LUZ STELLA MURGAS MAYA

presidente asociación colombiana de gas

Octubre 2025, Edición 377.

HABLAR DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL en Colombia es hablar de uno de los pilares silenciosos de la economía nacional, de un energético que llega a más de 36 millones de colombianos y que se ha convertido en garantía de bienestar, desarrollo y equidad. Hoy su aporte va mucho más allá de la cocción de alimentos en millones de hogares, es un insumo esencial para sectores productivos, soporte de la generación eléctrica en tiempos de crisis hídrica y motor de proyectos sociales que han transformado la vida de comunidades enteras.

Sin embargo, este sector enfrenta hoy una encrucijada decisiva: cómo garantizar la seguridad energética del país frente a la caída sostenida de las reservas, a la creciente necesidad de acceder a fuentes externas de gas natural y al impacto fiscal por importar a mayores precios, lo cual significa incrementar los subsidios y ello a su vez presiona las finanzas públicas. La pregunta de fondo ante este panorama es ¿cómo transformar esta coyuntura en una oportunidad para el país, con decisiones de política pública que fortalezcan la seguridad energética y nos permita alcanzar la transición?

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La situación actual plantea una paradoja: Colombia no ha perdido su autosuficiencia porque se agotó el gas sino porque dejó de buscarlo. En 2012 el país perforaba 130 pozos exploratorios, mientras que en 2024 apenas fueron 27.

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Para explorar la respuesta a esta inquietud debemos considerar la dimensión económica del gas natural que representa el 1 % del PIB y muestra resultados contundentes. De acuerdo con el más reciente Informe Económico de la industria, en 2024 las empresas que conforman la cadena de valor del gas natural invirtieron USD 817 millones, cifra que, aunque representó una caída del 21 % frente a 2023, refleja un sólido compromiso de largo plazo con la exploración y producción, que concentró el 90 % de los recursos. A esta inversión se suman los USD 17.8 millones destinados a proyectos sociales, que beneficiaron a 1,5 millones de colombianos en 191 municipios del país y los $3.3 billones aportados a la nación a través de impuestos y regalías, equivalentes al 0,19 % del PIB y al 1,3 % del recaudo total de impuestos.

Para 2025 la industria proyecta un incremento del 37 % en las inversiones en exploración y producción, alcanzando USD 1.007 millones, con el objetivo de ampliar la oferta y mitigar la dependencia de fuentes externas del energético. Estos datos no son sólo cifras de un sector, sino que también representan empleos, estabilidad macroeconómica y la posibilidad de mantener la competitividad industrial del país.

Sin embargo, la realidad del abastecimiento refleja una tensión estructural que necesita especial atención. Durante 2024 la oferta agregada de gas natural en Colombia fue de 1.168 GBTUD, de los cuales el 81 % provino de la producción nacional y el 19 % restante de gas natural licuado (GNL) importado vía regasificación.

No debemos olvidar que en el pasado fenómeno de El Niño la inyección de gas importado alcanzó los 400 GBTUD para atender la demanda termoeléctrica, una cifra que evidencia la necesidad de combinar fuentes locales con fuentes externas para garantizar el abastecimiento.

Aunque al cierre de 2024 las reservas probadas se situaron en 2.064 giga pies cúbicos (Gpc), con una relación reservas-producción de 5,9 años, lo cierto es que esta cifra representa una caída del 13 % frente a 2023. Entre 2014 y 2024 el país consumió más de 4.200 Gpc de gas, pero apenas incorporó 824 Gpc en reservas probadas, confirmando que la reposición ha sido insuficiente.

Por otra parte, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) proyecta que, bajo un escenario de demanda media, el déficit de gas local se incrementa desde 2026 y se agrava hacia 2029 sino entran nuevas fuentes de producción o capacidad adicional de importación^[1]. La conclusión de este panorama es clara: el país enfrenta un horizonte de riesgos crecientes en su abastecimiento, con brechas que se acentuarán durante los períodos críticos de El Niño y que, de no atenderse, podrían comprometer tanto la seguridad energética como la estabilidad económica. El déficit proyectado de gas local no es un simple indicador técnico, es la antesala de mayores tarifas, presión fiscal por subsidios y vulnerabilidad frente a factores externos.

Nueva realidad

No podemos eludir la nueva realidad que enfrenta el país debido al incremento de importaciones de gas natural para atender hogares, industrias, comercios y vehículos, que en lo corrido de 2025 ha sido del 4 % de la demanda total nacional; y para 2026 el país necesitará aumentar las importaciones para la demanda no térmica, lo que plantea un reto para garantizar precios estables y seguridad en el suministro.

En cuanto a la importación de gas natural, la cual se materializó en diciembre de 2024 para hogares, comercios e industrias, también trae consigo un efecto directo sobre la economía de los hogares y las cuentas públicas. En este punto, la discusión no es solo energética sino también fiscal. Mantener el acceso equitativo a la energía sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas exige determinación desde la política energética para desarrollar los recursos locales y la infraestructura para llevar el energético a los consumidores a precios asequibles.

El impacto fiscal por el aumento de las importaciones de gas se materializaría en mayores necesidades de subsidios, aumento del déficit de la cuenta corriente del país y menores ingresos por impuestos nacionales y regalías para las regiones.

Frente a mayores subsidios debemos considerar que el gas natural importado es más costoso, lo que se traduce en tarifas más altas para los usuarios finales y en la necesidad de mayores subsidios para los estratos 1 y 2 que reciben subsidio hasta del 60 % y 50 % del costo del servicio y representan el 60 % de los usuarios residenciales.

Dichos incrementos pueden generar un círculo de presión fiscal dado que a mayores precios del energético mayores necesidades de subsidios y estos, a su vez, aumentan el gasto público, reduciendo el margen de maniobra para la inversión social y fiscalmente sostenible. Cabe anotar que en 2024 las necesidades de subsidios del Presupuesto General de la Nación para el servicio de gas combustible por red ascendieron a $1.2 billones y para 2025 y 2026 se prevén necesidades del orden de $1.4 billones para cada año.

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En 2024 la industria destinó USD 17,8 millones a proyectos sociales que beneficiaron a 1,5 millones de personas.

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Debemos insistir en que la transición no puede hacerse
sobre la base de importaciones crecientes y vulnerables
a factores externos, debemos basarlas sobre la
seguridad energética que proveen reservas nacionales desarrolladas responsablemente.

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Ante la creciente necesidad de subsidios, tanto de energía eléctrica como de gas, hay consenso en la necesidad de focalizar su asignación para que el subsidio lo reciban las personas más vulnerables; está diagnosticado que el criterio de estratos no es el más eficiente para asignar estos subsidios.

No sobra mencionar que mayores precios del gas importado reducen nuestra competitividad frente a países con autosuficiencia energética y expone a nuestro sector a riesgos logísticos y geopolíticos, como quedó demostrado con la crisis global de energía derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En este sentido, el desafío es doble. El primero, la urgente necesidad de aprovechar el potencial de reservas identificadas, que incluyen hasta 34 TPC en áreas continentales, y entre 70 y 100 TPC costa afuera; y, el segundo, diseñar una política clara que equilibre las importaciones necesarias con el desarrollo de recursos propios.

Las mayores importaciones también impactan la balanza de cuenta corriente del país al aumentar las salidas de divisas. De acuerdo con registros de importación de la Dian, en 2023 Colombia importó gas natural licuado por valor de USD 440 millones, cifra que se duplicó en 2024 al alcanzar USD 945 millones y tan solo en el primer semestre de 2025 ya sumaba USD 400 millones.

La razón principal del aumento en 2024 fue el fenómeno de El Niño, que obligó a respaldar la generación eléctrica con más gas, pero desde diciembre de ese año se sumaron importaciones para hogares, industrias, comercios y vehículos.

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El gas natural, por su menor huella de carbono frente a otros energéticos de fuentes fósiles, es el aliado ideal para respaldar las intermitencias de la energía solar y la eólica.

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La creciente importación de gas natural impacta de manera negativa el balance de la cuenta corriente, entendido como la diferencia entre los ingresos y egresos totales del país con el resto del mundo. Según Fedesarrollo, el aumento proyectado en estas importaciones en los próximos años ampliaría el déficit en 0,2 puntos porcentuales del PIB frente a un escenario en el que la producción nacional alcanzara para cubrir la demanda interna(Gráfico 1)^[2].

Consecuencias del déficit en la cuenta corriente

Una de las consecuencias inmediatas de un mayor déficit en la cuenta corriente es el incremento en la demanda de divisas, lo que presiona al alza el precio del dólar frente a la moneda local y encarece el acceso a la moneda extranjera. En la práctica, esto se traduce en una depreciación del peso colombiano, con efectos sobre la inflación y el costo de la deuda externa.

Importar gas en lugar de producirlo localmente reducirá los ingresos por impuestos nacionales y regalías para las regiones. En 2024 los impuestos nacionales asociados a la exploración y producción de gas natural ascendieron a $852 mil millones y las regalías para las regiones a $1.1 billones. Estos recursos, especialmente las regalías para las regiones, se verán seriamente afectados en la medida en que reduzcamos la producción local de gas natural.

En este contexto, resulta evidente que si no se adoptan medidas para dinamizar la exploración y producción de gas en el país, y así aumentar las reservas probadas, la dependencia de las importaciones se mantendrá, generando impactos cada vez más significativos en la estabilidad macroeconómica nacional.

La situación actual plantea una paradoja: Colombia no ha perdido su autosuficiencia porque se agotó el gas sino porque dejó de buscarlo. En 2012 el país perforaba 130 pozos exploratorios, mientras que en 2024 apenas fueron 27. La falta de decisiones oportunas, sumada a cuellos de botella regulatorios y socioambientales, dificulta el desarrollo de proyectos estratégicos como Sirius en el Caribe, que podría aportar hasta 6 TPC y suplir el 45 % de la demanda nacional, pero que aún enfrenta 116 consultas previas. Este escenario nos exige voluntad política, coordinación institucional y una visión de largo plazo.

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El llamado es a actuar con visión de Estado, con el desarrollo de nuestro potencial en áreas continentales y costa afuera, fortaleciendo nuestra infraestructura, así como focalizar mejor los subsidios y consolidar una política de seguridad energética que trascienda los ciclos políticos.

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Para ello, la industria ha planteado una fuerte articulación entre entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la ANLA y el Ministerio del Interior, para agilizar licenciamientos y consultas sin debilitarlos, pero con reglas claras y tiempos perentorios. Este trabajo conjunto es necesario para aprovechar nuestro potencial de gas natural.

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En 2012 se
perforaban 130 pozos
exploratorios, en 2024
apenas 27, reflejo de la
falta de inversión.

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El debate sobre la transición energética también se entrelaza con este panorama. El gas natural, por su menor huella de carbono frente a otros energéticos de fuentes fósiles, es el aliado ideal para respaldar las intermitencias de la energía solar y la eólica. Además, su infraestructura puede adaptarse en el futuro al transporte de biometano e hidrógeno, convirtiéndose en un puente hacia una economía baja en carbono. Para cumplir esta función, el país debe garantizar primero el suministro confiable de gas natural para llevar a buen término esta transformación.

Debemos insistir en que la transición no puede hacerse sobre la base de importaciones crecientes y vulnerables a factores externos, debemos basarlas sobre la seguridad energética que proveen reservas nacionales desarrolladas responsablemente.

Hoy lo que está en juego no es solo el presente y confiabilidad de un energético, sino la sostenibilidad de la política fiscal, la competitividad industrial y el bienestar de millones de hogares. El llamado es a actuar con visión de Estado, con el desarrollo de nuestro potencial en áreas continentales y costa afuera, fortaleciendo nuestra infraestructura, así como focalizar mejor los subsidios y consolidar una política de seguridad energética que trascienda los ciclos políticos.

De lo contrario, el país corre el riesgo de hipotecar su futuro energético y económico a fuentes externas, perdiendo la oportunidad de aprovechar recursos que ya han sido identificados.

La historia energética reciente de Colombia nos ha enseñado que las decisiones oportunas marcan la diferencia; esto hizo que nuestra nación superara el racionamiento eléctrico de los noventa con un modelo institucional robusto, gracias a la inversión privada y a la participación de empresas que hoy le permiten a millones de colombianos acceder a un servicio público confiable que genera bienestar y contribuye a cerrar brechas de desigualdad y a reducir pobreza energética.

Ahora, frente a la caída de reservas y la dependencia de importaciones, se requiere el mismo nivel de determinación y consenso. No se trata de volver al pasado ni de paralizarse en el presente, sino de construir un futuro energético que combine seguridad, equidad y sostenibilidad a largo plazo.

El gas natural no es una solución eterna, pero sí es el puente que Colombia necesita para avanzar en su transición sin sacrificar la estabilidad económica, ni dejar atrás a millones de ciudadanos que demandan seguridad energética. La decisión para recuperar el rumbo es ahora. EC

1. Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME. Documento complementario: Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023–2038. Bogotá, Ministerio de Minas y Energía, 2025. 74 p. https://docs.upme.gov.co/SIMEC/Hidrocarburos/Publicaciones_SIPG/Documento_complementario_estudio_tecnico_para_el_Plan_de_Abastecimiento_de_Gas_Natural_2023-2038_Enero_2025.pdf

2. Fedesarrollo. Serie de notas técnicas sobre el impacto del déficit de gas natural y el aumento de precios para los usuarios finales: presentación general. Nota 3. Costos macroeconómicos de la reducción de la oferta de gas natural. Bogotá, 13 p. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4813

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