OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRÁS

Contralor Delegado para Sector Justicia

Julio 2026, Edición 380.

LA JUSTICIA es uno de los servicios públicos que más incide en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por eso, resulta especialmente relevante analizar qué ocurre cuando los recursos destinados a fortalecerla crecen de manera sostenida, pero los resultados avanzan a un ritmo más lento. Entre 2020 y marzo de 2026, el Sector Justicia registró un importante aumento de su presupuesto, impulsado por procesos de fortalecimiento institucional y modernización administrativa y tecnológica. Sin embargo, indicadores como la congestión judicial y los niveles de impunidad muestran mejoras limitadas y desiguales, lo que plantea preguntas sobre la efectividad de la inversión realizada.

Este balance examina la evolución del gasto público en el Sector Justicia y su relación con los principales resultados institucionales alcanzados durante el periodo. A partir del análisis de la asignación de recursos, los indicadores de desempeño y la implementación de distintas políticas públicas, se identifican brechas persistentes, riesgos fiscales y factores estructurales que continúan limitando la capacidad del sistema para responder de manera más oportuna y eficaz a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, el análisis busca identificar oportunidades de mejora que aporten insumos técnicos para fortalecer la gestión del sector y contribuir al uso más eficiente de los recursos públicos.

Evolución del gasto público en el Sector Justicia

Durante el periodo 2020-2026, el Sector Justicia recibió una apropiación presupuestal de $164,27 billones a precios constantes de 2025, de los cuales el 83,86 % fueron destinados para el Subsector Administración de Justicia ($137,75 billones); el 11,17 % para Órganos de Control ($18,34 billones) y el 4,98 % para el de Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición ($8,18 billones).

Es importante destacar que, en términos reales, el presupuesto del sector registró un crecimiento significativo del 41,40 % en un periodo de siete años, al pasar de $19,70 billones en 2020 a $27,86 billones en 2026.

Sin embargo, este crecimiento no se distribuyó de manera uniforme entre los distintos componentes del sector. El Subsector de Órganos de Control fue el que registró el mayor dinamismo, con un incremento del 57,57 %, al pasar de $2,13 billones en 2020 a $3,36 billones en 2026. Le siguió el Subsector de Administración de Justicia, cuyo presupuesto aumentó en 40,10 %, al crecer de $16,56 billones a $23,21 billones en el mismo periodo. Finalmente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición mostró un avance más moderado, con un crecimiento del 28,62 %, al pasar de $1,01 billones en 2020 a $1,3 billones en 2026 (cuadro 1).

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Este crecimiento presupuestal, si bien ha permitido consolidar capacidades administrativas y operativas, no siempre ha venido acompañado de mejoras sustantivas en los resultados que se esperan del sistema de justicia.

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Respecto a la composición del gasto, este se concentró especialmente en funcionamiento, con $145,34 billones (88,48 % del total) y un crecimiento de 34,21 % entre 2020 y 2026. En este rubro, las transferencias corrientes aumentaron 62,39 %, entre los que se destacaron los pagos de sentencias, la alimentación y la salud penitenciaria, así como los programas de reintegración y defensoría pública.

Por su parte, la inversión, aunque con menor participación (10,07 %), registró un crecimiento significativo de 109,72 %, al pasar de $1,62 a $3,40 billones, orientándose principalmente a infraestructura física (37,47 %), transformación digital (31,92 %), fortalecimiento institucional (23,57 %) y otros programas estratégicos (7,04 %), lo que evidencia una mayor orientación hacia iniciativas de largo plazo. No obstante, se ha evidenciado la persistencia de un problema estructural en la ejecución presupuestal del sector, asociado con el rezago presupuestal recurrente.

Durante el periodo 2020-2025, las entidades que integran el Sector Justicia registraron un rezago presupuestal promedio en inversión del 47,66 %, nivel que se considera elevado. Este comportamiento fue especialmente crítico en tres vigencias, en las cuales el rezago superó el 50 %, alcanzando su máximo en 2024, con un 57 %, lo que indica que más de la mitad de los recursos de inversión apropiados no se ejecutaron durante la vigencia correspondiente.

Este patrón reiterado de baja ejecución revela fallas estructurales en el ciclo de la inversión pública, asociadas, entre otros factores, a debilidades en la planeación de los proyectos, demoras en los procesos contractuales, insuficiente madurez técnica de las iniciativas y limitaciones en la capacidad operativa y de gestión de las entidades ejecutoras. Como resultado, los recursos destinados a transformar y fortalecer el sistema judicial permanecen inmovilizados por periodos prolongados, retrasando la materialización de obras, servicios y soluciones estratégicas.

Resultados institucionales

En el ámbito de la política criminal, penitenciaria y carcelaria, se evidencia que el sistema penitenciario colombiano continúa operando bajo un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado desde 1998 y reiterado en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, lo que da cuenta de la incapacidad estructural del Estado para garantizar condiciones mínimas de dignidad y legalidad en la privación de la libertad.

En el 2020, la capacidad oficial del sistema penitenciario ascendía a 80.704 cupos, frente a una población privada de la libertad de 108.778 personas, lo que generó un nivel de hacinamiento del 34,79 % (Dirección de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General de la República, 2023).

Para marzo de 2026, el sistema registraba 102.949 internos y apenas 81.025 cupos disponibles, consolidando una sobrepoblación del 27,06 % (Instituto Penitenciario y Carcelario, 2026). Esta variación refleja una reducción de 7,73 puntos porcentuales en el índice de hacinamiento. El impacto es atribuible a las medidas adoptadas mediante el Decreto 546 de 2020, que permitieron sustituir la detención en centros penitenciarios por modalidades domiciliarias, reduciendo riesgos sanitarios y la presión sobre el sistema carcelario durante la pandemia (gráfico 1).

A marzo de 2026, el 82 % de la población privada de la libertad (PPL) eran personas condenadas, el 18 % sindicados, lo que revela tensiones persistentes entre política criminal, administración de justicia y uso de la prisión preventiva.

En relación con la ampliación de la capacidad penitenciaria mediante la construcción de nuevos establecimientos de reclusión, el CONPES 4082 de 2022 fijó una meta de 9.805 cupos entre 2022 y 2026. Sin embargo, al primer semestre de 2025 el avance físico apenas alcanzaba el 20,55 %, lo que refleja un rezago frente al cronograma y genera dudas sobre la eficiencia en la gestión de recursos y la capacidad institucional para enfrentar el hacinamiento.

La defensa jurídica del Estado, liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), representa otro foco crítico de riesgo fiscal. A diciembre de 2025 se registraban 291.919 procesos activos con pretensiones que ascendían a $699,83 billones (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado [ANDJE], 2026). La relación condena- pretensión del 29,87 % refleja una exposición fiscal considerable y pone en evidencia debilidades persistentes en la gestión preventiva del daño antijurídico.

Entre 2020 y 2025 se observó una reducción del 12,34 % en el número de procesos, al pasar de 33.021 a 29.019 casos. Esta disminución se asocia con la adopción progresiva de los lineamientos técnicos de la ANDJE, lo que sugiere un fortalecimiento institucional en la gestión de litigios (cuadro 2).

Sin embargo, desde la perspectiva económica, el comportamiento es inverso: el valor de las pretensiones se incrementó en 79,94 %, al pasar de $425,80 billones en 2020 a $766,17 billones en 2025. Este aumento refleja que, aunque se tramitan menos procesos, los litigios que llegan al sistema son de mayor cuantía y riesgo fiscal, lo que plantea un desafío significativo para la sostenibilidad de las finanzas públicas y exige un control más riguroso sobre la prevención del daño antijurídico.

En materia de justicia formal, si bien se evidencian avances parciales en productividad, se mantienen niveles preocupantes de congestión. En 2025, la demanda anual alcanzó 3.681.158 procesos, mientras que las salidas fueron de 3.707.263, con una carga total en trámite de 5.906.475 procesos frente a una planta promedio de 6.265 jueces y magistrados (División de Estudios y Evaluaciones, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 2026).

Entre 2022 y 2025, los ingresos crecieron 29,70 %, mientras que los egresos aumentaron en mayor proporción (34,55 %). No obstante, la carga laboral total siguió aumentando (12,69 %), por encima del crecimiento del personal juzgador (6,48 %), profundizando el desbalance estructural entre demanda y capacidad instalada (gráfico 2).

El índice de congestión se situó en 49,49 % en 2025, lo que implica que la mitad de los procesos permanecen sin resolución de fondo al cierre del periodo; sin embargo, como se observa en el gráfico 2, pese a que en cuatro años la congestión ha disminuido 10,47 puntos porcentuales, el tiempo para descongestionar aumentó en 10,2 meses; lo que significa que cada vez más el sistema judicial en Colombia está siendo menos efectivo.

La investigación penal constituye uno de los mayores cuellos de botella del sistema. En 2024 se registraron 19,5 millones de noticias criminales activas, de las cuales 1,86 millones ingresaron durante la vigencia. Las salidas representaron apenas el 78,12 % de los ingresos, lo que perpetúa la acumulación de casos.

Resulta especialmente crítico que el 81,89 % de las salidas correspondan a decisiones de archivo, sin formulación de cargos ni resolución de fondo. A marzo de 2025, el 91,08 % de las noticias criminales permanecía en etapa de indagación, mientras que solo el 0,81 % había avanzado a investigación formal. Esta distribución revela un sistema concentrado en etapas iniciales, con fuertes limitaciones operativas, técnicas y de personal.

La demanda penal se concentra en delitos de alto impacto social y alta reincidencia, como hurto (27 %), lesiones personales, violencia intrafamiliar y estafa, lo que refuerza la presión sobre un aparato investigativo que cuenta con 4.685 fiscales, equivalentes a 8,89 fiscales por cada 100.000 habitantes.

Finalmente, la Justicia transicional, en particular la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), ha logrado avances institucionales significativos al priorizar los crímenes más graves del conflicto armado mediante la estructuración de once macrocasos. A febrero de 2026, se habían acreditado 14.659 víctimas individuales y 423 sujetos colectivos; así mismo 212 máximos responsables han reconocido verdad y responsabilidad plena ( Jurisdicción Especial para la Paz, 2026).

No obstante, pese a la magnitud de las actuaciones (imputaciones, versiones voluntarias, acciones restaurativas y órdenes judiciales), el impacto estructural del sistema sigue siendo limitado frente al universo total de víctimas y comparecientes, lo que plantea desafíos relevantes en términos de tiempo, capacidad institucional y legitimidad social.

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41,40 % crecimiento real del presupuesto del sector justicia entre 2020 y 2026.

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Fiscalización de las políticas públicas del Sector Justicia

La fiscalización de las políticas públicas del Sector Justicia se ha materializado en diversas acciones orientadas a evaluar el uso y los resultados de los recursos públicos, evidenciando situaciones críticas que inciden negativamente en su efectividad.

En este marco, el boletín “Resultados y uso de los recursos del Plan Decenal de Justicia” (Dirección de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General de la República, 2025a) pone de relieve que, pese a la ejecución de cerca de $104 billones entre 2017 y 2024, el Plan carece de una propuesta de acción, una matriz de seguimiento aprobada y de indicadores homogéneos, lo que ha impedido su consolidación como instrumento de coordinación sectorial y refleja desconexión entre la planeación y los resultados; situación que, sumada a la ausencia de actualización oportuna y de un sistema integral de seguimiento, limita de manera significativa su impacto y exige una gestión más eficaz, articulada y orientada a resultados concretos.

De igual forma, la Evaluación de la Política Pública de Prevención del Daño Antijurídico (Dirección de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General de la República, 2025b) evidencia avances formales, pero insuficientes frente a sus objetivos sustantivos, debido a debilidades estructurales como la inadecuada priorización —en la que el 34 % de las causas intervenidas no registra demandas—, la baja articulación interinstitucional, la falta de evaluación de resultados y la carencia de criterios claros de financiación, lo que manifiesta una gestión centrada en el cumplimiento administrativo más que en la efectividad; en este contexto, se requiere una política integral con liderazgo estratégico, priorización técnica, seguimiento robusto y asignación sostenible de recursos.

Por su parte, el Estudio Sectorial de Transformación Digital del Sector Justicia (Dirección de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General del la República, 2025c) mostró que, aunque la inversión, los avances en acceso y modernización tecnológica son significativos, su impacto en la eficiencia y eficacia sigue siendo limitado debido a rezagos en la ejecución presupuestal, reducción en inversiones estratégicas y débil articulación institucional; lo anterior se traduce en la persistencia de problemas estructurales como la congestión judicial, baja productividad y altos niveles de impunidad, evidenciando que la digitalización aún no se consolida como un factor transformador.

En consecuencia, el sector enfrenta el reto de reorientar sus estrategias hacia un enfoque basado en resultados, fortaleciendo la planeación, la interoperabilidad, el seguimiento de impactos y las capacidades institucionales, para asegurar que la inversión pública genere valor público y contribuya efectivamente a una justicia más oportuna, eficiente y centrada en la ciudadanía.

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Los recursos destinados a transformar y fortalecer el sistema judicial permanecen inmovilizados por periodos prolongados, retrasando la materialización de obras, servicios y soluciones estratégicas.

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Problemáticas actuales y amenazas coyunturales

El análisis conjunto de las políticas del Sector Justicia permite identificar un desfase estructural entre demanda, capacidad institucional y resultados. Uno de los puntos más críticos es el rezago en la inversión pública. Entre 2020 y 2025 casi la mitad de los recursos destinados a proyectos estratégicos quedaron sin ejecutar. Esto significa que iniciativas clave, como la construcción de infraestructura judicial o la transformación digital del sector, avanzan a paso lento.

En el sistema penitenciario, aunque se logró reducir el hacinamiento, para 2026 todavía se registra una sobrepoblación. En otras palabras, las cárceles siguen desbordadas y el Estado continúa bajo el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional hace más de dos décadas. Así mismo, la meta prevista para 2026 de construir 9.805 nuevos cupos carcelarios difícilmente se alcanzará, puesto que a 2025 apenas se alcanzó un 20,55 % de avance físico.

La congestión judicial tampoco cede. En 2025, la mitad de los procesos permanecían sin resolución de fondo, con un índice de congestión superior al 49,49 %. A esto se suma el estancamiento de la investigación penal, puesto que, en 2025, el 91,08 % de las noticias criminales seguía en etapa de indagación, sin avanzar hacia una investigación formal.

Y mientras los problemas operativos se acumulan, el riesgo fiscal por las pretensiones judiciales contra el Estado ascendió a $699,83 billones en 2025, con una relación condena- pretensión cercana al 30 %. Esto significa que, además de los retos internos, el sistema enfrenta una amenaza directa sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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49,49 % índice de congestión judicial en 2025; prácticamente la mitad de los procesos permanecían sin resolución de fondo al cierre del periodo.

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Conclusiones y recomendaciones

El balance de 2020-2026, muestra que el Sector Justicia ha sido objeto de un crecimiento presupuestal significativo, orientado principalmente a garantizar su operación y a responder a crecientes demandas sociales. Sin embargo, este esfuerzo no se ha traducido de manera consistente en mejoras sustantivas en el acceso, la oportunidad y la eficacia de la justicia.

A manera de conclusión puede afirmarse que el principal desafío del Sector Justicia no radica únicamente en la disponibilidad creciente de recursos, sino en su ejecución efectiva y oportuna. Mientras persistan altos niveles de rezago presupuestal, los incrementos presupuestales continuarán teniendo un impacto limitado sobre el desempeño del sistema judicial y sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Superar esta brecha exige un fortalecimiento integral de la planeación estratégica, la gestión contractual, el seguimiento a la ejecución y la responsabilidad en el monitoreo permanente de los resultados.

En este sentido, el Gobierno entrante deberá orientar su gestión a mejorar sustancialmente la capacidad de ejecución presupuestal, asegurando que los recursos asignados se traduzcan en beneficios concretos y medibles para la ciudadanía. Solo así será posible incrementar la eficacia de la inversión pública y avanzar de manera decidida hacia un sistema de justicia más efectivo, oportuno y centrado en las necesidades sociales, para producir un impacto real en la garantía de derechos y en la confianza institucional. EC

AUTORES

Juan Carlos Jaramillo Palacio Director de Estudios Sectoriales Sector Justicia

Carlos Eduardo PeñarandaVillamizar Profesional Universitario

Katerine Mena Asprilla Profesional Especializado

Ludy Jeanette BaccaCaicedo Profesional Especializado

Referencias Bibliográficas

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• Departamento Nacional de Planeación. (2026, 28 de abril). CONPES 4082, Declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4082.pdf
• Dirección de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General de la República. (2023). Desafios de las políticas públicas, la institucionalidad y el uso de recursos en la crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia. https://www.contraloria.gov.co/resultados/ informes/analisis-sectoriales-y-politicas-publicas/analisis-sectoriales-justicia?p_p_id=com_liferay_document_library_web_portlet_ DLPortlet_INSTANCE_zbvq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view
• Direción de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General de la República. (2025a). Avances del Plan Decenal de Justicia 2017- 2027. Política de Justicia Formal a junio de 2025. https://www.contraloria.gov.co/documents/d/observatorio-de-control-y-vigilanciade- las-finanzas/boletin-plan-decenal-de-justicia-2017-2027
• Dirección de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General de la República. (2025b). Evaluación de desempeño. Prevención del daño antijurídico del Estado colombiano. https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/analisis-sectoriales-y-politicas-publicas/ analisis-sectoriales-justicia
• Dirección de Estudios Sectoriales Justicia, Contraloría General del la República. (2025c). Justicia Conectada: “Evaluación de la Transformación Digital del Sector Justicia en Colombia (2020-2024)”. https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/analisissectoriales- y-politicas-publicas/analisis-sectoriales-justicia/-/document_library/zbvq/view_file/10504962?_com_liferay_document_ library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_zbvq_redirect=https %3A %2F %2F
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• Jurisdicción Especial para la Paz. (2026, 28 de abril). Página principal. https://www.jep.gov.co/Paginas/inicio.aspx

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