ANDREY GEOVANNY RODRÍGUEZ LEÓN

Contralor Delegado para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte

CLAUDIA STELLA RUIZ RUIZ

Coordinadora de Gestión

Julio 2026, Edición 380.

POCAS INVERSIONES TIENEN UN IMPACTO TAN PROFUNDO sobre el desarrollo de un país como las destinadas a educación, ciencia, cultura, deporte y formación del talento humano. De la calidad de estos servicios dependen las oportunidades de millones de personas, la productividad futura de la economía y la capacidad para cerrar brechas sociales y territoriales. Por tal motivo, la manera como se administran y se ejecutan los recursos públicos destinados a estos sectores resulta tan importante como los montos que se les asignan.

Entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026, el control fiscal sobre educación, infraestructura educativa, alimentación escolar, universidades públicas, ciencia, cultura y deporte permitió identificar avances, riesgos y debilidades en la gestión de recursos estratégicos para el país. Como resultado de las actuaciones de vigilancia y control, se hicieron 1.185 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por valor de $1,18 billones, una cifra que refleja la magnitud de los desafíos que aún persisten en sectores específicamente relacionados con la garantía de derechos sociales y el cierre de brechas territoriales.

El gráfico 1 muestra los hallazgos fiscales a raíz de la auditoría llevada a cabo por la contralora delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte a lo largo del periodo 2022 (segundo semestre) -2026 (primer semestre), tras el proceso aplicado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que las principales afectaciones fiscales se concentran en deficiencias asociadas a la gestión judicial, con una cuantía de $453.000 millones, equivalentes al 40 % del total identificado. En segundo lugar, se ubican las deficiencias relacionadas con la ejecución contractual, por $212.000 millones (19 %), seguidas de problemáticas relacionadas con temas contables, con $161.000 millones (14 %). De igual manera, se identificaron afectaciones derivadas de deficiencias en la infraestructura educativa, por $74.000 millones (6 %), así como falencias en la prestación del servicio educativo, por $64.000 millones, equivalentes al 6 % del total determinado.

Esta distribución evidencia que las afectaciones fiscales del sector responden a problemáticas de carácter multidimensional, particularmente asociadas con debilidades en la gestión judicial, la contratación pública, la gestión contable y la administración de los servicios e infraestructura educativa.

Desde el punto de vista territorial, la mayor concentración de afectación fiscal se registra en la región Centro-Oriente, con $975.000 millones, equivalentes al 82 % del total de la cuantía determinada durante el periodo analizado.

El gráfico 2 expresa los hallazgos de la auditoría realizada entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2026, en el ámbito territorial.

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Por la magnitud de los recursos comprometidos y su relación con la administración de fondos destinados a la salud y las prestaciones económicas del magisterio, el FOMAG se consolida como uno de los asuntos de mayor relevancia fiscal dentro del balance sectorial analizado.

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La distribución de los hallazgos permite concluir que los riesgos fiscales en el sector responden a múltiples factores, y no a una única causa estructural. En el contexto descrito convergen debilidades relacionadas con la gestión judicial, la contratación pública, la calidad de la información contable, la infraestructura educativa y la prestación de los servicios, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control en dichos componentes estratégicos.

En el ámbito del control fiscal micro, las auditorías realizadas entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026 al Fomag pusieron de relieve deficiencias significativas en la gestión de los recursos públicos, con un detrimento patrimonial estimado en $694.581.236.684. Esta cuantía se originó sobre todo en el pago extemporáneo de facturas correspondientes a servicios de salud bajo el anterior modelo de atención para los docentes, situación que generó intereses moratorios superiores a $321.000 millones, cancelados durante las vigencias 2022 y 2023.

Asimismo, se identificó que se celebraron contratos de transacción sin ser aprobados previamente por el Consejo Directivo del Fomag. En relación con el nuevo modelo de salud, las auditorías evidenciaron, entre otros aspectos, omisiones en la constitución de Certificados de Registro Presupuestal (CRP), deficiencias en la formulación oportuna de glosas y en el pago de facturas, así como ausencia de garantías contractuales.

Adicionalmente, se identificó el uso indebido de recursos del fondo para el pago de sanciones moratorias durante las vigencias 2023 y 2024, lo que ocasionó pérdidas fiscales cercanas a $116.000 millones. Esta situación contraviene la normativa relacionada con la destinación específica de los recursos del Fomag para salud y prestaciones económicas, y afecta los principios de eficiencia y transparencia en el manejo del gasto público. Por la magnitud de los recursos comprometidos y su vínculo con la administración de fondos destinados a la salud y las prestaciones económicas del Magisterio, el Fomag se consolida como uno de los asuntos de mayor relevancia fiscal dentro del balance sectorial analizado.

En materia de infraestructura educativa, cultural, deportiva y de ciencia y tecnología, la delegada identificó 248 hallazgos con alcance fiscal, por valor de $138.665.726.222. Del total determinado, el 32 % corresponde a deficiencias técnicas en los proyectos, equivalentes a $44.900 millones; el 28 %, a obras inconclusas, por $38.4000 millones; el 21 %, a deficiencias en la planeación, por $29.500 millones, y el 19 %, a mayores valores pagados durante la ejecución, por $25.800 millones. Estos resultados reflejan que la infraestructura sigue siendo uno de los componentes más críticos de la gestión pública sectorial, sobre todo por las debilidades identificadas en las etapas de planeación, ejecución, supervisión e interventoría de los proyectos financiados con recursos públicos.

Otro hallazgo de importancia se presentó en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex): específicamente, en la línea de crédito educativo dirigida a población con discapacidad, bajo criterios de protección constitucional. Durante la vigencia 2022, la entidad giró recursos por $115.512.013.075, discriminados en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidios de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el cumplimiento integral de los requisitos establecidos para su asignación.

De acuerdo con los resultados de la auditoría, los beneficios subsidiarios financiados con recursos públicos fueron otorgados a personas que no cumplían las condiciones de focalización previstas en la normativa aplicable. Este hallazgo adquiere especial relevancia en el análisis del gasto público focalizado, en tanto revela que se comprometieron irregularmente recursos destinados a una población sujeto de especial protección constitucional.

Durante el periodo analizado también se hicieron 162 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $55.925.544.250, relativos a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las principales deficiencias detectadas corresponden a sobrecostos en la ejecución de los recursos, los cuales ascendieron a aproximadamente $40 mil millones y representan el 71 % del total de la cuantía determinada en esta materia.

Adicionalmente, se evidenciaron hallazgos asociados a debilidades en el desarrollo y la ejecución contractual, con una participación equivalente al 19 % del total de los resultados fiscales identificados. Desde una perspectiva territorial, las regiones Centro-Oriente y Caribe concentran las afectaciones más significativas, con cuantías cercanas a $13.000 millones y $12.000 millones, respectivamente.

Por otra parte, en relación con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a la financiación del PAE en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, al igual que en el municipio de Arauca, y correspondientes a las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, se identificaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de $29.000 millones. Estas irregularidades se originaron principalmente en deficiencias presentadas en distintas etapas de los procesos contractuales y en incumplimientos de los lineamientos técnicos e institucionales que regulan la operación del programa.

El gráfico 3 ilustra los hallazgos respecto al PAE durante el periodo mencionado.

Los resultados obtenidos evidencian persistentes debilidades en los mecanismos de planeación, contratación, supervisión y ejecución de los recursos destinados al PAE, aspecto particularmente sensible, dada su incidencia directa sobre la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.

Frente a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para el sector Educación, se evidenciaron 293 resultados fiscales por $80.090.958.857 durante el periodo. Estos resultados se concentran en deficiencias en la prestación del servicio educativo, con el 73 %, y problemas en la ejecución contractual, con el 21 %. Las regiones donde se concentran estas falencias son: Centro-Sur, con resultados por $19.000 millones; Caribe, por valor de $18.000 millones, y Pacífico, igualmente con $18.000 millones.

Por su parte, en la auditoría de cumplimiento a los proyectos y obras de infraestructura deportiva requeridos para la realización de los XXII Juegos Nacionales y Paranacionales en el Eje Cafetero 2023 e infraestructura deportiva, se establecieron ocho hallazgos con incidencia fiscal por $3.235.494.036.

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Frente a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para el sector Educación, se evidenciaron 293 resultados fiscales por $80.090.958.857 durante el periodo. Estos resultados se concentran en deficiencias en la prestación del servicio educativo, con el 73 %, y problemas en la ejecución contractual, con el 21 %.

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En materia de obras estratégicas, las actuaciones de vigilancia y control fiscal permitieron identificar riesgos, debilidades en la gestión y presuntas afectaciones fiscales en la ejecución de recursos públicos. En el Museo Nacional de la Memoria, la auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal desarrollada para la construcción del Museo de Memoria de Colombia, realizada en 2023, se hicieron cinco hallazgos, de los cuales tres fueron fiscales, por $12.998.341.660. Se destacó un hallazgo por $10.664.103.960, relacionado con irregularidades en pagos por equipos y obras parcialmente ejecutadas, obras no recibidas a satisfacción, elementos de concreto que no cumplen las normas de la resistencia contratada, obras duplicadas y deficiencias de supervisión por parte de la interventoría. Posteriormente, en la auditoría financiera al Centro Nacional de Memoria Histórica a la vigencia 2024, realizada en 2025, se configuró un hallazgo fiscal por $2.456.115.667, asociado a costos adicionales derivados de la falta de terminación del Museo de la Memoria.

Sobre los proyectos y las obras de infraestructura deportiva necesarios para la realización de los XXII Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 en el Eje Cafetero, el seguimiento permanente para el control concomitante y preventivo articulado con el control social mostró que, de 23 proyectos de inversión, solo el 30 %, equivalente a 7 proyectos, se hallaba dentro de los plazos establecidos. Además, se activó el mecanismo de articulación con el control interno, a través de lo cual se emitieron 18 alertas de control interno; de estas, diez alertas estaban vigentes por inoportunidad en los cronogramas, inviabilidad técnica y una alerta materializada por indeterminación de fuentes de financiación. En la auditoría de cumplimiento intersectorial, realizada en 2024, se establecieron 19 hallazgos, de los cuales 8 tuvieron incidencia fiscal por $3.235.494.036.

Desde el Control Fiscal Macro, la evaluación de la gestión y los resultados de la infraestructura educativa en Colombia 2015-2023 analizó los resultados del Plan Nacional de Infraestructura Educativa y los retos de dicha política pública. El informe determinó que el plan solo alcanzó el 24 % de su meta original, de construir y mejorar 30.680 aulas para finales de 2023, con 7.358 aulas entregadas, lo que equivale al 14 % del total de aulas definidas a 2030. De la misma forma, se identificaron sesgos territoriales y desbalance entre lo urbano y lo rural: de los 525 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) ejecutados y en ejecución, el 74,5 % corresponde a zonas urbanas, frente al 25,5 % de zonas rurales. Por otra parte, se determinó que el costo por aula no fue adecuadamente calculado, pues en 2015 se estableció en $146 millones, que traídos a valores de 2023 serían $229,5 millones. Sin embargo, el costo por aula promedia los $297,2 millones a 2023, una diferencia de $44,1 millones, o el 30 % más, situación que desfinanció el programa desde su inicio.

El estudio “Evaluación de la ejecución de la política pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE)” analizó el estado del programa y evidenció que para 2023 alcanzó el 79 % de los niños, las niñas y los adolescentes en edad escolar. Sin embargo, de los 32 departamentos del país, el 60 %, es decir, 19 departamentos, se encuentran por debajo del promedio nacional. Ni Amazonas, ni Casanare ni Guaviare alcanzan el 50 % del cubrimiento de la población estudiantil, y el municipio de Sahagún, en Córdoba, se identifica como un caso crítico, con una cobertura aproximada del 23 %. En poblaciones con enfoque diferencial, comunidades indígenas y afrodescendientes, se observa mayor desigualdad y falta de continuidad en el servicio. Además, se evidenció una prestación inoportuna del servicio, lo que es especialmente crítico en las regiones Caribe, con una cobertura de solo el 35 %, y Pacífico, con el 33 %. En dichas regiones, además, la implementación no siempre coincide con el calendario escolar. Por esa situación, 2.570.291 niños, niñas y adolescentes no recibieron de manera oportuna el servicio escolar.

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2.570.291 millones niñas, niños y adolescentes no recibieron de manera oportuna el servicio escolar.

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Así mismo, el estudio “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas 2019-2024” presenta un análisis detallado de la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 universidades públicas del país. Entre sus hallazgos principales, se evidencia una fuerte concentración de los recursos públicos en pocas instituciones con mayor cobertura y matrícula: la Universidad Nacional (UNAL), la Universidad Nacional Autónoma y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle (Univalle) reúnen casi la mitad de los ingresos nacionales y más de un tercio de los territoriales, lo que profundiza las inequidades en la distribución del gasto público. El informe también reconoce avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos; no obstante, persisten brechas significativas, desigualdades en la asignación de recursos, dificultades en la generación de ingresos propios, altos niveles de endeudamiento en varias universidades y el peso creciente del pasivo pensional, uno de los factores más críticos que afectan la sostenibilidad financiera, sobre todo en instituciones con menor capacidad de autofinanciamiento.

Finalmente, el balance sectorial muestra que los principales retos se concentran en fortalecer la planeación, mejorar la ejecución contractual, robustecer la supervisión e interventoría, asegurar la oportunidad y la continuidad de los servicios, proteger la destinación específica de los recursos públicos y avanzar hacia una gestión pública con eficacia y sostenibilidad financiera. Así mismo, las cifras del periodo analizado reflejan la necesidad de mantener el control fiscal sobre asuntos de alto impacto social, presupuestal y territorial, así como la de consolidar acciones que contribuyan a mejorar la calidad del gasto público en educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y deporte. EC

Referencias Bibliográficas

• Contraloría General de la República. (2026). Balance del sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte. Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República. (2024). Evaluación de la ejecución de la política pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el marco del Decreto 1852 de 2015: Análisis de la operación y prestación del servicio en 2023. Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República. (2024). Evaluación de la gestión y los resultados de la infraestructura educativa en Colombia 2015- 2023: Lecciones aprendidas y retos (Una mirada desde el control fiscal macro y micro) [Estudio sectorial]. Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República. (2025). Sostenibilidad financiera de las universidades públicas colombianas, 2019-2024. [Estudio sectorial]. Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República (2022). Informe de auditoría. Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República (2023). Informe de auditoría. Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República (2024). Informe de auditoría. Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República (2025). Informe de auditoría. Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
• Contraloría General de la República (s. f.). Visor de Resultados de la Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.

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