GERMÁN CASTRO FERREIRA

Delegado para el Sector Minas y Energía

MARISOL MILLÁN HERNÁNDEZ

Directora de Estudios Sectoriales

Julio 2026, Edición 380.

ENTRE 2022 Y 2026, el sector de Minas y Energía continuó desempeñando un papel determinante en la estabilidad macroeconómica, fiscal y social del país. La evolución de los precios de los combustibles, la sostenibilidad de los subsidios, la disponibilidad de gas y petróleo, el recaudo de regalías y el avance de la transición energética incidieron de manera directa en las finanzas públicas, la competitividad de la economía y el bienestar de los hogares colombianos.

Durante este periodo el sector enfrentó desafíos simultáneos, relacionados con la sostenibilidad fiscal, la seguridad y confiabilidad del suministro energético, la reposición de reservas, el fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento y almacenamiento, la gobernanza institucional y la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más limpias. A estos retos se sumaron factores como las presiones sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), las debilidades estructurales de los esquemas de subsidios, las elevadas cargas tributarias, las discusiones sobre el futuro de la producción carbonífera y la falta de articulación de una política integral de seguridad energética.

En este contexto, la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía (CDSME) desarrolló una agenda orientada tanto al control fiscal posterior como al fortalecimiento del control preventivo y concomitante, con el propósito de anticipar riesgos estructurales, identificar amenazas para la sostenibilidad del sector y aportar insumos para la toma de decisiones de política pública. Este balance recoge los principales hallazgos, estudios, auditorías, advertencias y análisis realizados durante el periodo, así como las perspectivas y los desafíos que enfrenta uno de los sectores más estratégicos para el futuro económico del país.

Principales acciones macro impulsadas por la delegada

En el plano macro, la CDSME concentró sus esfuerzos en la producción de estudios sectoriales, orientados a identificar distorsiones de diseño de política pública y riesgos de sostenibilidad. Destacan los análisis sobre FEPC, que revelaron distorsiones estructurales en su funcionamiento y un costo fiscal significativo (véase la sección “Principales riesgos identificados”) (Espinosa & Ramírez Olaya, 2023a). De igual forma, los estudios sobre subsidios a los servicios públicos y a los combustibles identificaron deficiencias en el diseño y la operación de estos instrumentos, con presiones crecientes sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) (Delgado Prada et al., 2023; Suárez Gómez et al., 2024).

Otro eje macro relevante fue el análisis de la seguridad y la confiabilidad energéticas. Los estudios y pronunciamientos de la CDSME pusieron de relieve la ausencia de una política unificada que articule electricidad, gas, petróleo y minería, así como los riesgos de pérdida de soberanía energética asociados a la situación de las reservas y la posible necesidad de importaciones (Ospina Castillo et al., 2022; Suárez Gómez et al., 2021). En este marco, la función de advertencia ejercida en 2024 y 2025 se consolidó como herramienta clave para alertar al Ministerio de Minas y Energía sobre riesgos estructurales con potenciales impactos fiscales en el mediano y largo plazo (véase el detalle en “Principales riesgos identificados”).

Asimismo, la CDSME ejerció un rol activo en el análisis normativo y legislativo, evaluando proyectos de ley, decretos y reformas con potencial impacto fiscal en el sector. Estos análisis aportaron insumos técnicos al debate público y al Congreso de la República, tales como:

• Análisis de los proyectos de presupuesto para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, realizando las observaciones en cuanto a suficiencia de recursos para atender las necesidades del sector, especialmente en lo relacionado con subsidios.
• Análisis de las leyes de financiamiento presentadas en 2023, 2024 y 2025, advirtiendo sobre los impactos y los riesgos para el sector minero energético.
• Evaluación de la propuesta de agregación de tramos regulados de gas natural.

—–

El petróleo sigue siendo una fuente decisiva de ingresos fiscales y estabilidad energética para el país; por eso, la transición energética exige decisiones graduales que no comprometan la autosuficiencia ni las finanzas públicas.

—–

Principales riesgos identificados en los estudios (2022-2025)

Los estudios elaborados entre 2022 y 2025 permitieron precisar riesgos fiscales y de sostenibilidad sectorial. En combustibles líquidos, el análisis del FEPC concluyó que el mecanismo no logró atenuar de forma eficiente la volatilidad de los precios internos y operó, en la práctica, como un subsidio implícito y regresivo, con déficits estructurales y recurrentes y un costo fiscal acumulado cercano a 63,2 billones de pesos a 2022, financiado mediante el PGN, el endeudamiento y los dividendos de Ecopetrol. En consecuencia, se recomendó un rediseño estructural con reglas claras, sostenibles y coherentes con la eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles (Espinosa & Ramírez, 2023a).

—–

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no logró atenuar de forma eficiente la volatilidad de los precios internos y operó, en la práctica, como un subsidio implícito y regresivo.

—–

En materia tributaria, el estudio sobre exenciones y beneficios del sector petrolero (2010-2022) advirtió que su costo fiscal ha sido elevado y que no muestran una relación clara con mayores niveles de inversión o incorporación de reservas, y donde el precio internacional del crudo es el determinante principal. Además, ubicó el Government Take en niveles cercanos al promedio internacional (60 %-70 %) y alertó sobre riesgos de elevación hacia rangos cercanos al 80 % tras la reforma de 2022, lo cual refuerza la necesidad de un régimen fiscal más estable y más neutral (Espinosa & Ramírez, 2023b).

En gas natural, el análisis de proyectos de exploración y explotación para incrementar reservas identificó una limitada reposición —explicada en buena parte por revaluaciones técnicas y hallazgos menores— y el traslado del aseguramiento del abastecimiento hacia horizontes de largo plazo (p. ej., costa afuera), incrementando el riesgo de pérdida de autosuficiencia y mayor dependencia de importaciones. Con fundamento en el potencial de producción de gas de los campos aportantes a la declaración del 2023, reportado en 1.165 GBTUD y con descenso hasta 322 GBTUD en 2031, se advierte que en 2025 no alcanza a cubrir la demanda interna, estimada en 1.100 GBTUD, según el balance de demanda de la UPME. La conclusión es que puede perderse autosuficiencia en ese año, cuando la disponibilidad de gas para la venta se estima en 951 GBTUD (Ospina Castillo et al., 2022).

De manera complementaria, la evaluación del régimen tarifario de servicios públicos domiciliarios evidenció presiones sobre tarifas y subsidios asociadas a la dependencia de precios internacionales, la concentración de la oferta y debilidades de focalización y financiación, con impactos sensibles en hogares vulnerables. Aquí se advierten déficits recurrentes en el fondo de subsidios, atrasos en los giros y debilidades de información, que ponen en riesgo la continuidad del esquema de solidaridad, al tiempo que persisten brechas de acceso en zonas rurales donde el gas licuado de petróleo (GLP) es la principal alternativa energética. En este contexto, se recomendó fortalecer la planeación del abastecimiento, mejorar la eficiencia y focalización de los subsidios, y reforzar la supervisión y la calidad de la información sectorial, para garantizar tarifas justas, sostenibles y consistentes con los principios de equidad y de suficiencia financiera (Ospina Castillo et al., 2022; Suárez Gómez et al., 2024).

En transición energética y diversificación, el estudio sobre Ecopetrol y la integración de nuevas energías renovables concluyó que la estrategia se ha concentrado principalmente en la autogeneración para suplir su propia demanda, con un impacto agregado limitado (menos del 5 % de sus necesidades en el mediano plazo) y sin convertir a la empresa en un actor líder del mercado de generación renovable nacional. Asimismo, si bien la adquisición de Interconexión Eléctrica (ISA) diversificó ingresos y aportó estabilidad, introdujo restricciones regulatorias que limitarían la participación como generador comercial, y generó un costo de oportunidad (Espinosa & Ramírez, 2022a).

En cuanto a Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER), el seguimiento al avance de proyectos resaltó la necesidad de completar oportunamente el marco regulatorio, para asegurar su penetración y su sostenibilidad, y advirtió riesgos de retrasos en la entrada en operación de iniciativas, con efectos potenciales sobre la confiabilidad del sistema en escenarios de mayor estrés hidrológico (Suárez Gómez et al., 2021).

De igual forma, se adelantaron estudios y seguimientos específicos sobre sectores y programas particulares, como las soluciones solares fotovoltaicas individuales (López Rodríguez & Delgado Prada, 2022), la legalización y la formalización minera (Abril Tabaco & Ordóñez Torres, 2025), y los proyectos de generación a partir de FNCER (Suárez Gómez et al., 2021). En estos casos, la CDSME resaltó los avances logrados en acceso y reducción de impactos ambientales, pero también advirtió sobre rezagos en cobertura, sostenibilidad de los esquemas y riesgos derivados de atrasos en la entrada en operación de proyectos estratégicos.

También se emitió una Advertencia Ordinaria al Ministerio de Minas y Energía, del 11 de julio de 2024, sobre los riesgos para la seguridad y la confiabilidad energética del país, basada en el estudio respectivo (Espinosa Velásquez et al., 2021).

—–

La expansión de fuentes no convencionales de energía renovable, como los parques solares en zonas no interconectadas, exige seguimiento a los incentivos, la calidad del servicio y la sostenibilidad de las inversiones públicas.

—–

Acciones micro y de incidencia específica

Durante el periodo 2022-2026, la CDSME consolidó un enfoque de control fiscal basado en evidencia, mediante la producción sostenida de estudios sectoriales e intersectoriales orientados a la generación de alertas tempranas, recomendaciones y priorización de la vigilancia fiscal en los sectores de energía, hidrocarburos y minería (López Rodríguez et al., 2023; Espinosa Velásquez et al., 2024). Este enfoque permitió fortalecer la capacidad institucional para anticipar y cuantificar riesgos estratégicos elevando la calidad del control preventivo y facilitando la toma de decisiones informadas en materia de política pública y sostenibilidad fiscal. En este marco, se identificaron problemáticas estructurales relevantes, como las distorsiones del FEPC ya descritas (Espinosa & Ramírez Olaya, 2023a), así como las deficiencias en los esquemas de subsidios energéticos señaladas en la sección de riesgos (Suárez Gómez et al., 2024).

—–

El país requiere acelerar decisiones de abastecimiento con calidad y almacenamiento energético; los planes e inversiones públicas han sido insuficientes para garantizar el suministro de electricidad con buena calidad en el mediano plazo.

—–

En términos de resultados del control fiscal, la CDSME consolidó su vigilancia sobre las entidades del sector mediante la identificación de hallazgos con incidencia fiscal y la emisión de alertas sectoriales de alto impacto. En particular, se alertó sobre déficits crecientes en subsidios energéticos que generan presiones sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad del servicio. Estas actuaciones se complementaron con auditorías financieras y de cumplimiento a entidades como el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, en las que se identificaron inconsistencias contables, riesgos en cuentas relacionadas con el FEPC y debilidades en la ejecución de recursos públicos.

En el componente de control posterior y selectivo, así como en la ejecución del Plan Nacional de Vigilancia, se identificaron hallazgos fiscales de gran relevancia en 2025, incluyendo casos asociados a contratos de Ecopetrol (por más de $36.462 millones), deficiencias en proyectos de energías renovables (Ecoparque Solar Providencia por $49.592 millones) e irregularidades en la gestión de recursos del Ministerio de Minas y Energía (por $17.169 millones), además de la vigilancia sobre decisiones estratégicas como la compra de activos en el caso Termo Morichal (USD 42 millones).

Resultados destacados (2022-2025)

En el frente institucional y territorial, los estudios sectoriales permitieron documentar brechas de eficacia y cobertura en la gestión pública. En minería, la evaluación de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la promoción del potencial minero (2011-2021) mostró que la concesión de nuevos títulos depende no solo de las estrategias institucionales, sino también de factores externos como precios, seguridad jurídica, órdenes judiciales, limitantes ambientales, conflictividad social y condiciones de seguridad en municipios mineros (Abril Tabaco & Ordóñez Torres, 2022). En paralelo, el estudio sobre fiscalización de Proyectos de Interés Nacional (PIN) (2017- 2022) evidenció que, aunque la ANM adelanta evaluación documental y visitas de campo, no se realiza anualmente a la totalidad de títulos y no se proyectó a fiscalizar el 100 % de los títulos vigentes. Ello es especialmente relevante considerando la obligación de efectuar, mínimo, dos visitas anuales a los PIN, lo que incide en la capacidad para validar la producción reportada y los riesgos asociados al recaudo de regalías (Abril Tabaco & Ordóñez Torres, 2023a). Por su parte, la evaluación del avance en el conocimiento del potencial minero y la cuantificación de recursos (2012- 2022) señaló rezagos en la actualización de cartografía —con mapas desactualizados por más de una década— y resaltó, a la vez, avances metodológicos en reporte y cuantificación por parte de titulares. Adicionalmente, se destacó la actualización del listado de minerales estratégicos mediante la Resolución 1006 de 2023 (Abril Tabaco & Ordóñez Torres, 2023b).

Asimismo, en diciembre de 2025 se liberó el estudio sectorial Eliminación de la extracción de carbón en Colombia, su impacto fiscal y la situación actual de otros minerales, donde se evidenció que un retiro prematuro de este mineral afectaría la sostenibilidad y la estabilidad financiera del país, lo que comprometería la viabilidad de una transición energética ordenada y responsable, y donde las regalías solo pueden ser reemplazadas por regalías, ya que la explotación de minerales estratégicos, como el cobre, tardarían 16 años en entrar en operación (Abril Tabaco et al., 2025).

En electrificación y acceso, el estudio sobre soluciones solares fotovoltaicas individuales encontró que la estrategia de vinculación de nuevos usuarios, implementada desde 2015, ha tenido efectos positivos en acceso. Sin embargo, persisten rezagos sustanciales frente a metas de cobertura y desafíos para garantizar la sostenibilidad del esquema en el mediano y largo plazo (López Rodríguez & Delgado Prada, 2022). En minería, el estudio sobre legalización y formalización (2017- 2024) resaltó su importancia para reducir impactos ambientales —incluido el uso de mercurio— y el papel de los titulares mineros para aumentar la formalización mediante subcontratos o contratos de operación (Abril Tabaco & Ordóñez Torres, 2025). Estos hallazgos sustentan la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, la calidad de la información y la focalización de intervenciones en territorios con mayores riesgos operativos, sociales y fiscales.

—–

El carbón conserva un peso fiscal estratégico: entre 2010 y 2024 concentró más del 80 % de las regalías mineras, lo que hace indispensable una transición ordenada, con sustitutos creíbles y medidas de mitigación para los territorios productores.

—–

Impacto en la protección de recursos públicos y el bienestar

Las acciones desarrolladas durante el periodo contribuyeron a fortalecer la capacidad institucional de la CGR para anticipar y cuantificar riesgos fiscales en un sector estratégico para el país. Al visibilizar debilidades de diseño en políticas y fondos, la gestión de la CDSME aportó a la protección de los recursos públicos y a la promoción de ajustes orientados a una asignación más eficiente y equitativa del gasto. Al mismo tiempo, las recomendaciones formuladas buscaron asegurar la continuidad, la calidad y la asequibilidad de los servicios energéticos, especialmente para los hogares más vulnerables, reconociendo la estrecha relación entre política energética, estabilidad fiscal y bienestar ciudadano.

—–

Se debe impulsar al sector minero colombiano volviendo a incluir dentro de los minerales estratégicos al carbón térmico y minerales de niobio y tantalio (conocidos como Coltan), reducir el Government Take y promocionar las Áreas Estratégicas Mineras (AEM).

—–

Perspectivas del sector hacia el futuro

De cara al futuro, el sector de Minas y Energía enfrenta el desafío de avanzar hacia una transición energética ordenada que no comprometa la seguridad del suministro ni la sostenibilidad fiscal (López Rodríguez et al., 2023; Espinosa Velásquez et al., 2024). Esto implica, en primer lugar, avanzar en la articulación de la política de seguridad energética, con metas claras, indicadores verificables y responsabilidades definidas. En segundo lugar, resulta indispensable atender la situación de las reservas de gas y petróleo, en línea con los riesgos de autosuficiencia ya documentados (Ospina Castillo et al., 2022).

Asimismo, será clave avanzar en los ajustes al FEPC y a los esquemas de subsidios, conforme a las recomendaciones formuladas en los estudios de la CDSME (Espinosa & Ramírez Olaya, 2023a; Suárez Gómez et al., 2024). En el ámbito minero, la continuidad y la profundización de los procesos de formalización, junto con una transición ordenada en sectores como el carbón, requerirán sustitutos creíbles de largo plazo y una gestión cuidadosa de los ingresos fiscales asociados (Abril Tabaco et al., 2025; Abril Tabaco, & Ordóñez Torres, 2025).

Adicionalmente, los análisis más recientes refuerzan tres frentes de atención para la agenda futura. Primero, el país requiere acelerar decisiones de abastecimiento con calidad y almacenamiento energético, dado que, aun con avances, los planes e inversiones públicas entre 2020 y 2024 se han considerado insuficientes para garantizar el abastecimiento de electricidad con buena calidad en el mediano plazo, mientras el almacenamiento como complemento de las FNCER apenas comienza a consolidarse (Espinosa Velásquez et al., 2025). Segundo, el desarrollo del hidrógeno demanda seguimiento específico a la efectividad de incentivos tributarios ya definidos y a su coherencia con objetivos de política, a fin de evitar la creación de nuevos pasivos fiscales y asegurar que los beneficios logren su propósito de formación de mercado. Tercero, en una transición ordenada resulta crítico dimensionar el peso fiscal de minerales como el carbón: los análisis sectoriales han mostrado que entre 2010 y 2024 este concentró más del 80 % de las regalías mineras y aportó una porción mayoritaria de los impuestos del sector recaudados (Abril Tabaco et al., 2025), lo que refuerza la necesidad de las medidas de sustitución y mitigación ya señaladas.

Por otro lado, se debe impulsar al sector minero colombiano volviendo a incluir dentro de los minerales estratégicos al carbón térmico y minerales de niobio y tantalio (conocidos como Coltan), reducir el Government Take y promocionar las Áreas Estratégicas Mineras (AEM), con el fin de obtener mayor inversión en exploración y explotación y así obtener mayores ingresos en regalías e impuestos para el Estado (Abril Tabaco & Ordóñez Torres, 2023).

Finalmente, la expansión de las FNCER y de nuevos energéticos demandará un seguimiento riguroso a los incentivos tributarios y regulatorios, para asegurar su efectividad y evitar la generación de nuevos riesgos fiscales (Suárez Gómez et al., 2021). En este escenario, la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía continuará desempeñando un papel fundamental como referente técnico, orientando el control fiscal hacia la anticipación de riesgos y el fortalecimiento de la gobernanza sectorial. EC

Referencias Bibliográficas

• Abril Tabaco, A. M., & Ordóñez Torres, J. (2022). Evaluación sobre la eficacia de la gestión de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la promoción del potencial minero (2011–2021). Contraloría General de la República.
• Abril Tabaco, A. M., & Ordóñez Torres, J. (2023a). La Agencia Nacional de Minería (ANM) en la fiscalización de los Proyectos de Interés Nacional (PIN), 2017–2022. Contraloría General de la República.
• Abril Tabaco, A. M., & Ordóñez Torres, J. (2023b). Evaluación del avance en el conocimiento del potencial minero colombiano y la cuantificación de sus recursos mineros (2012–2022). Contraloría General de la República.
• Abril Tabaco, A. M., & Ordóñez Torres, J. (2025). Legalización y formalización minera (2017–2024). Contraloría General de la República.
• Abril Tabaco, A. M., Velandia Gómez, D. A., Ordóñez Torres, J., Martínez Rodríguez, J. F., & Cotes Ruiz, H. D. (2025). Eliminación de la extracción de carbón en Colombia, su impacto fiscal y la situación actual de otros minerales. Contraloría General de la República.
• Delgado Prada, C., Ospina Castillo, J. T., De la Rosa Julio, R. E., Sossa Barreto, M. A., Penagos Ramírez, H. C., Durán Erazo, K. V., Velandia Gómez, D. A., Cárdenas Londoño, J. S., López, O. L., Vargas Aguilar, M. I., & Ojeda Acosta, A. (2023). Análisis y evaluación del régimen tarifario que aplica para los servicios públicos domiciliarios en el territorio nacional. Contraloría General de la República.
• Espinosa V., C. E., & Ramírez Olaya, Y. S. (2022a). La integración de energías renovables en los negocios de Ecopetrol. Contraloría General de la República.
• Espinosa V., C. E., & Ramírez Olaya, Y. S. (2022b). Tarifas y costos en el transporte del petróleo por oleoductos en Colombia, periodo 2014–2021. Contraloría General de la República.
• Espinosa V., C. E., & Ramírez Olaya, Y. S. (2023a). Actualidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en Colombia. Contraloría General de la República.
• Espinosa V., C. E., & Ramírez Olaya, Y. S. (2023b). Análisis sobre las exenciones y beneficios tributarios del sector petrolero en Colombia (2010–2022) y su costo fiscal. Contraloría General de la República.
• Espinosa Velásquez, C. E., Suárez Gómez, H. Y., López Rodríguez, O. L., Delgado Prada, D. C., De la Rosa Julio, R. E., Durán Erazo, K. V., Ramírez Olaya, Y. S., Abril Tabaco, A. M., Ordóñez Torres, J., & Paladines Cuéllar, E. (2024). Seguridad y confiabilidad energética en Colombia (2010–2026). Contraloría General de la República.
• Espinosa Velásquez, C. E., Suárez Gómez, H. Y., Delgado Prada, D. C., Gines Vergara Niño, B., De la Rosa Julio, R. E., Durán Erazo, K. V., Lizcano Castro, M. C., & Ramírez Olaya, Y. S. (2025). Abastecimiento con calidad y almacenamiento energético en Colombia (2020–2030): Informe consolidado. Contraloría General de la República.
• López Rodríguez, O. L., & Delgado Prada, D. C. (2022). Soluciones solares fotovoltaicas individuales en las ZNI. Contraloría General de la República.
• López Rodríguez, O. L., Delgado Prada, D. C., De la Rosa Julio, R. E., Durán Erazo, K. V., Ospina Castillo, J. T., Espinosa V., C. E., Ramírez Olaya, Y. S., Abril Tabaco, A. M., & Ordóñez Torres, J. (2023,). Evaluación a la política pública de transición energética (2012–2022). Contraloría General de la República.
• Ospina Castillo, J. T., De la Rosa Julio, R. E., & Durán Erazo, K. V. (2022). Análisis sobre los resultados y avances sobre los proyectos de inversión en exploración y explotación de gas natural para incrementar reservas en Colombia. Contraloría General de la República.
• Suárez Gómez, H. Y., Delgado Prada, D. C., Gines Vergara Niño, B., Ramírez Olaya, Y. S., Espinosa Velásquez, C. E., De la Rosa Julio, R. E., Durán Erazo, K. V., & Martínez Rodríguez, J. F. (2024). Subsidios en electricidad, gas combustible, GLP y combustibles líquidos (2014–2024). Contraloría General de la República.
• Suárez Gómez, H. Y., López Rodríguez, O. L., & Delgado Prada, D. C. (2021). Avance en los proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER). Contraloría General de la República.
• Suárez Gómez, H. Y., López Rodríguez, O. L., & Delgado Prada, D. C. (2022). Avances de la estrategia para la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Contraloría General de la República.

———-