CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA

presidente de Andesco y del consejo gremial nacional

Octubre 2025, Edición 377.

EN TODA ACTIVIDAD LA argumentación seria y rigurosa está basada en datos y estudios debidamente fundamentados. El pasado 5 de julio se celebró un año más de la Constitución de 1991, que permitió una verdadera revolución silenciosa en la prestación de los servicios públicos y comunicaciones en el país. Pocas veces podemos decir que una acción conjunta entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sector empresarial público, privado, mixto y comunidades organizadas presentan excelentes resultados para los colombianos, construyendo paso a paso un sistema con indicadores muy superiores al promedio latinoamericano y siendo verdaderos agentes de cambio positivo para el bienestar de todos los habitantes del país.

Como desarrollo del texto constitucional, en 1994 hubo una verdadera revolución positiva silenciosa en Colombia debido a la expedición de la ley 142 (Régimen de Servicios Públicos), la ley 143 (ley eléctrica) y posteriormente, en 2009, la ley 1341 para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la ley 1978 de 2019 para la modernización del sector TIC, producto de los principios constitucionales de 1991.

En todo el país prestan los servicios empresas públicas, mixtas y privadas. Los resultados son evidentes y positivos. En ese contexto, podemos afirmar que a partir de datos rigurosos, el panorama de los servicios públicos y TIC, no exento de retos y preocupaciones, es alentador y concluyente acerca del éxito de esta transformación empresarial.

Los fines de esta legislación, plenamente vigentes, son tener eficiencia y calidad en la prestación de los servicios; ampliar la cobertura; contar con una participación libre y en condiciones de competencia de los prestadores de los servicios; definir claramente el rol del Estado como promulgador de política; contar con instituciones técnicas y especializadas para la regulación, la vigilancia y control; garantizar la sostenibilidad financiera y gestión bajo el derecho privado; estructurar un esquema de solidaridad y redistribución de ingresos con subsidios y contribuciones; impulsar el control social a través de los vocales de control.

Antes de las reformas era evidente la debilidad financiera de las entidades prestadoras, con dificultades para cubrir costos de operación y mantenimiento y atender las expansiones requeridas. Tener una conexión telefónica era un lujo y había que recurrir a la ‘palanca política’ para obtenerla. Los botaderos a cielo abierto eran lo común; la continuidad del servicio de acueducto era privilegio de las principales ciudades; el cocinol era el combustible para la cocción de alimentos, con colas larguísimas para llenar un bidón. Las tarifas correspondían a criterios políticos, que se reflejaba en baja calidad en la prestación de los servicios y en algunos casos en su inexistencia. En consecuencia, existía una debilidad financiera en las empresas y cuantiosas cifras del presupuesto nacional se destinaban a cubrir los servicios. Por ejemplo, la deuda sectorial eléctrica correspondía al 30 % de la deuda nacional.

Hoy, las empresas han logrado consolidarse y garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios, evitando apagones incluso en condiciones climáticas extremas. Se han establecido entidades especializadas para la regulación, vigilancia y control, lo que ha permitido una gestión más eficiente y sostenible. Sin embargo, el sector de energía y gas sigue enfrentando retos significativos.

En los últimos dos años, la ausencia de consensos suficientes en el ámbito político ha ralentizado el otorgamiento de licencias ambientales necesarias para la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas en el país, lo que ha contribuido a generar cierta incertidumbre sobre el futuro abastecimiento de este recurso. Además, los comercializadores de energía han enfrentado dificultades financieras debido al incremento en costos y la acumulación de deudas del Gobierno central sobre los subsidios otorgados a los estratos menos favorecidos.

Cobertura de servicios

• Con respecto a las coberturas, si se hace un comparativo entre 1990 y 2024, los cambios han sido impresionantes, como lo certifican los siguientes resultados: (Gráfico 1).
• Energía eléctrica pasó del 70,90 % al 98,86 %, de 25 millones de habitantes atendidos a 52,5 millones y sin racionamiento y con mejor calidad;
• Gas natural, 3,06 % al 70,80 % y menos de un millón de personas a 37,6 millones atendidos;
• Acueducto, sobre todo en zonas urbanas, de 68,30 %, considerando también los factores de calidad y continuidad, a valores de 93,45 %, de 22,7 millones a 49,6 millones de personas;
• La calidad del agua ofrecida mejoró notablemente y la mortalidad infantil pasó de 30,8 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos en 1998 a 13,8 en 2024, (reducción del 55 %);
• Alcantarillado de 61,24 % a 79,10 %, es decir, de 20,3 millones a más de 42 millones;
• Aseo de 56,70 % a 86,98 %, de 18,8 millones de habitantes a casi 46,2 millones;
• Hoy la tasa de disposición adecuada de residuos es superior al 90 %;
• TIC pasó de 7 millones de líneas fijas de solo voz a más de 9,1 millones de conexiones fijas a internet y de no existir líneas móviles a más de 92 millones;
• La televisión solo tenía una oferta de tres canales; actualmente hay más de seis millones de abonados a televisión por suscripción, sin contar las nuevas plataformas de streaming, entre otros.

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La conectividad tic alcanzó 92 millones de líneas móviles y existen más de 9 millones de conexiones fijas a internet.

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Hay una preocupación importante con respecto a varios proyectos sobre todo de energía y gas. El cronograma tiene dificultades por causa de consultas ciudadanas y trámites ambientales. Es fundamental eliminar este cuello de botella, para poder garantizar, con la confianza necesaria, los retos de atención de la demanda creciente por los servicios de energía.

Igualmente, persiste la preocupación por el suministro de gas natural, a partir de recuperar la soberanía energética y así no depender de importaciones más costosas de este energético para garantizar el servicio. En el tratamiento de aguas residuales, el reto mayúsculo y de interés estratégico nacional está en poder empezar la construcción de la PTAR Canoas, esperando que se destraben trámites y autorizaciones, sobre todo financieras, por parte del Gobierno Nacional.

En agua potable el reto es seguir asegurando el suministro y apalancar proyectos de embalsamiento y protección de cuencas. En aseo y gestión de residuos es imperativo incentivar la conversión de los viejos rellenos sanitarios en verdaderos parques ambientales, como ya se tienen en varias partes del país, por lo que preocupa que los marcos regulatorios que se están proponiendo actualmente en vez de favorecerlos tienen a crear ambientes de mayor incertidumbre.

En TIC, la preocupación constante son las barreras en los diferentes municipios para el despliegue de la infraestructura, donde se exige que haya más velocidad y cobertura pero no se permite la necesaria instalación de las antenas y repetidores necesarios.

Manejo e incidencia de las tarifas

Con respecto a las tarifas es importante indicar que están orientadas hacia costos eficientes de prestación del servicio. Frente al IPC y el incremento tarifario y su incidencia en el costo de vida que cubre muchos titulares, es vital aclarar que los servicios públicos y TIC no son el rubro mayoritario para el cálculo del IPC, toda vez que primero están vivienda y alimentos, entre otros.

Sectorialmente, según los datos del Dane, en el mes de junio de 2025 el sector de servicios públicos sigue una tendencia de reducción en su variación anual, pasando del 10,59 % registrado en junio del 2024 a -9,72 % registrado en junio del 2025, estando por debajo de la variación anual del IPC y siendo un sector deflacionario. Luego, es una demostración fehaciente de que la estructura regulatoria completa, con técnica y no a la brava y caprichosa, funciona perfectamente.

En energía eléctrica, en junio de 2024 la variación anual fue del -4,81 % recuperándose del 19,1 %, que resulta impresionante, debido a mayores lluvias que aumentaron la oferta hidroeléctrica y la reducción del indexador de contratos (IPP). Preocupa que la demanda de energía sigue creciendo y la oferta está estancada, porque los proyectos de generación y transmisión siguen en el papel por procesos de consultas y trámites ambientales.

En acueducto disminuimos de 7,9 % a 6,89 % y que no decir del alcantarillado que pasó de 9,28 % a 4,58 %. Aseo pasó de 11,6 % a 9,86 % sabiendo que existe un sobre registro en las toneladas de aprovechamiento.

En TIC, los servicios fijos, móvil e internet tienen una variación de solo 0,24 % (0,79 % en 2024) y el servicio de TV por suscripción pasó de 3,56 % a -0,34 %. (Cuadro 1)

Frente al tema del gas, estos incrementos y la clara pérdida de reservas para garantizar la soberanía energética en este tópico, debido a la política de cerrar cualquier tipo de posibilidad de exploración y explotación de gas, sumado al marchitamiento de Ecopetrol, se traduce en que hay que importar este combustible a costos mayores, incluyendo ya el tema del servicio residencial. Esto es una muestra de que una política con alta carga ideológica frente al sector de hidrocarburos, desconociendo lo que universalmente se ha dicho en los distintos estamentos especializados que el gas natural es el combustible de la transición energética, en vez de favorecer al ciudadano termina generando mayores costos y riesgos de desabastecimiento.

Sistema de subsidios

En relación con el tema de subsidios no sobra recordar que una de las características fundamentales del régimen normativo en servicios públicos domiciliarios es el principio de solidaridad en donde los estratos 1, 2 y 3 reciben un subsidio para que el pago del servicio sea menor y los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales paguen una contribución. Como puede haber un déficit entre subsidios y contribuciones, éste debe ser cubierto por parte de los presupuestos, bien sea nacional o territorial. Los porcentajes de subsidio y los sujetos de este, así como los valores de contribución varían dependiendo del servicio. Así, por ejemplo, en el servicio de energía y gas natural el déficit se cubre con recursos del Presupuesto General de la Nación. En los servicios AAA debe haber un balance a partir de los recursos territoriales teniendo como principal fuente el Sistema General de Participaciones. (Gráfico 2)

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Hoy más de 52 millones de colombianos cuentan con energía eléctrica estable y sin racionamientos, el acceso al gas natural pasó de menos del 4 % a cubrir más de 37 millones de personas, la cobertura de acueducto aumentó del 68 % a más del 93 %, transformando la salud y la calidad de vida.

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En energía eléctrica ha aumentado la preocupación de la apropiación total de recursos en el presupuesto nacional para cubrir el déficit cada vez más creciente, generando una dificultad inmensa en el flujo de caja de las empresas prestadoras, lo que ha generado desde Andesco llamados urgentes, como también lo han hecho la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para abocar con rigor este tema por parte del Gobierno Nacional y pagar sin retraso y con oportunidad los valores adeudados.

Igual sucede con el gas natural, donde hay un incremento entre el déficit y contribuciones, con 1.1 billones de pesos de subsidios y solamente 156 mil millones de pesos de contribuciones, equivalente a un déficit de 1.024 billones de pesos. (Gráfico 3)

En agua y saneamiento el esquema de subsidios y contribuciones es de orden territorial, donde el balance entre los mismos (equilibrio) debe ser cubierto por el presupuesto del municipio o distrito, con recursos provenientes principalmente del Sistema General de Participaciones.

En acueducto, en pesos corrientes, los subsidios pasaron de aproximadamente 370 mil millones de pesos en 2003 a 889 mil millones en 2023. Las contribuciones provienen mayoritariamente del sector comercial y de los estratos 5 y 6, mientras que los subsidios están dirigidos principalmente a los estratos 1, 2 y 3.

En alcantarillado la evolución de los subsidios en pesos corrientes durante el periodo 2003-2023, pasaron de 300 mil millones de pesos y subsidios que alcanzan los 637 mil millones.

En aseo, en 2023 los subsidios corresponden a 727 mil millones de pesos y las contribuciones de los estratos 5, 6, usuarios comerciales y residenciales ascienden a 695 mil millones de pesos. En estos servicios falta por consolidar los datos de 2024, los cuales se estiman que estarán por el mismo orden de magnitud.

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Cualquier propuesta de modificación y de cambio sectorial debe tener en cuenta los impactos a todo nivel y su incidencia fiscal; garantizar la seguridad jurídica y no poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos, elementos esenciales que soportan el gran avance presentado.

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Con relación a TIC hay que recordar que no son un servicio público domiciliario desde el ajuste legal en 2009. Este cambio evidencia una transición progresiva hacia el uso de Internet como principal medio de comunicación, incluyendo la realización de llamadas mediante plataformas digitales. El crecimiento sostenido de la conectividad móvil ha sido impulsado por la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones y por una demanda creciente de servicios digitales por parte de la población. De hecho, ante intentos actuales gubernamentales de volver domiciliario el internet fijo, consideramos su inconveniencia porque en nada contribuye a ampliar la cobertura y la calidad y por el contrario significaría un retroceso que puede desincentivar la inversión.

Desde el punto de vista macroeconómico, con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) el sector de servicios públicos y TIC representa casi un 7 % del PIB nacional. (Gráfico 4)

El subsector de energía y gas representa más de la mitad de este valor; luego TIC, con un poco más de la tercera parte y el subsector de agua y saneamiento, que incluye también la gestión de los residuos sólidos, es el de menor participación. (Gráfico 5)

En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia cayó un 15,24 % frente a 2023, impactada por la desaceleración económica global, el aumento de tasas de interés y las tensiones geopolíticas, factores que han afectado la confianza de los inversionistas. En este contexto, el sector de servicios públicos y TIC ocupó el sexto lugar en atracción de IED con USD 1.191 millones equivalente a un 8,37 % del total. Infortunadamente este valor es un poco más de la tercera parte del año anterior.

La incertidumbre económica y política, el incremento de la carga tributaria y las altas tasas de interés han limitado la inversión en áreas estratégicas. Además, la crisis comercial con Estados Unidos y la reducción del 26,76 % en la inversión en el sector minero-energético han restringido los flujos de capital. Históricamente, el sector de servicios públicos y TIC ha representado en promedio el 15 % de la IED total en los últimos 30 años, con picos destacados en 1997 y 2016. No obstante, en 2024 su participación se redujo, reflejando un entorno económico más complejo y una menor confianza de los inversionistas. (Gráfico 6)

Uno de los principales problemas del empleo en Colombia es la alta tasa de informalidad, que actualmente supera el 55 %. A finales de los años 90, esta cifra era cercana al 52 %. En el sector contrario a los datos de informalidad nacional se tienen más de 733 mil trabajadores, con un 76 % de formalidad. La mayor informalidad está en los sistemas de acueducto veredales y grupos de recicladores. Para el caso del Distrito Capital, la cifra de formalidad sectorial supera el 85 %, siendo el mayor reto la formalización de los recuperadores ambientales de residuos sólidos. (Gráfico 7).

De ser una carga tributaria para la nación, sin pagar impuestos en 1990, en 2024 reportó el pago de impuesto de renta y de IVA por valor de 7.17 billones de pesos representando el 7,05 % del total nacional. En los últimos 20 años el sector ha aportado anualmente en promedio 3 billones en el pago de impuesto de renta.

Sin duda, resultan contundentes los datos para indicar que el régimen de servicios públicos y TIC ha beneficiado a los colombianos en general. Los retos ya no son exclusivamente brindar el servicio con calidad y eficiencia; son también cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural; la apropiación digital y tecnológica; la transición y eficiencia energéticas; la economía circular y la seguridad hídrica.

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Uno de los principales problemas del empleo en Colombia es la alta tasa de informalidad, que actualmente supera el 55 %.

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Estamos prestos a actualizar lo que haya que actualizar, construyendo sobre lo construido, preservando los innegables resultados obtenidos y potenciando hacia mejores estadios en beneficio de todos los colombianos.

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El régimen de servicios públicos muestra con orgullo sus resultados, teniendo prestadores listos para continuar consolidando, en todo el territorio nacional, la paz, la equidad, la prosperidad, la competitividad y la productividad. (Gráfico 8)

El papel de los organismos de control, en el ámbito de su competencia, es importante como salvaguarda de este sector y de sus logros que con tanto esfuerzo se ha construido. Por eso, cualquier propuesta de modificación y de cambio sectorial debe tener en cuenta los impactos a todo nivel y su incidencia fiscal; garantizar la seguridad jurídica y no poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos, elementos esenciales que soportan el gran avance presentado.

Entre todos está la responsabilidad de seguir contando con más y mejores servicios, con atención y cobertura al mayor número de habitantes y con el mejor precio posible. Toda estructura sectorial y su normativa tiene que ir actualizándose, especialmente cuando el ecosistema digital se convierte en una herramienta poderosa para apalancar mayores eficiencias.

Estamos prestos a actualizar lo que haya que actualizar, construyendo sobre lo construido, preservando los innegables resultados obtenidos y potenciando hacia mejores estadios en beneficio de todos los colombianos.

Como queda ratificado, estos servicios son el mejor nivelador social por excelencia y por eso exigimos que entre todos tomemos las mejores decisiones para garantizar servicios públicos en el presente y el futuro. Para ello es indispensable quererlos, cuidarlos y pagarlos. ¡Manos a la obra! EC

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