BRUCE MAC MASTER

presidente asociación nacional de empresarios de Colombia (ANDI)

Octubre 2025, Edición 377.

PARA NADIE ES un secreto que el sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro. Los recursos son esenciales para el pago de los servicios de salud a prestadores, el pago de los salarios y honorarios de médicos y el talento humano en salud, la compra de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. La insuficiencia de la UPC, así como la insuficiencia e inoportunidad en el pago de presupuestos máximos pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias.

La falta de una oportuna y suficiente asignación de recursos está materializando barreras de acceso, incrementando los tiempos de espera y aumentando el gasto de bolsillo de los hogares. La coyuntura financiera está generando una crisis de confianza entre los actores del sistema y, en última instancia, una crisis humanitaria para los usuarios y pacientes.

Crisis financiera

El corazón financiero del sistema de salud es la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que corresponde a la prima que reconoce el Estado por cada afiliado a las Entidades Promotoras en Salud (EPS) tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Esta prima, como lo hemos demostrado desde la Andi con base en análisis de los estados financieros de las EPS, no han cubierto desde hace varios años el costo esperado de los servicios de salud de la población afiliada, ni qué decir de los gastos administrativos.

De hecho, a junio de 2025, la siniestralidad total del sistema alcanzó el 102,3 %, lo que significa que por cada 100 pesos que ingresan al sistema se gastan más de 102. Esta dinámica revela una verdad de a puño: la insuficiencia de los recursos de UPC. Con base en los análisis que hemos hecho desde la Andi podríamos decir que el déficit acumulado entre el 2021 y el 2024 está alrededor de los 20 billones de pesos.

La situación se agrava si hacemos un análisis de las intervenciones. Las EPS intervenidas presentan una siniestralidad del 105,2 % en junio de 2025 frente al 103,2 % registrado un año antes. Por el contrario, las EPS no intervenidas muestran una mejora relativa al pasar de 102,9 % en 2024 a 99,7 % en 2025. Una situación similar se presenta para el resto de los indicadores financieros de las EPS. Desde la intervención los pasivos han aumentado significativamente en las EPS intervenidas y su patrimonio se ha deteriorado de una manera acelerada.

La insuficiencia de recursos es una realidad. La Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025, declaró el incumplimiento general frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó su reajuste para los años 2024 y 2025. La Corte, al evidenciar las deficiencias estructurales en el cálculo de la UPC y el impacto que estas generan en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS), subrayó la urgencia de contar con mecanismos transparentes y efectivos para garantizar que los recursos asignados reflejen las necesidades reales de la población. Esto incluye ajustar la metodología de cálculo, reconocer los rezagos acumulados desde 2021 y avanzar hacia la equiparación de los valores de la UPC entre los regímenes contributivo y subsidiado.

Vale la pena señalar que con base en los niveles de siniestralidad observados hasta el momento, en la ANDI calculamos que el faltante corriente para la operación actual del sistema está por el orden de los $8.2 billones.

Crisis de confianza

El deterioro financiero general se ha traducido en una crisis de confianza entre los actores del sistema, una realidad que se ve de manera clara en el incremento sostenido de la cartera vencida y castigada a lo largo de toda la cadena de valor —IPS, laboratorios farmacéuticos, dispositivos médicos y proveedores de gases medicinales—.

En la Andi hacemos una encuesta periódica a nuestros afiliados y las cifras son alarmantes. La cartera vencida más castigada de las IPS pasó del 67,7 % en 2022 a 76,6 % en 2025. En el primer trimestre de 2022 la cartera de las IPS ascendía a $2.5 billones, para el primer trimestre de 2025 este valor asciende a $5 billones. Por su parte, el saldo vencido de cartera pasó de $1.7 billones en el primer trimestre de 2022 a $3.6 billones para el primer trimestre de 2025.

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El cierre neto de camas en cuidados intensivos, maternidad y neonatología refleja la fragilidad del sistema.

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Ahora, para el caso de las empresas de la industria farmacéutica, la cartera vencida más castigada pasó del 16,6 % al 49,5 % en solo tres años, es decir, se quintuplicó. En el primer trimestre de 2022 la cartera de los laboratorios farmacéuticos ascendía a $3.6 billones, para el primer trimestre de 2025 este valor asciende a $5.4 billones. Entre tanto, el saldo vencido de cartera pasó de $0.59 billones en el primer trimestre de 2022 a $2.0 billones para el primer trimestre de 2025.

Para el caso de los dispositivos médicos, el saldo vencido y castigado pasó de 31,3 % a 44,1 %. En el primer trimestre de 2022 la cartera de los actores de dispositivos médicos ascendía a $2.0 billones, para el primer trimestre de 2025 este valor asciende a $6.0 billones. El saldo vencido de cartera pasó de $0.65 billones en el primer trimestre de 2022 a $2.19 billones para el primer trimestre de 2025, comprometiendo el suministro de insumos críticos como equipos de diagnóstico, prótesis y materiales quirúrgicos.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2022 la cartera de los actores de gases industriales y medicinales ascendía a $225 mil millones, para el primer trimestre de 2025 este valor asciende a $269 mil millones. El saldo vencido de cartera pasó de $145 mil millones en el primer trimestre de 2022 a $179 mil millones para el primer trimestre de 2025.

En resumen, la falta de iliquidez en la cadena afecta la operación corriente del sistema, compromete la continuidad de los servicios y limita la capacidad de inversión en salud pública y tecnologías.

La crisis de confianza también se evidencia en la disminución de la capacidad instalada y del talento humano en salud, lo cual incrementa la percepción de fragilidad del sistema. Entre 2024 y 2025 se reportó un cierre neto de camas en servicios clave, con caídas de -0,9 % en cuidados intensivos, -3,2 % en maternidad y parto y -3,8 % en atención neonatal, lo que pone en riesgo la atención de poblaciones altamente vulnerables.

A esta contracción se suma un estancamiento en la disponibilidad de personal médico: tras alcanzar un máximo de 3,3 médicos por cada 1.000 habitantes en 2023, el indicador descendió a 3,1 en 2025, reflejando tanto dificultades para retener talento como la falta de incentivos para su redistribución territorial.

La situación es aún más crítica en el caso del personal de enfermería, que pasó de un crecimiento sostenido hasta 2023 (1,45 enfermeros por cada 1.000 habitantes) a una reducción en 2025 (1,3 por cada 1.000). En conjunto, estos datos muestran un sistema que pierde capacidad de respuesta justo cuando más se demanda, alimentando la desconfianza de usuarios y prestadores frente a la garantía real del derecho a la salud.

Otro indicador crítico es el gasto privado en salud, que se divide en gasto de bolsillo y pago de planes voluntarios. De acuerdo con datos de la Encuesta de Calidad de Vida, el gasto de bolsillo —que incluye consultas médicas u odontológicas particulares, medicamentos, exámenes diagnósticos, terapias médicas y alternativas, vacunas, dispositivos médicos (p. ej. lentes), cirugías y hospitalizaciones particulares y el transporte para la atención médica— ha crecido en términos reales un 11,6 % entre 2022 y 2024. Los crecimientos más grandes están en medicamentos (6,3 %), consultas (8,6 %) y transporte para la atención médica (36,2 %).

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La dimensión humanitaria de la crisis del sistema de
salud se expresa con crudeza en el crecimiento sostenido
de las PQRD y en las tutelas concedidas por la Corte Constitucional en relación con el acceso servicios de salud.

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En cuanto a los planes voluntarios, nuestros cálculos muestran que los hogares colombianos están destinando una mayor proporción de recursos para la adquisición de este tipo de cubrimientos en salud. Con base en información de la Encuesta de Calidad de Vida estimamos que el crecimiento en términos reales de este tipo de gasto ha sido del 29,4 % entre 2023 y 2024.

Vale la pena recordar que el sistema de salud colombiano es reconocido a nivel mundial por su bajo gasto de bolsillo, considerado como uno de los más bajos a nivel global. Este retroceso en protección financiera es inaceptable y es una clara señal de alarma para la estabilidad de los hogares colombianos. El efecto es doblemente regresivo: primero, porque castiga más a los hogares pobres que deben destinar una mayor proporción de su ingreso a salud; y segundo, porque erosiona la equidad del sistema al segmentar el acceso según capacidad de pago.

Crisis humanitaria

La dimensión humanitaria de la crisis del sistema de salud se expresa con crudeza en el crecimiento sostenido de las PQRD y en las tutelas concedidas por la Corte Constitucional en relación con el acceso a servicios de salud. Las peticiones y reclamos han escalado de manera acelerada en 2025, alcanzando picos históricos que superan con creces los niveles de años anteriores.

El detalle por motivos evidencia que la mayor parte de las quejas corresponden a la negación o demora en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, seguido por la falta de oportunidad en citas y procedimientos, lo que confirma que los pacientes perciben la ruptura de la continuidad asistencial.

A la par, el número de tutelas concedidas en salud ha crecido de forma alarmante: de poco más de 60.000 en 2020 se pasó a más de 157.000 en 2024, consolidando a la tutela como la vía más expedita para garantizar el derecho a la salud. Dentro de ellas, el motivo predominante es la entrega oportuna de medicamentos e insumos, que pasó de 7.911 tutelas en el primer trimestre de 2020 a 18.795 en el primer trimestre de 2025. Estos datos reflejan que para cientos de miles de colombianos, las barreras de acceso a servicios básicos se están materializando.

Conclusiones y escenarios posibles

El sistema de salud colombiano se encuentra en una encrucijada histórica. La siniestralidad creciente, el deterioro en toda la cadena de prestación, el rezago en la UPC y la pérdida de confianza entre actores han configurado una crisis financiera, de confianza y humanitaria sin precedentes.

Si no se toman medidas urgentes, el riesgo es claro: el colapso de un sistema que ha sido pilar de la política social en Colombia. La tarea no es menor. Se trata de preservar uno de los logros sociales más importantes del país, evitando que la crisis actual erosione décadas de avances en cobertura y protección.

Desde la Andi consideramos que cualquier reforma que se adelante para el sistema de salud debe tener unos mínimos fundamentales:

1. Sostenibilidad y eficiencia: alinear incentivos y sincerar el costo real de la salud es clave para un sistema sostenible y fiscalmente viable. Una UPC bien calculada —con ajustadores por condición de salud— y mecanismos de control del gasto garantizan el goce efectivo del derecho a la salud.
2. Aseguramiento individual: el modelo de aseguramiento protege frente al gasto de bolsillo y promueve eficiencia, pero concentrar el riesgo en un solo actor no es sostenible. Se requiere un esquema de riesgo compartido que reduzca desperdicios, mejore eficiencias y actualice el aseguramiento según los cambios sociales y económicos de las últimas décadas.
3. Integralidad en la atención: la desconexión entre niveles de atención fragmenta el cuidado y limita el derecho a la salud. Es clave garantizar una atención continua a lo largo del ciclo vital, libre de interferencias políticas, desde la promoción hasta los cuidados paliativos.
4. Contratación transparente: la contratación directa vía Adres desborda su capacidad y puede generar malos incentivos en la asignación de recursos. Se debe promover contratación innovadora entre actores, centrada en resultados en salud y en una distribución eficiente del riesgo, evitando esquemas ineficientes como el pago por evento.
5. Oportunidad y eficiencia en el flujo de recursos: modernizar la administración financiera de los recursos del sistema fortaleciendo el principio de unidad de caja y transparencia en la gestión presupuestal.

Finalmente, tenemos que dar una discusión seria como país frente al alcance del derecho a la salud. Tenemos que definir, en el marco de los principios de progresividad y sostenibilidad establecidos en la Ley Estatutaria en Salud (Ley 1751 de 2015), qué se financia con recursos del sistema de salud. Eso implica también una conversación sobre autocuidado, autogestión y hábitos de vida saludable. EC