicadores que permitan medir y evaluar las transformaciones de los territorios en bienestar, la reducción de brechas y la generación de desarrollo territorial sostenible que disponga de manera transicional el uso constante de estos recursos finitos, y así socavar la dependencia local.

Esta hoja de ruta deberá articularse, además, con una visión de transición energética y sostenibilidad fiscal, entendiendo que una renta finita no puede seguir financiando intervenciones aisladas, sino que debe convertirse en capacidades permanentes para los territorios. Solo desde esta premisa el SGR podrá dejar de ser interpretado como un sistema en agotamiento y consolidarse como una plataforma de transformación pública para las generaciones presentes y futuras. EC

Referencias Bibliográficas

• Contraloría General de la República. (2024). La paradoja de las regalías en Colombia. La escasez de resultados frente a la abundancia de recursos. CGR.
• Contraloría General de la República. (2025). La paradoja de las regalías en Colombia. La escasez de resultados frente a la abundancia de recursos. Segunda parte. CGR.
• Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). (2026). Respuesta a solicitud de información – Precios del Brent y proyecciones del SGR [Radicado 20261300009931]. ANH.
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Proyecciones del Plan de Recursos del Sistema General de Regalías 2028-2034. MHCP.

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