JOSÉ IGNACIO LÓPEZ

presidente asociación de instituciones financieras (ANIF)

Diciembre 2025, Edición 378.

EL COMERCIO INTERNACIONAL ATRAVIESA UNA DE SUS ETAPAS MÁS INCIERTAS EN DÉ- CADAS. Tras un largo periodo de expansión caracterizado por la liberalización, la cooperación multilateral y la integración de las cadenas globales de valor, el sistema enfrenta hoy una ola de fragmentación.

La desaceleración del crecimiento mundial, las tensiones geopolíticas y el retorno del proteccionismo han alterado el equilibrio económico construido desde la posguerra. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2025, intensificó este proceso al reinstaurar los aranceles como herramienta central de su política económica.

En un mundo que había apostado por la apertura, el viraje hacia el nacionalismo económico redefine las relaciones comerciales y genera efectos que se extienden más allá de las fronteras norteamericanas. Para economías intermedias y abiertas como la colombiana, este cambio representa tanto un desafío como una oportunidad.

El retorno del proteccionismo global

En apenas nueve meses, el promedio de los aranceles estadounidenses alcanzó 17,4 %, su nivel más alto desde 1935. La magnitud del incremento refleja un cambio estructural, no un simple episodio coyuntural.

Trump concibe los aranceles como instrumentos de negociación política y símbolos de soberanía económica. Bajo esa visión, gravar las importaciones de acero, aluminio, automóviles o maquinaria no solo busca proteger empleos domésticos, sino también reconfigurar el mapa industrial global. Sin embargo, el impacto agregado va mucho más allá de los sectores involucrados: las medidas unilaterales erosionan la confianza en las reglas del comercio internacional y generan una espiral de represalias.

Durante los últimos quince años, distintos choques —la crisis financiera global, la pandemia de covid, la guerra en Ucrania y las tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China— debilitaron los fundamentos de la globalización. Entre 2018 y 2024, el número de medidas restrictivas al comercio adoptadas por los países del G20 se multiplicó por diez, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Paralelamente, las políticas de subsidios industriales, los controles a la exportación de insumos estratégicos y las regulaciones ambientales más estrictas han fragmentado los mercados.

La narrativa de la apertura y la eficiencia está siendo sustituida por la del control, la seguridad y la resiliencia. La globalización, entendida como un proceso lineal de integración, ha dado paso a un escenario multipolar y defensivo.

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Las rutas del comercio mundial están siendo redibujadas por aranceles, tensiones geopolíticas y rivalidades tecnológicas. Un sistema que antes fluía sin fricción se fragmenta en esferas de influencia que redefinen costos, riesgos y oportunidades para economías abiertas como Colombia.

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Crecimiento mundial en desaceleración y vulnerabilidad de las economías emergentes

Esta nueva ola de proteccionismo ocurre en un contexto de desaceleración del crecimiento global. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el PIB mundial se reduzca del 3,3 % en 2024 al 3,2 % en 2025 y 3,1 % en 2026, con las economías avanzadas creciendo alrededor del 1,5 % y los mercados emergentes y en desarrollo ligeramente por encima del 4 %. Son malas señales cuando se comparan con el promedio de 3,8 % observado en las dos décadas previas a la pandemia.

Las cadenas globales de valor —columna vertebral de la expansión económica desde los noventa— se están replegando, afectando la productividad y el acceso a tecnologías intermedias. En términos estructurales, la fragmentación comercial reduce la eficiencia global y encarece la producción, generando presiones inflacionarias en un momento de alto endeudamiento público y privado.

Para América Latina esta combinación de menor demanda externa, precios volátiles de materias primas y mayores tasas de interés en el mundo desarrollado implica una pérdida de impulso. Colombia, en particular, mantiene una alta dependencia de las exportaciones de recursos naturales —petróleo, carbón y oro— que representan cerca del 52 % de la canasta exportadora, lo que la hace vulnerable a la caída de precios internacionales y a la menor demanda global. El país también enfrenta una desaceleración de la inversión extranjera directa, presionada por la incertidumbre regulatoria y la competencia regional.

El impacto no es solo económico. La menor expansión del comercio limita el margen fiscal: los ingresos del Gobierno, dependientes en parte de las rentas del sector minero-energético (22 % del recaudo total del impuesto de renta corporativa) y de los tributos a las importaciones, se ven presionados. Así, el proteccionismo global repercute en las finanzas y restringe la capacidad de reacción ante choques externos.

Aranceles y reconfiguración de las cadenas de valor

Más allá de su efecto inmediato sobre los precios y la producción, los aranceles están modificando la geografía de la manufactura global. La política estadounidense de friend-shoring busca trasladar la producción de bienes estratégicos hacia países aliados o políticamente confiables.

La consecuencia es un rediseño de las cadenas globales de valor. Asia oriental, epicentro de la industrialización de las últimas décadas, enfrenta una pérdida relativa de atractivo, mientras regiones cercanas a Estados Unidos —como México y Centroamérica— captan nuevas inversiones. Este fenómeno del nearshoring ofrece una oportunidad sin precedentes para América Latina, pero su concreción depende de la capacidad de cada país para ofrecer infraestructura, estabilidad y capital humano competitivo.

Colombia, por su ubicación geográfica y su red de acuerdos comerciales, podría ser uno de los beneficiarios potenciales. Sin embargo, las limitaciones en logística, los altos costos energéticos y la complejidad regulatoria reducen su atractivo. El costo promedio de transportar mercancías desde el centro del país hasta los puertos del Caribe duplica el de otras economías comparables, lo que limita la competitividad de las exportaciones no tradicionales.

Sin mejoras en conectividad portuaria y digital, el país corre el riesgo de rezagarse frente a México, Costa Rica o República Dominicana, que ya se posicionan como plataformas regionales de producción.

Efectos sobre el desempeño económico colombiano

Hasta ahora, Colombia ha sorteado con relativa solidez la incierta coyuntura del comercio internacional. A diferencia de otros países emergentes más expuestos a la confrontación arancelaria entre grandes potencias, el país mantiene una posición intermedia que le ha permitido amortiguar los efectos más directos del proteccionismo. Actualmente, cerca del 52 % de la canasta exportadora colombiana permanece exenta de aranceles, mientras el resto enfrenta gravámenes promedio del 10 %, un nivel que si bien dista de ser óptimo, no altera de forma sustancial los patrones de comercio por aplicarse de manera generalizada.

Sin embargo, los efectos indirectos de la política comercial estadounidense —en particuparticular, su impacto sobre el crecimiento global y la confianza de los mercados— sí podrían afectar a Colombia a través de los canales reales y financieros. Una desaceleración mundial reduciría la demanda por materias primas, podria presionar los términos de intercambio y también limitar el espacio fiscal.

Aun así, los resultados recientes del comercio exterior muestran cierta resiliencia. En el primer semestre de 2025 las exportaciones totales crecieron 1,6 % anual, revirtiendo la contracción de 2,7 % del mismo período del año anterior. Esta mejora, aunque modesta, sugiere capacidad de ajuste frente al entorno global más adverso.

Las exportaciones tradicionales —petróleo, carbón, café y ferroníquel— continúan con un comportamiento mixto: en el acumulado enero- junio de 2025 cayeron 8,7 %, con descensos de 15 % en petróleo y 33 % en carbón, afectados por menores precios internacionales y restricciones logísticas en algunos puertos. No obstante, el café sobresale como excepción positiva, con un aumento de 83,2 % anual impulsado por mayores volúmenes y precios internacionales favorables ante la menor oferta en Brasil y Centroamérica. Aun así, el repunte cafetero no compensa el deterioro del componente minero- energético, principal determinante de las exportaciones totales y de la balanza de pagos.

En contraste, las exportaciones no tradicionales muestran un desempeño más alentador. En el primer semestre de 2025 crecieron 13,4 %, con dinamismo en alimentos procesados (+33,2 %) y manufacturas ligeras (+16,2 %). Este patrón sugiere una incipiente reorientación del aparato exportador hacia bienes de mayor valor agregado, con potencial de ampliarse si se consolidan políticas de competitividad, infraestructura y promoción comercial.

En conjunto, los resultados revelan que, aunque la coyuntura internacional está cargada de riesgos, Colombia dispone de márgenes de maniobra importantes. La combinación de una exposición relativamente baja a los nuevos aranceles, una canasta parcialmente diversificada y un tipo de cambio competitivo le permite mantener un desempeño razonable frente a la desaceleración global. No obstante, sostener y profundizar esa resiliencia requerirá reformas estructurales que fortalezcan la productividad, reduzcan los costos logísticos y amplíen la base exportadora más allá del sector minero-energético.

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La narrativa de la apertura y la eficiencia está siendo sustituida por la del control, la seguridad y la resiliencia. La globalización, entendida como un proceso lineal de integración, ha dado paso a un escenario multipolar y defensivo.

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Escenario de riesgos

Colombia no representa una amenaza comercial para Estados Unidos, pues no mantiene una balanza superavitaria pese a las bajas tasas arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. De hecho, el déficit comercial alcanzó US$1.191 millones FOB en 2024. Además, las exportaciones colombianas son principalmente de productos primarios — sustentados en ventajas geográficas y climáticas— que no erosionan intereses estratégicos de la economía norteamericana.

Aun así, un eventual episodio de imposición unilateral de mayores aranceles implicaría un alto costo económico y social para Colombia. En un escenario en el que se aplicara un arancel ad valorem del 25 % a todas las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos —incluidos petróleo y carbón, hoy exentos del 10 %—, el impacto sería severo sobre crecimiento, empleo e inversión.

Según estimaciones de ANIF, bajo ese escenario las exportaciones hacia Estados Unidos caerían cerca de 17 %, lo que representaría una reducción de US$2.437 millones frente al total de US$14.366 millones exportados en 2024. En términos trimestrales, equivaldría a una caída de US$621 millones, aproximadamente un 5 % del total exportado por Colombia.

La balanza comercial pasaría de un déficit de US$1.191 millones FOB en el escenario base a uno de US$3.628 millones FOB con el choque arancelario (ampliación de US$2.437 millones) y a US$2.473 millones en caso de represalias recíprocas.

En ese contexto, el crecimiento económico sería inferior durante el primer año del choque: bajo un arancel universal de 25 %, el PIB colombiano crecería 1,5 %, frente al 2,8 % previsto en el escenario base. Este cálculo debe entenderse como una cota mínima del efecto, pues la disrupción puede ser mayor si la caída en exportaciones se asocia con quiebras empresariales o un aumento generalizado de las primas de riesgo. Dos años después del choque, la economía sería 1,3 % más pequeña en pesos constantes, lo que implicaría una pérdida de ingreso de $45.6 billones en los primeros dos años.

La menor demanda externa también afectaría el empleo y la inversión: se estima una reducción de 0,6 % en el número de ocupados —unos 139.000 puestos de trabajo menos al cierre de 2026— y una caída similar en el crecimiento de la inversión el primer año del choque.

Un escenario de represalia, con un arancel del 25 % a las importaciones desde Estados Unidos, agravaría los efectos. En 2024, las importaciones totales de Colombia sumaron US$64.105 millones, de los cuales US$16.465 millones (25,6 %) provinieron de EE. UU. Un arancel de 25 % encarecería significativamente esos productos y podría amplificarse por una devaluación del peso.

De acuerdo con los cálculos de ANIF, dicho arancel aumentaría el índice de precios del productor en 580 puntos básicos, lo que se traduciría en una reducción adicional del crecimiento de 0,16 puntos porcentuales y un incremento de 50 pb en la inflación al consumidor durante el primer año.

En suma, una guerra comercial con Estados Unidos tendría efectos negativos en crecimiento, empleo e inversión, y vendría acompañada de un choque inflacionario que afectaría el bienestar de los hogares.

El dilema de la política económica

Frente a este entorno de riesgos, la respuesta de política económica debe ser equilibrada y estratégica. En el corto plazo, la prioridad es preservar la estabilidad macroeconómica: controlar la inflación, mantener un tipo de cambio flexible y asegurar la sostenibilidad fiscal. La política monetaria enfrenta el reto de calibrar el ritmo de reducción de tasas en un contexto de inflación persistente y volatilidad externa.

La política fiscal, por su parte, debe pasar de la contención coyuntural a una consolidación sostenible, basada en la eficiencia del gasto, la estabilidad normativa y la promoción de la inversión productiva. Preocupa que Colombia pueda cerrar este año con un déficit fiscal cercano a 7,5 % del PIB y una cifra cercana a 7 % en 2026. Una prioridad del próximo gobierno será implementar un plan de choque para estabilizar las finanzas públicas.

En el mediano plazo, el desafío es estructural: fortalecer la productividad y diversificar la base exportadora. La experiencia internacional muestra que los países que mejor resisten los ciclos del comercio global son aquellos con oferta diversificada y alta inserción en cadenas regionales de valor.

Colombia debe avanzar en tres frentes: (i) desarrollo de infraestructura física y digital que reduzca los costos logísticos; (ii) impulso a la innovación y la formación técnica; y (iii) simplificación regulatoria para atraer inversión. En este contexto, la estabilidad jurídica y tributaria es tan importante como la competitividad de costos.

La integración regional es otro pilar. La Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina ofrecen plataformas para coordinar políticas de comercio, energía y transporte. Reactivar estos mecanismos permitiría aprovechar economías de escala, armonizar normas y fortalecer el poder negociador de la región.

La coordinación regional cobra especial relevancia ante los cambios normativos ambientales en Europa y Norteamérica —como los impuestos fronterizos al carbono o los estándares de sostenibilidad—. Una estrategia conjunta puede evitar que estas políticas se conviertan en barreras no arancelarias para los productos latinoamericanos.

Nuevas dimensiones del comercio: tecnología y sostenibilidad

El comercio internacional del siglo XXI ya no se define solo por bienes físicos, sino también por flujos de datos, servicios digitales y tecnología. La competencia global se traslada a sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología o la energía limpia. Las disputas por el control de las cadenas de semiconductores o de minerales críticos equivalen hoy a las batallas arancelarias del pasado.

Colombia no puede permanecer al margen de esta transformación. Su política industrial debe alinearse con la transición digital y energética global, promoviendo la formación de capital humano especializado y el acceso a tecnologías limpias. La inversión en conectividad, ciberseguridad y servicios digitales exportables será esencial para ampliar la base de ingresos externos.

En paralelo, la sostenibilidad ambiental se consolida como eje de la política comercial. Los países desarrollados integran cada vez más criterios verdes en sus sistemas de acceso a mercados, y las empresas que no cumplan estándares de carbono, trazabilidad o derechos laborales enfrentarán penalizaciones.

Para Colombia, un país con alta biodiversidad y potencial en energías renovables, esta tendencia representa una oportunidad para construir una ventaja comparativa basada en sostenibilidad. Las exportaciones de bienes ‘verdes’ —como hidrógeno, etanol o productos agrícolas certificados— podrían convertirse en nuevos motores de crecimiento si se establecen marcos de incentivos claros.

Colombia ante la fragmentación geopolítica

La actual rivalidad entre Estados Unidos y China trasciende lo económico: configura un nuevo orden geopolítico. América Latina se encuentra en el centro de esta competencia, tanto por su riqueza en recursos naturales como por su posición estratégica. Para Colombia, mantener una política exterior pragmática y diversificada será esencial.

Fortalecer los lazos con Estados Unidos garantiza acceso preferencial a su mercado y apoyo financiero, pero una excesiva dependencia puede limitar la autonomía frente a otras regiones. Por su parte, la relación con China y Asia oriental ofrece oportunidades en infraestructura, tecnología y energía, aunque requiere manejar con cuidado las asimetrías.La diplomacia económica adquiere, por tanto, un rol central. El país necesita una estrategia de inserción internacional que combine apertura selectiva con defensa de sus intereses nacionales. Diversificar los destinos comerciales hacia África y Medio Oriente también puede reducir la exposición a los ciclos de las potencias tradicionales.

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Una guerra comercial con Estados Unidos tendría efectos negativos en crecimiento, empleo e inversión, y vendría acompañada de un choque inflacionario que afectaría el bienestar de los hogares.

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Perspectivas y conclusiones

El regreso del proteccionismo y la desaceleración del comercio mundial marcan un cambio de era. Los aranceles, que en el pasado se consideraban instrumentos obsoletos, vuelven a ocupar un lugar central en la política económica y geopolítica. Su impacto sobre el crecimiento, la inflación y la confianza es innegable. En este entorno, las economías emergentes deben navegar entre las tensiones de las grandes potencias y sus propias limitaciones internas.

Colombia enfrenta un doble desafío: adaptarse a la nueva configuración del comercio internacional y, al mismo tiempo, transformar su estructura productiva. La apertura de las últimas décadas le otorgó acceso a mercados, pero no garantizó diversificación. El contexto actual exige una nueva agenda de competitividad: más infraestructura, innovación, educación técnica y coherencia regulatoria.

Las tensiones globales también ofrecen oportunidades. La relocalización de la producción, la demanda por bienes sostenibles y la digitalización abren espacios para los países que actúen con rapidez y claridad estratégica. Aprovechar esas oportunidades requiere visión de largo plazo, coordinación público-privada y políticas estables.

En última instancia, la lección que deja el retorno de los aranceles es que la competitividad no se decreta ni se negocia: se construye internamente. Un país capaz de combinar estabilidad macroeconómica con productividad, sostenibilidad y confianza institucional podrá convertir las turbulencias del comercio global en un motor de transformación. Colombia tiene las condiciones para hacerlo, pero el tiempo para actuar es limitado. El nuevo orden comercial no espera. EC

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