CONTROL FISCAL PARA UN DESARROLLO INCLUSIBO Y SOSTENIBLE
CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
contralor general de la república
Octubre 2025, Edición 375.
LA ECONOMÍA, EN SU DIMENSIÓN MÁS PROFUNDA, NO PUEDE DESLIGARSE DE LAS CONDICIONES QUE PERMITEN A LOS CIUDADANOS VIVIR CON DIGNIDAD. El acceso a servicios públicos de calidad —energía, salud y vivienda— no solo representa un derecho fundamental sino que constituye, además, un eje de inclusión democrática y cohesión social. Estos sectores, íntimamente ligados al bienestar y a la productividad nacional, atraviesan hoy en Colombia una encrucijada decisiva que plantea retos y oportunidades para el desarrollo económico y la construcción de un futuro más equitativo.
En esta edición de la revista Economía Colombiana los autores invitados analizan cómo los servicios públicos de energía, salud y vivienda se convierten en ejes decisivos para la inclusión y el desarrollo sostenible del país. También abordan la transformación del control fiscal en Colombia, a la vez que destacan los avances tecnológicos e institucionales frente a los riesgos de sostenibilidad financiera y transparencia. Estos artículos ofrecen una mirada crítica y técnica a los retos estructurales que enfrenta la nación, subrayando la necesidad de adoptar decisiones oportunas y coordinadas para garantizar confianza ciudadana y progreso colectivo.
En el frente energético, la estabilidad del sistema eléctrico es indispensable para sostener la actividad productiva y garantizar el acceso ciudadano a bienes y servicios básicos. Sin embargo, los retrasos en proyectos de expansión, la obsolescencia de activos y las tensiones regulatorias amenazan la seguridad energética del país. Persisten deudas significativas por subsidios tarifarios que alcanzan ya cifras críticas, comprometiendo tanto la sostenibilidad financiera de las empresas como la confianza institucional. La Contraloría General de la República ha insistido en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y velar por el cumplimiento normativo para mantener la robustez del sistema y avanzar en la transición hacia energías más sostenibles.
En salud, el país ha logrado cobertura casi universal, pero a costa de un modelo afectado por la intermediación financiera y el uso extendido de mecanismos judiciales como la tutela para la exigencia de los derechos. La reforma en curso, que propone eliminar el rol financiero de las EPS y concentrar los recursos en el Estado, genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera. Trasladar todo el riesgo a la Adres, entidad que actualmente administra los recursos del sistema, sin resolver el déficit estructural y contar con los debidos controles, dificulta una solución de fondo que permita garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.
Entre tanto, la política de vivienda ha contribuido a disminuir el déficit de unidades habitacionales como las carencias en sus condiciones de habitabilidad, con efectos favorables en la calidad de vida de los hogares. No obstante, la suspensión de programas como “Mi Casa Ya” y la falta de un marco técnico-normativo claro para los nuevos esquemas de subsidio también son causa de incertidumbre. El deterioro de los logros alcanzados afectaría no solo a los hogares vulnerables sino también a sectores clave de la economía como la construcción y el crédito hipotecario.
Colombia enfrenta, en suma, el reto de asegurar que las políticas en energía, salud y vivienda no se conviertan en factores de riesgo social, sino en motores de desarrollo inclusivo y sostenible. Ese es el compromiso que debe guiar tanto la acción pública como la vigilancia fiscal: garantizar que cada recurso invertido se traduzca en confianza ciudadana y progreso colectivo.
De igual manera, vivimos un momento crucial en la forma en que se concibe y ejecuta el control fiscal. La Contraloría General de la República ha dado pasos significativos hacia un modelo preventivo, apoyado en la innovación tecnológica, la planeación estratégica y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, persisten desafíos que no pueden ignorarse: déficits fiscales estructurales, riesgos en la sostenibilidad de la deuda y debilidades en la coordinación interinstitucional que, de no resolverse, pueden comprometer la estabilidad económica del país.
El control fiscal macro ha permitido identificar inconsistencias presupuestales que no son simples anotaciones contables: reflejan fallas de transparencia y debilidades en la disciplina fiscal que ponen en entredicho la credibilidad del Estado frente a inversionistas y ciudadanos. En paralelo, el desbalance del Presupuesto General de la Nación 2025 y la reducción de la inversión pública, revelan una peligrosa tendencia a sacrificar el futuro en aras de cumplir con las urgencias del presente.
La innovación institucional, expresada en la creación de la Diari, la implementación de modelos predictivos y el despliegue de la Policía Judicial, constituye un avance indiscutible. Empero, ninguna herramienta tecnológica puede sustituir la voluntad política ni la responsabilidad en la gestión de los recursos. El riesgo es que la modernización se quede en la forma y no logre incidir en la cultura de rendición de cuentas ni en la prevención efectiva del daño al patrimonio público.
La planeación estratégica, con el respaldo de estándares como los de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y el fortalecimiento de la Oficina de Control Interno, ofrecen un marco técnico robusto. Pero la advertencia es clara: si no se alinean la planeación, la ejecución presupuestal y el control fiscal, el país seguirá atrapado en un ciclo de reformas inconclusas y promesas incumplidas.
El reto es monumental. La sostenibilidad fiscal, la transparencia y la confianza ciudadana dependen de que las advertencias emitidas por los órganos de control se traduzcan en decisiones firmes y oportunas. Ignorarlas sería condenar a la nación a repetir los mismos errores, hipotecando no solo sus finanzas, sino la legitimidad de sus instituciones. EC
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