EDICIÓN 375
Inicio

Title

Title

DEBATES Y PROPUESTAS EN TORNO A LA REGLA FISCAL

JUAN PABLO RADZIUNAS

contraloría delegada para economía y finanzas públicas

MIGUEL ALFONSO MONTOYA

contraloría delegada para economía y finanzas públicas

Julio 2025, Edición 375.

La coyuntura fiscal exige debatir a fondo la estructura de la regla fiscal. Las necesidades de financiar políticas redistributivas del ingreso, las rigideces del gasto público, las dificultades del recaudo y el financiamiento del déficit fiscal, requieren transformaciones en los parámetros de la regla.

EL MODELO ECONÓMICO COLOMBIANO está basado en tres pilares: sistema de tasa de cambio flexible, regla monetaria y regla fiscal, los cuales hacen parte de la doctrina neoliberal que el país adoptó desde fines del siglo XX. El régimen de tasa de cambio flexible rige desde 1999, cuando Colombia abandonó el sistema de bandas cambiarias.

El esquema inflación objetivo (regla monetaria) empezó a operar en el año 2001, una década después de que la Constitución de 1991 hiciera explícita la independencia del Banco Central y, a partir de allí, la tasa de interés se convirtió en la variable reguladora de la actividad económica, tanto para controlar la inflación como para estabilizar la actividad económica. La regla fiscal, por su parte, fue elevada a rango Constitucional en 2011 y adoptada en Colombia a partir de 2012 como un mecanismo que le impone límites al déficit fiscal del Gobierno y, por esta vía, al endeudamiento público.

El uso de reglas como estabilizadores macroeconómicos

Los tres pilares económicos tienen una estrecha correlación. De una parte, la regla monetaria opera dentro de la estrategia de inflación objetivo mediante la cual el banco central fija la tasa de interés de intervención para mantener la inflación dentro de un rango meta[1]. Este mecanismo es indispensable para poder mantener un sistema de tasa de cambio flexible, ya que la tasa de cambio recibe los efectos de los choques externos y permite mantener la inflación controlada. Por su parte, la regla fiscal sirve para elaborar las metas de la política fiscal, haciéndola más predecible y contribuyendo a estabilizar la política macroeconómica a lo largo del ciclo económico (permitiendo una política fiscal anticíclica), evitando que la política monetaria asuma una mayor responsabilidad.

El esquema de inflación objetivo y la regla fiscal anclan las expectativas de los agentes de inflación y de movimientos de la tasa de cambio. La tasa de cambio, por su parte, recibe el impacto y amortigua los efectos de los choques externos (ejemplo devaluaciones en la fase inicial de la pandemia del 2020).

—–

La regla fiscal, como está concebida, omite la interacción del balance fiscal con el balance del sector privado, cuyas decisiones determinan el crecimiento económico y tornan endógenos el resultado fiscal y la deuda del Gobierno.

—–

Todo ello significa que los tres pilares de la política económica generan beneficios desde la óptica ortodoxa: una política monetaria que logre mantener una inflación baja y estable con el uso de la Tasa de Política Monetaria (TPM); una flexibilidad cambiaria que reciba los impactos de choques externos; y una política fiscal restrictiva basada en la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) que evite el sobreendeudamiento.

Las reglas monetarias y fiscales están en oposición con el concepto heterodoxo de discrecionalidad de la política monetaria y fiscal por parte de los gobiernos. La idea principal de la visión de las reglas consiste en que las políticas fiscal y monetaria no deben utilizarse de forma discrecional puesto que perturban la libre asignación de recursos en la economía.

¿Qué es una regla fiscal?

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2022) “una regla fiscal puede definirse como una restricción duradera sobre la política fiscal, que cuenta con dos componentes: i) el establecimiento de límites numéricos permanentes sobre agregados presupuestarios, que se complementa con ii) arreglos institucionales que favorecen la aplicación y monitoreo de estas metas. De esta manera, las reglas fiscales tienen como objetivo principal contribuir a la disciplina de los países y reducir la discrecionalidad de la política fiscal, aumentando la credibilidad de los actores económicos sobre la economía, promoviendo la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorando las condiciones de acceso a los mercados financieros.”

En Colombia la regla fiscal fue establecida por la Ley 1473 de 2011 con el fin de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Con la Ley 2155 de 2021 se modificó la ley anterior y se impuso un balance primario[2] y un límite a la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC)[3], que tiene como objetivo que esta converja a un nivel prudencial o ancla de 55,0 % del PIB y no supere un nivel máximo del 71,0 % del PIB.

—–

Las restricciones de gasto público derivadas de la regla fiscal vigente limitan la inversión en infraestructura educativa, perpetuando brechas sociales y frenando el crecimiento de largo plazo.

—–

Historia de las reglas monetarias y fiscales

La idea de imponer un límite cuantitativo a los gastos de los gobiernos tiene su origen en el momento en que se evidenciaron fuertes desequilibrios fiscales en el mundo a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 del siglo XX. En el caso de Latinoamérica coincide con la crisis de la deuda de los ochenta.

Desde el punto de vista teórico, las reglas fiscales surgen de las discusiones entre “reglas versus discrecionalidad” que han sido tradicionales en la ortodoxia y la heterodoxia económica, principalmente, después del nuevo consenso macroeconómico[4]. En este sentido, desde la década de los setenta y ochenta se creó un conjunto de teorías que sustentaba la existencia de reglas monetarias y fiscales, con el fin de eliminar los desajustes fiscales de los gobiernos, reducir la inflación y promover un crecimiento económico estable. En el campo monetario, surgió la regla de Friedman[5] y posteriormente otras, como la regla de Taylor[6]. La primera basada en la idea de que el control de la inflación y la estabilidad en el crecimiento económico se lograba manteniendo una tasa de crecimiento baja y constante de los agregados monetarios, principalmente la oferta monetaria (M1). Posteriormente, ésta sería reemplazada por la regla de Taylor, utilizada por los bancos centrales hoy en día para determinar la tasa de política monetaria (TPM).

En el campo fiscal, el enfoque de las reglas fiscales como herramienta para limitar la discrecionalidad de los gobiernos frente a la expansión del gasto público tiene su origen en el desarrollo de la economía neoclásica que inspiró las críticas al keynesianismo. Ver Galán citando a Kydland y Prescott (1977), Barro y Gordon (1983) y Taylor (2000), autores de escuelas neoclásicas o de corte Neoliberal (Nueva Macroeconomía Clásica o Neokeynesianos).

Las reglas fiscales se popularizaron desde la firma del tratado de Maastricht (1992)[7], que fija para los países de la Unión Europea (UE), en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), criterios para evitar desequilibrios fiscales, entre los cuales se encuentran dos reglas principales: déficit del gobierno inferior a 3 % del PIB y relación deuda a PIB inferior a 60 %. Para el mediano plazo se requiere un balance cercano al equilibrio o superavitario. Desde 2005, esta última regla se reemplazó por un superávit estructural anual de 0,5 % del PIB, permitiendo un nivel mayor en períodos de auge y uno menor en períodos adversos.

Lo paradójico es que pese a estas restricciones fiscales la deuda se elevó en la Unón Europea y superan en algunos el 100 % del PIB. Luego de años de narrativa enfocada en la austeridad y el cumplimiento de las reglas fiscales, el parlamento alemán evalúa actualmente la posibilidad de eliminar los límites de deuda y elevarla para apoyar gasto en infraestructura y en defensa.

—–

El Banco de la República puede contribuir a la disminución de las tasas de interés de la deuda del GNC sin socavar su función de control de la inflación. Se deben considerar esquemas de coordinación con la política fiscal y la fijación discrecional de las tasas de los títulos TES.

—–

—–

La inversión pública, clave para dinamizar la economía y generar empleo, se ve afectada por las metas fiscales rígidas que no distinguen entre gasto corriente e inversión productiva.

—–

Aspectos críticos de la regla fiscal desde enfoques alternativos

La literatura heterodoxa o alternativa al mainstream del pensamiento convencional ha planteado algunas críticas frente a las reglas fiscales y al concepto de sostenibilidad de la deuda. Un argumento es la endogeneidad del resultado fiscal. Dado un gasto aprobado por la autoridad legislativa para una vigencia, los ingresos tributarios aumentan o disminuyen de acuerdo con el crecimiento económico. Una baja tasa de crecimiento o una recesión derivan en un aumento del déficit fiscal y el saldo de la deuda, mientras un elevado crecimiento resulta en un menor déficit o un superávit fiscal y en una reducción del saldo de la deuda con relación al PIB.

El crecimiento económico está asociado, a su vez, a las decisiones de inversión y consumo de las firmas y los hogares. Debido a la interacción entre crecimiento e ingreso tributario se puede afirmar que el déficit fiscal y la deuda son un resultado endógeno de la economía. Esto es importante porque el resultado fiscal y la deuda no pueden concebirse de manera independiente del balance del sector privado.

El déficit fiscal, desde el punto de vista de la contabilidad macroeconómica, es compatible con excesos de ahorro privado sobre inversión, situación normal en la economía, mientras un superávit fiscal tiene como contrapartida un exceso de inversión privada sobre el ahorro, lo que no puede sostenerse en el tiempo (Godley y Lavoie, 2007; Wray et al, 2019). La deuda pública, por lo tanto, es el resultado lógico de esta condición contable, lo que además se materializa en un incremento de los activos financieros del sector privado.

Bajo este enfoque, el gasto público debe elevarse hasta el punto en el que se alcance el nivel de pleno empleo[8] o hasta cuando surjan restricciones de oferta de insumos o recursos materiales que puedan provocar inflación (Lerner, 1943). La financiación del gasto público se realiza con apoyo del banco central en un marco de soberanía monetaria o mediante el control de las tasas de interés de las emisiones de títulos en moneda doméstica. En esta literatura, la deuda externa no se recomienda en la medida en que el banco central no puede emitir divisas, las cuales dependen de los ingresos por exportaciones y por llegada de capitales, asociados a factores de demanda global y volatilidad que pueden tornar difícil el pago de la deuda.

En cuanto al superávit primario, que generalmente es uno de los objetivos de las reglas fiscales, el enfoque crítico sostiene en primer lugar que no contribuye a expandir la demanda agregada y, por lo tanto, afecta negativamente el crecimiento, en contraste con el déficit primario, que si tiene un efecto positivo.

En segundo lugar, en un escenario donde la tasa de interés de la deuda (r) es mayor que la tasa de crecimiento económico (g), recortes de gasto o aumentos de impuestos para alcanzar el superávit, no son efectivos para reducir la deuda. Esta se torna inestable y se aleja del nivel donde la deuda no crece de un periodo a otro (Pasinetti, 1997, 1998).

Al contrario del enfoque convencional, según el cual (r) y (g) alcanzan un equilibrio natural donde lo normal es que (r>g), variables que no pueden ser modificadas por la política fiscal y monetaria, el enfoque alternativo sostiene que la política económica si puede afectar estas variables para que la deuda sea sostenible. El banco central puede reducir (r) mediante la tasa de política monetaria y el gobierno puede elevar (g) con el déficit primario, lo que en conjunto reduce la deuda en el tiempo.

—–

El esquema de regla fiscal vigente restringe el gasto público, específicamente la inversión y esto tiene un impacto negativo en el crecimiento económico de largo plazo, variable que incide de manera notable en la reducción del déficit fiscal y la deuda en el tiempo.

—–

Otro aspecto que se controvierte en las reglas fiscales es el relacionado con la medición del PIB potencial, que es el máximo nivel de producción que puede alcanzar una economía dados los factores de producción y la tecnología. Este indicador es la base del denominado balance primario estructural, es decir, el balance que es compatible con dicho PIB potencial. Las reglas fiscales permiten que se presenten déficits cuando la producción cae por debajo del PIB potencial, lo que las provee de un carácter contra cíclico. El debate se centra en la metodología de las reglas fiscales basadas en el concepto de la tasa de desempleo que no acelera la inflación o Nairu[9] (por sus siglas en inglés).

La crítica a esta metodología es que establece tasas de desempleo altas asociadas al PIB potencial, lo que riñe con el concepto de pleno empleo o tasas de desempleo más bajas. Si esto último se tiene en cuenta, el PIB potencial sería mayor, lo que requeriría de un mayor gasto público y política monetaria menos restrictiva para tener mayor crecimiento y alcanzar el objetivo de pleno empleo.

Debates contemporáneos en Colombia sobre la regla fiscal

En el marco del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2025, el Gobierno presentó una ley de financiamiento que contemplaba un ajuste paramétrico a la regla fiscal. El anterior director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González (2023), había propuesto abrir el debate sobre la regla fiscal y el reto de la transición energética. Concretamente, proponía una regla fiscal verde en la cual se excluyeran inversiones estratégicas ambientales de los cálculos de la regla fiscal.

Si bien estas ideas no volvieron a discutirse y la ley de financiamiento no se aprobó en el Congreso, el debate sobre las limitaciones de la regla fiscal expuestas arriba sigue siendo relevante, lo que justifica revisar algunos aspectos específicos de la regla fiscal del Gobierno Nacional Central y presentar propuestas de ajuste a la misma. Esto, con el objetivo de explorar diferentes alternativas que permitan a los gobiernos emprender procesos de transformación productiva en el marco de una agenda verde y logren alcanzar niveles de pleno empleo y resolver los problemas de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza.

Un primer aspecto por debatir es el balance primario neto estructural del GNC. Sobre este parámetro se añade el ciclo económico, el ciclo petrolero y las transacciones de única vez, lo que en conjunto determina el balance primario permitido por la regla fiscal. Para el 2025 la regla fiscal establece un superávit primario estructural del 0,5 % del PIB y desde el 2026 se calcula con base en un valor fijo de 0,2 % del PIB más la diferencia entre el saldo de la deuda neta a PIB observado y su nivel prudencial, que es del 55,0 % del PIB. El Gobierno espera que en 2025 la deuda neta ascienda al 60,6 % del PIB, lo que implicaría un superávit primario estructural del orden del 0,76 % del PIB. Esto implicaría un superávit primario permitido en 2026 del orden del 0,2 % del PIB, que según el Marco fiscal de Mediano Plazo de 2024 (Mfmp24) aumentaría al 0,6 % en promedio hasta el 2035.

Como se anotó arriba, esto puede repercutir negativamente en el crecimiento económico. Si a esto se agrega que en el periodo la tasa de interés real (3,6 % en promedio) supera la tasa de crecimiento económico de mediano plazo (3,0 % anual promedio), se tendría una senda de la deuda inestable que, en lugar de reducirse se elevaría, exigiendo mayores recortes de gasto primario o mayores impuestos que, a su vez, reducirían el crecimiento económico, elevando aún más el déficit y la deuda.

De otro lado, un efecto adverso que se evidencia con el recorte del gasto, para cumplir con la regla fiscal, y dada la inflexibilidad del presupuesto, es la reducción de la inversión. Esto restringe el gasto en áreas como el de infraestructura, investigación y desarrollo, proyectos en energías alternativas, lo cual incide en el crecimiento económico de mediano plazo, repercutiendo negativamente en la senda de deuda neta en el tiempo.

Otro elemento de debate es el cálculo del PIB potencial, componente con el que se calcula el ciclo económico en el esquema de la regla fiscal. De acuerdo con el Plan Financiero 2025 (PF25) en 2023 la economía colombiana alcanzó el máximo nivel de producción. En 2024 y 2025 la economía está levemente por debajo de dicho nivel, pero entre el 2026 y el 2035, según el Mfmp24, el PIB potencial se alcanzaría de manera permanente. Cabe señalar que la tasa de desempleo en 2023 era del 10,0 % y si suma la tasa de subocupación y los trabajadores cesantes, el recurso humano ocioso total alcanzó el 26,0 %. Para el 2024 y el 2025 se redujo al 23,0 %, sin embargo, sigue siendo elevado y cuestiona la metodología de cálculo del PIB potencial, porque subestima el aporte de esta parte del factor trabajo a la producción y omite el objetivo del pleno empleo.

—–

Los tres pilares de la política económica generan beneficios desde la óptica ortodoxa: una política monetaria que logre mantener una inflación baja y estable con el uso de la tasa de política monetaria; una flexibilidad cambiaria que reciba los impactos de choques externos; y una política fiscal restrictiva basada en la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo que evite el sobreendeudamiento.

—–

Propuestas para debatir la regla fiscal en Colombia

De acuerdo con las limitaciones de la regla fiscal descritas anteriormente, consideramos que se debe promover un debate constructivo y reflexivo en torno a un rediseño de la misma.  En primer lugar, debe revisarse el parámetro relacionado con el balance primario neto estructural. Podrían explorarse metodologías que tienen como base un déficit primario estructural del 0,5 % o del 1,0 % del PIB o depender del balance del sector privado. Además, se podría eliminar o vincular la restricción actual de deuda neta a objetivos como el pleno empleo u otras metas de política económica.

Esto se acompañaría del ciclo económico, pero calculado con metodologías que midan el PIB potencial de acuerdo con el concepto de pleno empleo e indicadores del grado de utilización de capacidad instalada y restricciones de oferta de la economía[10]. Esto garantizaría que la política económica tenga más espacio fiscal cuando sea necesario, incida en el crecimiento económico y apunte hacia el pleno empleo y la reducción de la informalidad laboral, garantizando la estabilidad de precios.

En cuanto a la inversión, generalmente sacrificada para cumplir con las metas fiscales, se podría plantear la metodología de separar del cálculo del balance primario cierto tipo de gastos asociados a la inversión productiva, como en capital físico y humano, o si así se decide el gasto en transición energética, cambio climático, o el gasto en investigación y desarrollo (I+D).

La meta del PND22 era elevar la inversión en I+D del 0,24 % del PIB en 2020 al 0,5 % del PIB en 2026. Si bien es un crecimiento importante, luce poco para apoyar un proceso de transformación y reindustrialización. Corea del Sur ha tenido una inversión en I+D del 15 % del PIB y (Palma y Pincus, 2022). Este tipo de inversiones requeriría de supervisión, monitoreo y aprobación de un comité especial conformado por diversos sectores de la sociedad y la academia.

Cabe mencionar que con mayor inversión pública es posible generar un crecimiento de largo plazo que posibilite una reducción de la deuda en el tiempo. Si bien la meta de crecimiento anual promedio del Mfmp24 para el periodo 2025-2035 es una meta prudente (3,0 %), tiene el inconveniente de que es menor a la tasa de interés (3,6 %) lo que, sumado al superávit primario, tendería a elevar la deuda en el tiempo, contrario a los esperado por el PF25 (Gráfico 1). Con una senda de crecimiento del 3,9 % anual, el déficit primario sería menor y la deuda neta a PIB se reduciría en el tiempo, situándose en el 58,7 % del PIB en el 2035 (Gráfico 1 escenario 1), tendencia que acentuaría mucho más si la tasa de interés se reduce al 3,0 %, acercando la deuda al nivel prudencial (Gráfico 1 escenario 2).

Con relación a las tasas de interés de la deuda, es importante la coordinación con el Banco de la República, ya que la Tasa de Política Monetaria (TPM) que el emisor fija incide de manera significativa en las tasas de interés de la deuda interna. Otro esquema alternativo que puede evaluarse es que el gobierno fije de manera discrecional la tasa de emisión de los TES que se ofrecen al mercado o al emisor directamente.

Por último, la gestión de la deuda debe propender por reducir la carga de las obligaciones de la misma mediante la extensión del perfil de vencimientos y realizar una sustitución de deuda externa por interna para manejar el riesgo de tasa de cambio y el de refinanciamiento, lo que reduciría la tasa de interés externa, contribuyendo a la disminución de la deuda.

Consideraciones finales

El debate en torno a la regla fiscal es pertinente debido a las debilidades teóricas y las limitaciones operativas que tiene su implementación. La regla fiscal para el GNC hace parte de la política económica establecida desde la década de los noventa, la cual integra la regla de política monetaria y la flexibilidad de la tasa de cambio.

No obstante, la regla fiscal, como está concebida, omite la interacción del balance fiscal con el balance del sector privado, cuyas decisiones determinan el crecimiento económico y tornan endógenos el resultado fiscal y la deuda del Gobierno.

Imponer superávits primarios y metas de deuda en el tiempo puede afectar negativamente el crecimiento y el balance del sector privado, lo cual no sería sostenible, aún más en condiciones en que la tasa de interés de la deuda supera la tasa de crecimiento económico.

—–

La política monetaria global enfrenta la dualidad de reducir la inflación y reactivar la economía, cuestionando los costos de oportunidad y la eficacia de sus acciones.

—–

Debe considerarse un déficit primario estructural y la eliminación de las metas de deuda o como complemento a metas de política más ambiciosas como el pleno empleo o la reducción de la pobreza. Los límites de deuda actual restringen la política fiscal y, al contrario de lo que se espera, elevan el déficit y la deuda en el tiempo.

El esquema de regla fiscal vigente restringe el gasto público, específicamente la inversión y esto tiene un impacto negativo en el crecimiento económico de largo plazo, variable que incide de manera notable en la reducción del déficit fiscal y la deuda en el tiempo. Por esto, debería separarse el gasto de inversión del cálculo del balance primario.

Es importante revisar también el cálculo del PIB potencial y explorar otras metodologías, ya que la actual es compatible con altos niveles de desempleo, subestima el recurso humano ocioso y su aporte a la producción, además de que omite el pleno empleo como objetivo de política económica.

El Banco de la República puede contribuir a la disminución de las tasas de interés de la deuda del GNC sin socavar su función de control de la inflación. Se deben considerar esquemas de coordinación con la política fiscal y la fijación discrecional de las tasas de los títulos TES. EC

[1] El Banco Central busca anclar las expectativas de los agentes anunciando un rango de valores sobre el cual la tasa de inflación se debe ubicar.

* Profesionales especializados de la Dirección de Estudios Macroeconómicos.

[2] La variable objetivo es el balance primario neto estructural, definido como los ingresos menos los gastos sin intereses y los rendimientos financieros, excluyendo además las transacciones de única vez, el ciclo petrolero y el ciclo económico.

[3] Deuda neta = deuda bruta menos activos financieros.

[4] El Nuevo Consenso Macroeconómico o Nueva Síntesis Neoclásica, tiene sus orígenes en la nueva macroeconomía clásica y en la nueva macroeconomía keynesiana.

[5] La mejor manera de asegurar un crecimiento y una inflación estable era mantener la oferta monetaria en una senda de crecimiento estable y predecible (regla del K %). Es decir, adoptar una tasa de crecimiento en la oferta monetaria que produzca una inflación moderada y evite las grandes oscilaciones en la economía.

[6] La regla de Taylor es un indicador que sirve para determinar el tipo de interés necesario para estabilizar una economía en el corto plazo, pero manteniendo el crecimiento a largo plazo. Fue introducida por John Taylor en 1992.

[7] La regla de Taylor es un indicador que sirve para determinar el tipo de interés necesario para estabilizar una economía en el corto plazo, pero manteniendo el crecimiento a largo plazo. Fue introducida por John Taylor en 1992.

[8] La variable objetivo es el balance primario neto estructural, definido como los ingresos menos los gastos sin intereses y los rendimientos financieros, excluyendo además las transacciones de única vez, el ciclo petrolero y el ciclo económico.

[9] Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment.

[10] Una propuesta de PIB potencial con el pleno empleo y basado en la ley de Okun se puede encontrar en Fontanari,C et al (2019).

Referencias Bibliográficas

  • Actualización del Plan Financiero 2025. MHCP, marzo 2025.
  • Barro, R and Gordon, D (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of Monetary Economics, 12, pp. 101-121.
  • DNP (2023). https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/nuestro-compromiso-es-abrir-los-debates-sobre-los-retos-quetenemos- como-pais-Jorge-Iván-Gonzalez-director-del-dnp.aspx.
  • FMI. Fiscal Rules Dataset, 1985-2015.
  • Fontanari,C. ; Palumbo, A and Salvatori, C. (2019). Potential Output in Theory and Practice: A Revision and Update of Okun’s Original Method. Institute for New Economic Thinking. Working Paper No. 93.
  • Forstater, M and Mosler, W. (2005). The Natural Rate of Interest Is Zero. Journal of Economic Issues. Vol. XXXIX (2).
  • Galán, J (2014). El enfoque de las reglas fiscales ante la discrecionalidad de la política pública. Economía Informa. Vol. 2014. Núm. 388. Páginas 2-121 (septiembre – octubre 2014).
  • Godley, W and Lavoie, M (2007). Monetary Economics: An Integrated approach to Credit, Money, Income Production, and Wealth. New York, NY:Palgrave Macmillan.
  • Kelton, Stephanie. 2020. The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy. New York: PublicAffairs.
  • Kydland, F and Prescott, E (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. The Journal of Political Economy, 85, pp. 473-491.
  • Lerner, A (1943). Functional finance and the federal debt. Social Research: An International Quarterly, 10 (1), 38-51. https://philpapers. org/rec/LERFFA.
  • Marco Fiscal de Mediano Plazo (2024). MHCP, junio.
  • Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2022). “Cimientos para fortalecer la institucionalidad de la política fiscal en Colombia”, Dirección General de Política Macroeconómica. Pág. 17.
  • Mitchell, W; Wray, R; Martin, W (2019). Macroeconomics. Macmillan International. Red Globe Press.
  • Palma, J y Pincus, J (2022). América Latina y el Sudeste Asiático. El Trimestre Económico (2), núm. 354, abril-junio, p.p 613-681.
  • Pasinetti, L (1997). The social burden of high interest rates, en P. Arestis, G. Palma y M. Sawyer (Eds), Capital Controversy, Post- Keynesian Economics and the History of Economic Thought. London: Routledge.
  • Pasinetti, L. (1998). The myth (or folly) of the 3% deficit-GDP Maastricht “parameter”. Cambridge Journal of Economics, 22(1), 103–116.
  • Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
  • Tankersley, J (2025). Why Germany Wants to Loosen Its Debt Brake. New York Times. Marzo 18.
  • Taylor, J (2000). Reassessing discretionary fiscal policy. Journal of Economic Perspectives, 14, pp. 21-36.

———-