EDWIN PALMA EGEA

ministro de minas

Octubre 2025, Edición 377.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA (TEJ) en Colombia es un hecho y un logro del gobierno del presidente Gustavo Petro. A mediados de agosto del corriente año ya alcanzamos los 3 GW generados por energía limpia y llegamos al 10 % de energías limpias en la matriz energética. Vamos a llegar hasta el 20 % al final de este gobierno. El sistema eléctrico nacional está cambiando y seguiremos por este camino por lo pronto hasta agosto del 2026.

En el sector minero-energético, que lidero desde el Ministerio de Minas y Energía (MME), estamos consolidando una política de transición energética que ejecutamos con enfoque de derechos humanos y democratización. Buscamos que la ciudadanía pueda generar su propia energía, que sea veedora, que acceda al derecho en todo el territorio nacional con calidad y eficiencia.

La transición energética que adelanta el Gobierno del Cambio pone énfasis en la justicia porque tiene en cuenta y resuelve, dentro de sus posibilidades, las desigualdades en el acceso y el uso de la energía. Además, incorpora un pilar de diálogo social y de trabajo decente, pues no queremos dejar a nadie atrás en esta transición.

Uno de los problemas del país en términos de energía es la pobreza energética, la incapacidad de un hogar para acceder a recursos energéticos esenciales, lo que afecta su bienestar, su calidad de vida e impide el goce de muchos otros derechos. Es por eso que desde el ministerio desarrollamos un Informe de Pobreza Energética Multimodal (IPEM) que nos ha permitido entender el problema en profundidad. En su segunda versión, vamos a evidenciar cómo hemos avanzado en la disminución de esta pobreza con estrategias enmarcadas en la TEJ.

—–

Para disminuir las desigualdades regionales e individuales, el gobierno se ha propuesto ampliar la cobertura del sistema de energía en las zonas rurales. Una de las principales estrategias han sido las Comunidades Energéticas, en las cuales se conforman asociaciones que generan, comercian y hacen un uso eficiente de la energía.

—–

En 2024 el Informe sobre Pobreza Energética Multidimensional en Colombia encontró desigualdades regionales enormes e injustificables en materia de pobreza energética. Mientras Bogotá tiene una cifra de pobreza energética de 15,8 %, departamentos económicamente periféricos, como Vichada, tienen una de 50 %. Los resguardos indígenas, la mayoría de los municipios PDET y ZOMAC, y los consejos comunitarios, son víctimas particulares de las desigualdades en el acceso a servicios energéticos de calidad (Informe sobre Pobreza Energética, 2024, p. 48).

Para disminuir las desigualdades regionales e individuales, el gobierno se ha propuesto ampliar la cobertura del sistema de energía en las zonas rurales. Una de las principales estrategias han sido las Comunidades Energéticas, en las cuales se conforman asociaciones que generan, comercian y hacen un uso eficiente de la energía. Al cierre de agosto de este año hay 374 comunidades energéticas en fase de implementación.

Además del enfoque de justicia que ha venido implementando el Gobierno del Cambio para el sector, desde mi administración estamos impulsando una visión propia en torno a la energía, que explico a continuación. Posteriormente, voy a presentar las acciones que estamos ejecutando en el sector a nivel general y luego específicamente en el tema tarifario, siempre con el enfoque de democracia y derechos humanos.

La energía como derecho humano

El compromiso con la igualdad y con la garantía de acceso a servicios de energía limpios, seguros y eficientes, nos ha llevado a tener claro que la energía es un derecho.

La energía como derecho implica que los ciudadanos y ciudadanas pueden reclamar efectivamente tres obligaciones de parte del Estado: el respeto, la protección y la realización del derecho a la energía. Respetar significa que el Estado no debe interferir con el disfrute del acceso a la energía, como cuando suspende, de manera injustificada, la energía a una persona o comunidad. Proteger significa que el Estado debe intervenir para evitar que distintos agentes (individuos, corporaciones, grupos armados, etc.) interfieran con el disfrute del derecho a la energía. Realizar implica que el Estado debe tomar las medidas necesarias (legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales, etc.) para garantizar el derecho a toda la población; especialmente a quienes no pueden, por condiciones materiales, ejercer esos derechos.

—–

La transición energética llega a territorios indígenas y afrodescendientes, reduciendo la pobreza energética.

—–

—–

Colombia alcanzó 3 GW en energías limpias, que ya representan el 10 % de la matriz energética nacional, con la meta de llegar al 20 % en 2026.

—–

La energía como derecho es una apuesta clave para seguir avanzando en la reducción de la pobreza energética y, sobre todo, en la reducción de desigualdades regionales en materia del acceso a servicios energéticos. Más aún, su realización contribuye a la productividad de las regiones, especialmente las históricamente más excluidas. Sabemos que existe una correlación muy importante entre el acceso a energía de calidad y el desarrollo (Castro & Ibarra, 2023). La garantía del derecho a la energía contribuye a la concreción de otros derechos.

Un ejemplo es el derecho a la salud. Con energía, los centros de salud y hospitales de la periferia del país pueden prestar mejores servicios y atraer a profesionales mejor preparados, con lo cual se aumenta el goce del derecho a la salud de la población local. La descarbonización, como componente esencial del derecho a la energía, también hace posible la realización del derecho a un medioambiente sano y limpio. Podríamos mencionar ejemplos similares en el derecho a la educación, la alimentación, la libertad de expresión y a la participación.

Somos enfáticos en afirmar que no nos limitamos a hablar del derecho a recibir la energía como un bien; sino que concebimos el derecho a la energía como la necesidad y posibilidad de que las comunidades, hogares y organizaciones puedan autogenerar, hacer uso eficiente de su energía y asimismo vender o compartir sus excedentes.

Vale la pena recordar que la energía como derecho está incorporada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, un compromiso suscrito por Colombia.

La Transición Energética Justa es una realidad

El cambio de rumbo que nuestro gobierno le ha dado al sector minero-energético mediante la TEJ ha sido profundo, exitoso y ha marcado hitos muy importantes para Colombia.

La capacidad de generación a partir de energías renovables no convencionales se ha multiplicado por quince en los últimos dos años, alcanzando más de 3.000 megavatios (MW) en operación. Este incremento representa un cambio sustancial en la estructura de la matriz energética del país, donde las fuentes limpias han llegado a constituir el 10 % del total de la generación.

Y vamos a ir mucho más allá, tenemos la meta de incorporar 6 gigavatios (GW) de energías limpias a nuestra matriz energética. El Plan 6 GW Plus contempla, por un lado, incorporar y comprometer a actores clave, públicos y privados, en la consecución de esa gran meta. Por otro lado, la estrategia ampliará el alcance de las energías limpias al integrar proyectos de autogeneración privada y generación distribuida, lo cual es esencial para democratizar el acceso a la energía en el país.

La apuesta decidida de nuestro gobierno por transformar el sector energético ha marcado un antes y un después en Colombia, la estamos viabilizando con este plan. Así, fortalecemos la seguridad energética nacional a la par que promovemos un modelo descentralizado de generación, distribución y comercialización de energía en el que convergen entidades estatales, el sector privado y organizaciones sociales.

En materia regulatoria e institucional, podemos destacar varios avances. En primer lugar, se presentó un proyecto de decreto para Licencias Ambientales Solares, que reducirá en un 70 % los tiempos de aprobación de proyectos entre 10 y 100 MW. La ANLA ha aprobado un 57 % más de licencias ambientales para energías limpias en comparación con administraciones anteriores, y se propone duplicar dicha cifra. A la par, la CREG avanza en la expedición de una resolución orientada a la reasignación de puntos de conexión para proyectos con viabilidad técnica, lo cual se apoya en la liberación de más de 2 GW.

En el ámbito territorial, se reactivaron 20 proyectos solares y eólicos en el departamento de La Guajira, con una capacidad estimada de 2.400 MW, equivalente al 40 % de la meta nacional de 6 GW. En materia de infraestructura eléctrica, Intercolombia entregó la interconexión Cuestecitas–Copey–Fundación, mientras que el proyecto Colectora presenta un avance del 81 %. Con el apoyo del Gobierno del Cambio este proyecto logró concluir con acuerdo más de 200 procesos de consulta previa y trámites ambientales.

Gracias al despliegue operativo del Plan 6 GW Plus, se han alcanzado importantes resultados que consolidan el camino hacia una matriz energética mucho más limpia y resiliente en el país. Desde el inicio del Gobierno del Cambio han entrado en operación y pruebas alrededor de 154 proyectos de energías limpias (Mapa 1). De estos, 80 se encuentran en operación y son de tipo solar, mientras 74 se encuentran en pruebas y suman alrededor de 973,89 MW. Se trata de 72 proyectos solares y 2 eólicos.

—–

En 2024, el Informe de Pobreza Energética reveló que mientras Bogotá registra un 15,8 % de pobreza energética, en Vichada la cifra alcanza el 50 %.

—–

—–

Uno de nuestros principales compromisos es garantizar que la energía deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho efectivo para toda la población colombiana.

—–

Desde el MME firmamos el decreto de subastas a largo plazo para energías limpias, cuyo propósito es diversificar la matriz energética nacional incorporando fuentes renovables como solares y eólicas, mejorando a su vez la capacidad de almacenamiento. Dicho esquema busca reducir la dependencia de las plantas hídricas y sobre todo térmicas, fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico frente a fenómenos climáticos y cumplir con la meta de reducir un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Queda claro que la TEJ está avanzando a paso firme con una visión integral que articula la regulación, la infraestructura, la participación social y la cooperación regional.

La justicia tarifaria avanza

Uno de nuestros principales compromisos en la TEJ es garantizar que la energía deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho efectivo para toda la población colombiana. Para lograrlo, junto a la CREG hemos adoptado una serie de decisiones para intervenir el mercado de la energía eléctrica y subsanar las distorsiones que durante años afectaron a los usuarios. Las tarifas de energía no pueden representar un obstáculo para el goce efectivo del derecho a la energía, y el Gobierno del Cambio ha estado trabajando en ello desde agosto de 2022.

Mediante las resoluciones CREG 101 027, 101 029 y 101 031 del año 2022 se implementó el Pacto por la Justicia Tarifaria para desacoplar el indexador del Índice de Precios al Productor (IPP) de los componentes de distribución y transmisión de energía. De esta manera, se logró estabilizar el costo unitario durante el inicio de gobierno hasta marzo de 2023. El valor en el componente de restricciones del costo unitario se redujo en aproximadamente un 75 %.

A través de la Resolución 40116 de 2024 del MME se adoptaron medidas transitorias para proteger a los usuarios ante el fenómeno de El Niño. Esto permitió la entrega de excedentes de energía de los autogeneradores, manteniendo la seguridad energética. Así mismo, ante la delicada situación de caja de las empresas comercializadoras, la CREG emitió la Resolución 101 038 de 2024, la cual facilitó los plazos de pago de obligaciones financieras. Esto, junto al aumento del porcentaje de volumen útil de los embalses, repercutió en una disminución de las tarifas.

Estas y otras medidas han derivado en una reducción de las tarifas de energía del país. En el gráfico siguiente se encuentra el comportamiento del costo unitario (CU) promedio a nivel nacional y para la región Caribe. Se puede evidenciar que las medidas adoptadas durante el fenómeno de El Niño tuvieron un impacto desde julio de 2024, mostrando una reducción muy importante. Asimismo, entre enero y diciembre de 2024 se presentó una reducción de 33 pesos kWh del CU nacional y de 161 pesos por kWh para la región Caribe.

—–

Entre febrero y mayo del 2025 hemos logrado la disminución de la factura cercana a los 30 mil pesos por factura en el Caribe, 16 mil en Norte de Santander, 10 mil en Santander, 6 mil en Medellín y 5 mil en Bogotá.

—–

Es importante resaltar que nuestro gobierno logró una reducción histórica en las tarifas del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Una disminución de 4,82% en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Dane para junio de 2025, cifra que no tiene precedentes en la última década y que representa un punto de inflexión en la política energética del país. (Gráfico 3).

Para nuestro gobierno, la energía es un derecho que debe democratizarse en acceso, gobernanza y gestión, con la participación activa de la ciudadanía y las y los trabajadores del país.

Ley de justicia tarifaria, vamos por más

A pesar de los logros en reducción de tarifas de energía, sabemos que todas las medidas que el gobierno ha tomado hasta el momento siguen siendo insuficientes para garantizar el derecho a la energía. Por eso presentaremos al Congreso una ley de reducción de tarifas que garantice a los usuarios la justicia tarifaria y la democratización de los órganos decisorios. Las tarifas justas implican liberar a los estratos más bajos del peso de los saldos que les dejó la opción tarifaria en el gobierno anterior, así como mejorar la transparencia en la información reseñada en las tarifas. Pero más allá de eso, hay dos medidas que están en el centro de la ley de reducción de tarifas que esperamos dejar como legado.

—–

Ya existen 374 comunidades energéticas en fase de implementación, impulsando la autogeneración y el uso eficiente de la energía en zonas rurales.

—–

En primer lugar, queremos ampliar la participación y propiciar el diálogo social eficaz en la CREG. Desde su creación, la comisión ha regulado el sector de energía y gas combustible sin la participación de la academia y de actores relevantes como usuarios y trabajadores. Por ello la ley propone modificar la composición de la CREG (el artículo 21 de la ley 143 de 1994), incluyendo un representante de la academia experto en el sector, un representante de los sindicatos y uno de los usuarios de energía y gas.

La segunda medida necesaria es la modernización del cargo por confiabilidad. Este cargo es una remuneración que se paga a los agentes generadores por la disponibilidad de activos de generación. Fue creado en 2006 con el fin de dar confiabilidad al sistema y asegurar su desarrollo. Sin embargo, tras casi dos décadas de su entrada en firme, hay varias razones por las que este cargo debe ser revisado:

• Es un cargo que se paga a todas las plantas sin importar su antigüedad ni su tecnología, lo cual implica que se entregan recursos a plantas que ya han apalancado sólidamente su inversión y a fuentes de energía que no garantizan firmeza energética.
• Es un cargo que ha aumentado su costo y, por ende, ha repercutido en el aumento de los costos de las tarifas que pagan las y los colombianos.
• Solo mediante otras medidas en periodos de condiciones críticas del sistema energético —como el Fenómeno de El Niño— ha sido posible mantener la confiabilidad del sistema (Comité de Seguimiento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, 2015, p. 28).

En resumen, el cargo por confiabilidad no está cumpliendo los objetivos planteados al momento de su creación en 2006. Por el contrario, está representando un obstáculo para el acceso a tarifas justas que garanticen el derecho a la energía. Para modernizar este cargo, el proyecto de ley que estamos planteando busca incluir criterios tecnológicos y de antigüedad de las plantas para que la remuneración sea diferencial y eficiente.

Proponemos priorizar la entrega de recursos financieros a plantas que aseguren la confiabilidad del sistema en momentos críticos, es decir, a plantas que garanticen firmeza energética. Con el proyecto de ley, buscamos que el cargo por confiabilidad sea un mecanismo robusto, eficiente y a la altura de los retos energéticos actuales.

Transparencia y diálogo social para seguir avanzando

Nuestra misión en el sector minero-energético es coordinarnos y acelerar para cumplir lo que prometimos en el plan de gobierno y el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, avanzamos en la actividad regulatoria, desatando nudos burocráticos, agilizando trámites, invirtiendo masivamente en Colombia Solar, en economías populares energéticas, en comunidades y territorios para garantizar el derecho a la energía.

Mi quehacer en la vida pública ha sido, durante dos décadas, promover el diálogo social. Creo profundamente que la Constitución Política está sustentada sobre ese pilar, mi invitación siempre es a conversar, a deliberar, a hacer transparentes los intereses y buscar acuerdos a partir de allí.

Lastimosamente, en el sector energético ha primado el discurso neoliberal disfrazado de una jerga técnica que pretende hacerlo inaccesible a la ciudadanía, al pueblo que representamos desde el Gobierno del Cambio. Por eso, el diálogo social en el sector hoy incluye a trabajadores, académicos, habitantes de territorios generadores y pobladores de las grandes ciudades.

—–

El Plan 6 GW Plus busca incorporar 6 gigavatios de energías limpias, con proyectos solares y eólicos que descentralizan la generación y fortalecen la seguridad energética.

—–

Gobernamos para el pueblo colombiano y con el pueblo colombiano. Entendemos que es fundamental que las reformas, los proyectos de ley, las decisiones de los órganos reguladores sean discutidos y aprobados por la gente. El poder legislativo debe asumir esas decisiones.

Somos un gobierno popular, sostenido sobre el pilar de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y de una concepción democrática de la gestión del Estado. Nuestro principal reto es culminar este viraje que le estamos dando al sector. Un viraje en el sentido correcto que debe sostenerse aún después de 2026.

Era fundamental que un gobierno pusiera a la población colombiana en el centro. Era fundamental que el sector minero-energético fuera liderado pensando en la gente y en la energía como derecho. La Transición Energética Justa avanza y nos permite mirar hacia adelante con esperanza. EC

Referencias Bibliográficas

• Castro-Cárdenas, C., & Ibarra-Yúnez, A. (2023). Aplicación y análisis de un modelo ARDL para comprender el efecto de la pobreza energética en el crecimiento económico en Latinoamérica. Contaduría y Administración, 68(2), e388. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.4629
• Ministerio de Minas y Energía. (2024). Informe sobre pobreza energética multidimensional en Colombia. Bogotá, D.C.: https://www.minenergia.gov.co/documents/13267/Pobreza-energetica-MME-2025.pdf
• Comité de Seguimiento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica (2015). Informe No 100 – 2015. Recuperado de: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/informe100.pdf

———-