LECTURA RECOMENDADA
BEETHOVEN HERRERA VALENCIA[1]
Julio 2026, Edición 380.
EL LABERINTO FISCAL EN COLOMBIA / OLIVER PARDO / PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA / 2026.
La obra analiza la situación fiscal del país y formula recomendaciones para aumentar los ingresos, disminuir los gastos y viabilizar las reformas propuestas.
Según plantea el autor, la consolidación fiscal en Colombia requerirá una combinación políticamente difícil de mayor recaudo, contención del gasto y una nueva regla fiscal. Advierte, además, que si no se construye el consenso político necesario para ese ajuste, la corrección terminará siendo impuesta por restricciones de liquidez.
De acuerdo con sus estimaciones, el déficit primario alcanzó el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) en 2025, y para frenar el crecimiento de la deuda será necesario alcanzar un superávit primario cercano al 1 % del PIB.
Pardo considera que el ajuste fiscal deberá ser gradual, incluir medidas relacionadas tanto con los ingresos como con los gastos, y acompañarse de políticas que aceleren el crecimiento económico. Según sus estimaciones, el paquete de medidas necesario para lograr la consolidación superaría el 4,5 % del PIB.
Para cerrar la brecha fiscal hay obstáculos legales y jurídicos, pues la propuesta incluye el marchitamiento de los beneficios tributarios no especificados en el Estatuto Tributario y cuantificados en el Presupuesto General de la Nación (PGN). La eliminación gradual de esos beneficios simplificaría el sistema tributario y podría facilitarse mediante una reducción de tarifas que favorezca su cumplimiento.
Según las estimaciones presentadas, la evasión fiscal se sitúa entre el 5,4 % y el 8,0 % del PIB, mientras que el gasto tributario (beneficios tributarios) alcanza el 8,5 % del PIB. La meta planteada es que el Gobierno nacional del nivel central recaude alrededor del 30 % del PIB, frente al recaudo actual, que bordea entre el 14 % y el 15 %. Para ello, se plantea adelantar las reformas con gradualidad y establecer una nueva regla fiscal, reduciendo al menos dos puntos del PIB en el déficit primario a través de aumentos en los ingresos.
Por otra parte, se plantea posponer la aprobación de la Ley de Competencias para reformular los montos del Sistema General de Participaciones (SGP) como porcentaje del PIB y, además del marchitamiento de los beneficios tributarios, se recomienda una reforma administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La Ley de Competencias, actualmente en trámite parlamentario, debería garantizar de manera efectiva la correspondencia entre los recursos adicionales transferidos y el costo de las responsabilidades trasladadas a las entidades territoriales. Precisamente por ello, se recomienda posponer su aprobación. En materia pensional, se sugieren reformas paramétricas y la aplicación del impuesto de renta a las pensiones. Así se estima posible lograr un recorte superior a dos puntos del PIB, y revertir, además, el subsidio a los combustibles y otras transferencias.
El diagnóstico presentado es riguroso, y deja ver como indudable la magnitud de los retos fiscales que deberá enfrentar el nuevo gobierno cuando busque la sostenibilidad de las finanzas públicas. Debe evitarse a toda costa el cese de pagos, que sería contrario a la tradición de cumplimiento que ha caracterizado al país durante sus dos siglos de vida republicana.
Son razonables las recomendaciones encaminadas a eliminar exenciones y beneficios tributarios. Sin embargo, la sugerencia de posponer la Ley de Competencias riñe con el mandato del acto legislativo que ordenó modificar el sistema vigente. Más aún, cuando se trata de regresar al esquema originalmente previsto en la Constitución de 1991, posteriormente modificado por sucesivas reformas constitucionales que recentralizaron las finanzas públicas. De hecho, el Proyecto de Ley de Competencias ya fue radicado y han comenzado las audiencias públicas.
Las propuestas de reformas paramétricas al sistema pensional —como el aumento de la edad de jubilación o la posibilidad de gravar las pensiones— pueden parecer matemáticamente lógicas, pero resultan políticamente difíciles de implementar.EC
[1] Asesor Externo de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas y editor de la Revista Economía Colombiana.
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