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BRECHAS DIGITALES: AVANCES Y RETOS DEL ACCESO A LAS TIC

Por: Campo Elías Vega Rocha

Contralor Delegado*

Septiembre 2024, Edición 373

a tecnología de banda ancha es esencial para que las personas accedan a mejores oportunidades educativas, laborales, de emprendimiento, integración financiera, acceso al Estado y participación ciudadana.

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) RECONOCIÓ, en 2011, el acceso a internet como un derecho humano considerándolo una herramienta que propende por el crecimiento y desarrollo de los países y las sociedades en general. Sin embargo, de acuerdo con ITU (2024) en 2023 había 2.600 millones de personas en el mundo que no contaban con acceso a internet.

Al respecto, es importante señalar que a partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el uso y acceso a internet y a las diferentes herramientas tecnológicas se convirtió en una necesidad para garantizar la interacción de las sociedades. El Banco Mundial (2024) identificó que durante la pandemia Covid-19 se incrementaron las descargas de aplicaciones relacionadas con negocios, educación, salud y pagos digitales, lo cual denota la importancia de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los países.

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La asequibilidad, entendida como la posibilidad de tener acceso a internet a un precio razonable, es un factor determinante para el desarrollo de los países.

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En este sentido, la asequibilidad, entendida como la posibilidad de tener acceso a internet a un precio razonable, es un factor determinante para el desarrollo de los países. Sin embargo, son evidentes las asimetrías existentes, encontrando que en los países de bajos ingresos el precio de una suscripción de banda ancha móvil de nivel básico equivale al 9 % del ingreso medio, una proporción veinte veces superior a la de los países de ingresos altos.

La tecnología de banda ancha es esencial para que las personas accedan a mejores oportunidades educativas, laborales, de emprendimiento, integración financiera, acceso al Estado y participación ciudadana, entre otras, (ITU, 2024). Sin embargo, en muchos países, es prohibitivamente caro, si es que está disponible.

De igual forma, se hace necesario advertir la existencia de una brecha entre zonas urbanas y rurales, evidenciando que en los países de ingresos altos casi se ha cerrado mientras que sigue siendo profunda en los países de bajos ingresos: menos de una de cada cinco personas (17 %) que viven en zonas rurales de países pobres utiliza internet.

Esto demuestra que la brecha digital entre los distintos grupos de ingresos se magnifica en las zonas rurales. La brecha en el uso de internet entre las zonas urbanas de los países de bajos ingresos frente a los de altos ingresos es de 48 puntos porcentuales, y de 71 puntos porcentuales entre las zonas rurales de los dos grupos, (ITU, 2024).

Estas desigualdades impactan el desarrollo económico y social, afectando negativamente el aumento de la productividad y la reducción de la pobreza. Por lo cual avanzar en reducir dichas brechas es fundamental para el desarrollo de los países con el fin de atender las demandas ciudadanas y el debate de políticas públicas. Siendo la igualdad una condición propicia para avanzar hacia un modelo de desarrollo centrado en el cierre de brechas estructurales y en la convergencia hacia mayores niveles de productividad, sostenibilidad económica y ambiental, la difusión de la sociedad del conocimiento, la construcción de capacidades y el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía plena. (CEPAL, 2018)

Frente a lo anterior se plantea que la revolución tecnológica puede ser puesta al servicio del nuevo estilo de desarrollo mediante políticas que impulsen la inversión y la orienten hacia la sostenibilidad y la igualdad, abriendo nuevos frentes de expansión económica en temas medioambientales y de inclusión social. (CEPAL, 2016)

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La brecha en el uso de internet entre las zonas urbanas de los países de bajos ingresos frente a los de altos ingresos es de 48 puntos porcentuales y de 71 puntos porcentuales entre las zonas rurales de los dos grupos.

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Estado actual de las TIC en Colombia

En Colombia, el porcentaje de hogares con acceso a internet (fijo o móvil), de acuerdo con el consolidado nacional de 2023, fue de 63,9 %, con un crecimiento de 4.4 puntos porcentuales frente al año anterior. En las zonas urbanas el indicador se ubicó en el 70,5 % mientras que en las zonas rurales fue de 41,4 %, resaltando el crecimiento de 9.2 puntos porcentuales de estas últimas frente al año anterior, siendo el más alto de los últimos años. Con este crecimiento y los que se habían presentado en los años anteriores el acceso a internet en áreas rurales se duplicó en comparación con el nivel registrado en 2019. (DANE, 2024)

Pese al incremento en la conectividad en 2023, aún se evidencian brechas en el acceso a internet, encontrando proporciones inferiores al 20 % en departamentos como Vichada, Vaupés y Chocó, en contraste, con Valle, Bogotá, Meta, Quindío y Antioquia que registran porcentajes de hogares conectados de más del 70,0 %. (DANE, 2024)

De otro lado, en 2023 el 77,3 % de los colombianos utilizó internet; en zonas urbanas ese porcentaje fue de 82,6 % y de 59,6 % en zonas rurales. El total nacional de uso de internet tuvo un incremento de 4.5 puntos porcentuales respecto al año anterior. En lo referente a este indicador, existen notables diferencias entre departamentos: mientras en el Meta, el departamento con mayor porcentaje, el 86,7 % de las personas usaron internet, en Vichada solo lo hizo el 14,5 %.

Las diferencias entre zonas urbanas y rurales son más notorias en algunos casos, por ejemplo, mientras que en las zonas urbanas del departamento de Caldas el 92,4 % de las personas usaron Internet, en la zona rural de Amazonas solo lo utilizó el 0,4 % de sus pobladores. (DANE, 2024)

Mediante el indicador Accesos fijos a internet por cada 100 habitantes se evidencian las notables diferencias entre departamentos del país (incluyendo Bogotá), pues mientras que en Bogotá, al término del año 2023, había 28.25 accesos por cada 100 habitantes, en Vaupés había solo 0.16 (MinTIC, 2024).

A diciembre de 2023 el total de accesos a internet móvil en Colombia alcanzó los 45 millones, cerca de 4.9 millones más que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, lo cual se refleja en el total de líneas de telefonía móvil que alcanzaron 87.4 millones, 6.6 millones de líneas más de las registradas en el mismo trimestre del año anterior. (MinTIC, 2024).

Políticas de acceso

Ante este panorama, las políticas públicas para el sector las establece el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y deben ser adoptadas y acatadas por los entes nacionales y territoriales (Ley 1341 de 2009). Este marco es conveniente, ya que se requieren políticas públicas nacionales para lograr con eficacia y eficiencia la transformación digital.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al artículo 5 de la Ley 1341 de 2009 que establece que las entidades de orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las TIC, existen estrategias como la de Gobierno Digital, que permiten que las entidades territoriales definan estrategias de ciudades y territorios inteligentes, incorporando los lineamientos técnicos en el componente de transformación digital que establezca el Min-TIC.

De otro lado, la Ley 2108 de 2021 “Ley de internet como servicio público esencial y universal”, tiene como objeto establecer “…el acceso a internet como uno de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional…”, lo cual coadyuva en el cierre de la brecha digital y es fundamento legal para los proyectos y políticas públicas que propendan por la inclusión social digital[1].

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Menos de una de cada cinco personas (17 %) que viven en zonas rurales de países pobres utiliza internet.

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Beneficios de las TIC

Las TIC ofrecen grandes beneficios a quienes se apalancan en ellas, ya sean naciones o individuos, facilitando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y convirtiéndose en imprescindibles para diferentes áreas, evidenciando que distintos tipos de plataformas digitales, desde las utilizadas para hacer reuniones virtuales hasta las dedicadas a las entregas a domicilio, han cobrado un protagonismo inusitado y su uso aumenta de manera exponencial. (CEPAL, 2020)

En el ámbito de la educación, las TIC pueden ser una herramienta que aumente el interés y la motivación de estudiantes y docentes, contribuyendo a la estimulación de la actividad intelectual, la iniciativa y la creatividad, facilitando la comunicación y la cooperación.

En lo laboral y el emprendimiento, simplifican la búsqueda y aplicación a vacantes, oferta y prestación de servicios personales, la promoción de emprendimientos y el contacto con potenciales clientes. En suma, las tecnologías digitales han permitido el surgimiento de nuevos formatos laborales, como los nómadas digitales y los FreeLancer.

De otro lado, las TIC representan para los consumidores la posibilidad de acceder a información, conocimientos, bienes y servicios en diversos formatos, facilitando el acceso a formas de consumo no presenciales más ágiles.

El desarrollo de la economía digital ha llevado a una transformación de la propuesta de valor de los bienes y servicios al reducir los costos de transacción e intermediación, y explotar la información generada e intercambiada en las plataformas digitales. (CEPAL, 2021)

La conectividad con mejores redes e infraestructura de telecomunicaciones más robusta, facilita la automatización de procesos, beneficiando a la industria y aumentando la productividad y la eficiencia de la economía y de la sociedad en su conjunto. (Negrete, 2024)

Un estudio publicado por la CEPAL, que analizó los efectos de la banda ancha en el crecimiento económico en América Latina, arrojó como resultado una contribución significativa y positiva. Un incremento en un 1 % de la penetración de la banda ancha móvil genera un crecimiento del 0,23 % en el PIB; mientras que un incremento del 1 % de la banda ancha fija aumenta el PIB en un 0,31 %. (Alderete, 2022)

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La revolución tecnológica puede ser puesta al servicio del nuevo estilo de desarrollo mediante políticas que impulsen la inversión y la orienten hacia la sostenibilidad y la igualdad, abriendo nuevos frentes de expansión económica en temas medioambientales y de inclusión social.

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Retos y barreras

Infraestructura limitada: la geografía del país presenta desafíos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, como fibra óptica y microondas. Llegar a zonas rurales apartadas implica grandes esfuerzos logísticos, debido a las dificultades de acceso por la falta de infraestructura vial e, incluso, debido a situaciones de orden público. En algunas zonas, la tecnología satelital es la única alternativa viable, aunque presenta desventajas como menor velocidad, altos costos y afectaciones en el servicio por ciertas condiciones atmosféricas.

Calidad y asequibilidad del servicio: a pesar de que los proyectos de inversión implementan infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales y apartadas, la calidad de los servicios ofrecidos dista mucho de ser aceptable, especialmente en cuanto a la velocidad de internet que inhabilita el uso de soluciones digitales de teletrabajo y educación en línea. La velocidad mínima de internet recomendada para dichas actividades es de 25 Mbps[2], sin embargo, la velocidad que alcanzan los usuarios de algunos proyectos de MinTIC en zonas rurales, es muy inferior a ese valor. (García, Burbano, Martínez, & Acuña, 2023)

Además de la calidad, el acceso a internet de banda ancha debe ser asequible, esto es, que los precios del servicio y de los dispositivos estén al alcance de los habitantes de las zonas rurales y urbanas deprimidas; de lo contrario, aunque haya oferta, se desincentivará la demanda. Uno de los objetivos propuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), es que las suscripciones a los servicios de banda ancha cuesten menos del 2 % del Ingreso Nacional Bruto (INB) mensual per cápita de los países (ITU, 2022). En el caso de Colombia, aunque el costo mensual del servicio de internet de banda ancha sea superior al propuesto por la ITU, no debería exceder el 2 % del salario mínimo mensual legal vigente.

Por lo tanto, el reto de la política pública de conectividad digital es garantizar que el acceso a internet sea universal, significativo y asequible. Es decir, de calidad y al alcance de todos, lo cual implica ofrecer velocidades adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios, a precios asequibles e incluir la tenencia de dispositivos de acceso, solo así se posibilitará a los hogares acceder a las opciones productivas que ofrece la red informática.

Capacitación y alfabetización digital: el acceso a las TIC por sí solo no es suficiente, se requiere complementarlo con programas de socialización, capacitación y apropiación que promuevan el uso responsable y productivo de estas tecnologías, garantizando que las comunidades locales puedan aprovechar las TIC de manera efectiva para mejorar sus condiciones de vida.

Regulación y políticas públicas: una estrategia para reducir las brechas sociales entre zonas urbanas y rurales es disminuir la desigualdad y mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos en zonas rurales (CEPAL, 2018). Para propender por el crecimiento económico es imperativo que el país adopte políticas públicas de inclusión social digital para la población de zonas remotas o deprimidas, que incluyan la calidad de los servicios y su aprovechamiento o apropiación por los usuarios, como mecanismo que les permita acceder a las oportunidades propias del desarrollo digital.

Para lograr este propósito es necesario focalizar la política pública y los recursos del sector TIC en el cierre de la brecha digital y el acceso universal y significativo a estas tecnologías. Para lo cual la regionalización de los proyectos es una de las estrategias que permite llevar infraestructura y servicios de telecomunicaciones a diferentes áreas que difícilmente serían alcanzadas con planes de expansión de los operadores.

Iniciativas y proyectos actuales

Estos son los principales programas del sector TIC, que se desarrollan a través de uno o varios proyectos de inversión, mediante múltiples iniciativas y son ejecutados con recursos del Presupuesto General de la Nación: (DNP-SINERGIA, 2024):

Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión digital de todos los colombianos;
Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado;
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional;
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Se resalta que los dos primeros programas se iniciaron en el gobierno anterior, uno de ellos, es el más relevantes de la administración actual y tiene como objetivo “Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional”, dentro del cual se destaca el proyecto de inversión “Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional” el cual incluye varias iniciativas en desarrollo, destacando:

Centros Digitales (presupuesto total de $2.1 billones),
Zonas Comunitarias para la Paz (presupuesto total de $206 mil millones),
Escuelas PotencIA Digital (presupuesto total de $407.8 mil millones).

Estas iniciativas son clave para que el actual gobierno alcance la meta de que el 85 % de los colombianos use internet y tengamos 71.4 millones de accesos a esa red informativa en el país.

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El desarrollo de la economía digital ha llevado a una transformación de la propuesta de valor de los bienes y servicios al reducir los costos de transacción e intermediación; y explotar la información generada e intercambiada en las plataformas digitales.

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Conclusiones

Para que una política pública de transformación digital sea eficaz debe ser nacional, integral, inclusiva, con vocación de igualdad, sostenible y con respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, toda vez que para alcanzar un desarrollo económico y social más equitativo, es imprescindible garantizar la inclusión digital para todos, facilitando herramientas a los grupos desatendidos.

La conectividad digital, en particular el acceso a internet de banda ancha, debe ser universal, significativa y asequible, lo cual, de acuerdo con la definición dada por la ITU, implica que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de una experiencia en línea segura, satisfactoria, enriquecedora, productiva y asequible, lo que se ha convertido en un imperativo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sin embargo, no se puede desconocer que la conectividad digital por sí sola no es suficiente y se requiere acompañarla de programas de socialización, capacitación y apropiación adecuados, que promuevan el uso responsable y productivo de las TIC. Es esencial el desarrollo de capacidades digitales por parte de los ciudadanos para maximizar el impacto de la transformación digital.

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En 2023 el 77,3 % de los colombianos utilizó internet; en zonas urbanas ese porcentaje fue de 82,6 % y de 59,6 % en zonas rurales.

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Recomendaciones

El objetivo principal de la política de infraestructura y regulación es generar condiciones que fomenten la inversión en infraestructura para incrementar el acceso y calidad de la banda ancha fija y móvil. Esta política debe posibilitar, en un ambiente de creciente convergencia e hiperconectividad, la compatibilidad entre inversión, competencia e innovación. (CEPAL, 2018)

La conectividad digital del país, tanto en zonas urbanas como rurales, debe estar concebida en una política integral que promueva el uso productivo de internet, mediante un plan integral en educación que incluya el desarrollo de habilidades digitales para fomentar el buen uso de esta herramienta, y facilite identificar oportunidades en materia de generación de ingresos. Así, los hogares podrán dar mejor uso a la conectividad, contando con capacidades complementarias que les permitan incrementar su productividad.

Es fundamental contar con enfoques apropiados de políticas públicas y gobernanza para maximizar el impacto positivo de las tecnologías emergentes, siendo pertinente establecer enfoques colaborativos a nivel regional y global, ayudando a las partes interesadas a superar los desafíos. En ese sentido, la política industrial debe asegurar la sinergia entre los programas gubernamentales nacionales, regionales y locales, promoviendo las alianzas público-privadas y garantizando la transparencia y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas en los ámbitos de la inversión, innovación y regulación (CEPAL, 2018).

Se requiere fortalecer la innovación en el ámbito local, promoviendo y dando impulso a las ciudades inteligentes que implementen sistemas de transporte público eficientes, mejoren las infraestructura de acueducto y alcantarillado, creando espacios públicos con mayores niveles de seguridad, empleando tecnologías eficientes y sostenibles en la iluminación y climatización, teniendo como base la seguridad y la sostenibilidad ambiental.

La Contraloría General de la República (CGR) ha establecido en varias ocasiones[3] que Min-TIC debe fortalecer sus funciones de inspección, vigilancia y control de los proyectos, las cuales podrían descentralizarse, permitiendo que los beneficiarios directos o las autoridades de los entes territoriales beneficiarios de los programas y proyectos TIC, contribuyan en esa función específica. EC

Referencias Bibliográficas

DANE. (24 de 04 de 2024). dane.gov.co. Obtenido de dane.gov.co: https://view.officeapps.live.com/op/view. aspx?src=https%3A%2F%2fFwww.dane.gov.co%2fFiles%2fOperaciones%2FECV%2findex-ECV-2023.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
CEPAL. (2016). cepal.org. Recuperado el 2023, de repositorio.cepal.org: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/ bitstreams/1801cbd5-28e6-4e0a-8dbc-7eb6b7836575/content
CEPAL. (2018). cepal.org. doi:978-92-1-058627-6
ITU. (2024). www.itu.int. Obtenido de www.itu.int: https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-use/
MinTIC. (04 de 2024). colombiatic.mintic.gov.co. Obtenido de colombiatic.mintic.gov.co: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/ articles-338221_archivo_pdf.pdf
Motta, X., Burbano, C., & Acuña, S. (08 de 2022). contraloria.gov.co. Obtenido de contraloria.gov.co: https://www.contraloria.gov. co/en/resultados/informes/analisis-sectoriales-y-politicas-publicas/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones/-/document_ library/ovrt/view_file/4243185?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_ovrt_
Alderete, M. (2022). El efecto de la banda ancha en el crecimiento económico de América Latina: una aproximación basada en un modelo de ecuaciones simultáneas. Revista CEPAL. doi:ISSN 0252-0257
CEPAL. (2020). Construir un nuevo futuro. Naciones Unidas. doi:ISBN: 978-92-1-004745-6
Negrete, J. (17 de 07 de 2024). Banda ancha y mercado digital. DPL news. Obtenido de https://dplnews.com/banda-ancha-ymercado- digital/
ITU. (2022). La Comisión de la Banda Ancha tiene como objetivo cerrar la brecha digital para 2025. Noticias de la UIT.
CGR. (2022). Actuación Especial de Fiscalización – AEF CGR-CDTIC No 008. Contraloría General de la República, Bogotá.
García, O., Burbano, C., Martínez, Y., & Acuña, S. (11 de 2023). www.contraloria.gov.co. Obtenido de www.contraloria.gov.co: https://www.contraloria.gov.co/en/resultados/informes/analisis-sectoriales-y-politicas-publicas/tecnologias-de-la-informacion-y-lascomunicaciones/-/ document_library/ovrt/view_file/5511191?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_ovrt_
CEPAL. (2021). Tecnologías digitales para un nuevo futuro. Naciones Unidas.
DNP-SINERGIA. (2024). sinergiapp.dnp.gov.co. Obtenido de https://sinergiapp.dnp.gov.co/#ProgSectores/23/33
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* Contralor Delegado para el Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
[1] Inclusión social digital definida como “la remoción de las barreras de acceso a medios, infraestructura, bienes y servicios digitales, lo que posibilita el desarrollo económico, social, cultural y educativo de la población” (Motta, Burbano, & Acuña, 2022).

[2] La velocidad mínima de descarga de internet para ser considerada banda ancha en Colombia, según Resolución de la CRC 5161 de junio de 2017.

[3] Actuación Especial de Fiscalización AEF 008 de 2022 (CGR, 2022), en el Estudio Sectorial al Plan Nacional de Conectividad (García, Burbano, Martínez, & Acuña, 2023), entre otras.

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