ANALÍTICA DE DATOS MOTOR DEL CONTROL FISCAL PREVENTIVO

ANDRÉS FELIPE CIFUENTES PERDOMO

Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata-DIARI Focalizada

EDUARDO JOSÉ TOUS DE LA OSSA

Jefe dela Unidad de Información-DIARI

CARLOS ANDRÉS RODADO GRIJALBA

Jefe de la Unidad de Análisis de la Información-DIARI

DIANA CAROLINA TORRES GARCÍA

Delegada Intersectorial de Regalías-DIARI

ÁLVARO JOSÉ GIRALDO CADAVID

Jefe de la Unidad de Reacción Inmediata-DIARI

FARHA ALEXANDRA AMARIZ SARMIENTO PÉREZ

Profesional Universitario, Grado 02-DIARI

Julio 2026, Edición 380.

¿Cómo evitar que miles de millones de pesos terminen atrapados en obras suspendidas o inconclusas? La respuesta se halla en los datos. A través de modelos analíticos, la georreferenciación y el monitoreo permanente, la Contraloría General de la República está transformando la manera de vigilar la inversión pública y anticipar riesgos en tiempo real.

UNA OBRA PÚBLICA INCONCLUSA no es solo una estructura detenida: es una promesa incumplida para la ciudadanía. Cada proyecto suspendido, retrasado o sin ser puesto en marcha puede representar comunidades que esperan colegios, hospitales, vías, acueductos o sedes institucionales que mejorarían su calidad de vida. Tras cada cronograma incumplido hay recursos públicos comprometidos, expectativas ciudadanas aplazadas y oportunidades de desarrollo territorial que no se materializan.

Por lo anterior, en un país donde la inversión en infraestructura es clave para cerrar brechas sociales y económicas, anticipar riesgos se ha vuelto una tarea decisiva del control fiscal moderno. En el contexto descrito, el control fiscal con base en datos cobra especial relevancia: ya no se trata de tan solo vigilar la ejecución de los recursos, sino de, además, identificar señales tempranas, priorizar proyectos críticos y activar respuestas institucionales antes de que los riesgos se vuelvan pérdidas para el Estado u obras sin servicio para la ciudadanía.

Bajo esta lógica, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha consolidado un modelo de seguimiento de obras que integra gestión de información, analítica de datos y capacidad de reacción institucional. Desde la Unidad de Información, el ciclo inicia con la captura y la preparación del dato a través del Aplicativo Unidad de Información (APPUI) y de canales de intercambio con las entidades y los sujetos de control. El reporte se estructura en tres fuentes obligatorias: matriz de seguimiento de obras, matriz de coordenadas geográficas y matriz de hitos de ejecución.

Con lo anterior se centraliza información de más de 678 entidades en entornos tipo Data Lake. Y ante los retos de calidad, consistencia y detalle de la información, se fortalecen procesos de validación, estandarización y seguimiento, complementados con prácticas de seguridad alineadas a ISO/IEC 27001. Este enfoque permite superar una visión fragmentada de la información pública y avanzar hacia un esquema de control más integral, donde los datos dejan de ser registros aislados para volverse insumos estratégicos al servicio de la toma de decisiones.

La integración de variables contractuales, financieras, físicas y geográficas permite identificar patrones de riesgo, comparar avances programados frente a avances reales, detectar posibles rezagos y priorizar intervenciones en proyectos con mayor nivel de criticidad. Así, la analítica de datos fortalece la oportunidad del control fiscal, pues permite que las alertas se generen durante la ejecución de los proyectos, y no solo cuando los efectos negativos ya se hayan materializado.

Analítica de datos y control fiscal preventivo

A partir del Acto Legislativo 04 de 2019 y del Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General de la República (CGR), por medio de la DIARI, desarrolló 52 modelos analíticos que cubren infraestructura, contratación estatal, programas sociales y sectores estratégicos tales como: ambiente, salud, regalías, trabajo, subsidios y educación (Congreso de Colombia, 2019). Entre enero de 2022 y febrero de 2026, dichos modelos generaron 2.429 alertas tempranas, asociadas a un monto alertado de $71,4 billones de pesos. La categoría de Infraestructura y Obras Públicas concentra el 64,4 % del valor alertado, principalmente a través del Modelo Analítico de Obras Públicas y del Modelo de Riesgos del Sistema General de Regalías (SGR). Así se evidenciaron fallas recurrentes de planeación territorial, ejecución fragmentada y supervisión limitada. Estos modelos interoperan y se alimentan de catálogos APPUI y de información de contratación estatal articulando datos físicos, financieros, contractuales y geográficos para fortalecer la trazabilidad del riesgo.

El gráfico 1 expresa un modelo de obras de infraestructura, a propósito del tema.

Las estadísticas muestran que tras esas cifras de ocupación tan notorias sigue ocultándose una debilidad estructural de la economía nacional: la generación del empleo de calidad, lo cual se refleja en las altas tasas de informalidad laboral. Aunque hay una leve caída de ese indicador a partir de 2023, la informalidad se mantiene en niveles del 55 %. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo México supera a Colombia en nivel de informalidad laboral entre sus miembros (OCDE, 2025).

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En la CGR la información deja de ser un insumo pasivo y se convierte en un activo estratégico para anticipar riesgos, focalizar esfuerzos y orientar decisiones públicas con mayor oportunidad.

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Modelo de obras

En el marco de las principales problemáticas identificadas durante la caracterización del modelo de obras, se destacan como elementos recurrentes los desfases en los cronogramas, la desalineación entre la ejecución financiera y el avance físico pactado, la acumulación de suspensiones prolongadas, las deficiencias en los estudios previos y las modificaciones reiteradas en los alcances técnicos. Tales situaciones reflejan debilidades estructurales tanto en la fase de planeación como en la de ejecución, al igual que limitaciones en la estructuración de los proyectos, y en la estimación de tiempos y costos, así como en los mecanismos de seguimiento y control. Asimismo, ponen de relieve inconsistencias en la articulación entre los componentes técnicos, financieros y administrativos, lo que repercute de forma directa en la eficiencia, la oportunidad y la sostenibilidad de las intervenciones.

En el contexto descrito, estas problemáticas permiten identificar oportunamente riesgos a través de alertas tempranas, así como apoyar la priorización de seguimientos permanentes y mejorar su análisis desde una perspectiva territorial, y así facilitan enfocar la intervención institucional en los casos más críticos y llevar a cabo acciones preventivas de manera más oportuna.

Desde esta perspectiva, el control fiscal basado en datos no se limita a identificar desviaciones contractuales o financieras: su máximo valor reside en anticipar afectaciones sociales derivadas de la ineficiente ejecución de los proyectos públicos. Cada obra suspendida, retrasada o inconclusa representa una oportunidad perdida para la ciudadanía: colegios que no reciben estudiantes, hospitales que no prestan servicios, vías que no conectan territorios, acueductos que no garantizan el acceso al agua o sedes institucionales que no fortalecen la presencia del Estado. Por ello, la analítica aplicada al control fiscal permite transformar grandes volúmenes de información en decisiones oportunas, focalizadas y con impacto real sobre la calidad de vida de las comunidades.

El gráfico 2 muestra un modelo de obras de infraestructura con proporción de alertas por situación detectada.

Obras inconclusas

En el mismo sentido, cobra especial relevancia el abordaje de las obras inconclusas, entendidas como las intervenciones que, pese a contar con avances físicos y financieros, permanecen sin finalizar ni ser puestas en funcionamiento, lo que, en consecuencia, limita el acceso efectivo de la ciudadanía a bienes y servicios esenciales. En respuesta a la problemática, en el marco de la Ley 2020 de 2020 (Congreso de Colombia, 2020), la DIARI ha consolidado el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, como un instrumento clave para visibilizar, dimensionar y actuar sobre uno de los mayores focos de ineficiencia en el gasto público.

Entre 2022 y 2026, se identificaron en el territorio nacional 248 obras inconclusas, que representan más de $1.06 billones de pesos en recursos comprometidos. Sin embargo, más allá de evidenciar el rezago, la gestión institucional ha sido orientada a transformar esa realidad: gracias al seguimiento técnico, la analítica de datos y la articulación con las entidades, 76 de dichas obras fueron terminadas y puestas en funcionamiento, recuperaron su propósito original y generaron beneficios concretos para las comunidades. Además, se ha fortalecido la articulación con las contralorías territoriales y se han desarrollado mesas de trabajo con gobernaciones y alcaldías, lo que ha permitido analizar de manera conjunta el contexto de las obras inconclusas en cada territorio, identificar causas estructurales y concertar rutas de acción para reactivarlas.

El análisis territorial ha permitido enfocar los esfuerzos en los departamentos que muestran mayor concentración de obras y recursos, como Antioquia, Sucre, Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca, y consolidar una intervención más estratégica y focalizada. De la misma forma, se ha avanzado en la depuración del registro mediante la toma de decisiones frente a proyectos inviables, a fin de evitar que se prolonguen inversiones sin retorno social.

En conjunto, estos resultados evidencian un cambio de enfoque en el control fiscal: el paso de identificar el problema a generar soluciones concretas, lo cual se traduce en decisiones oportunas, acciones tangibles, obras culminadas y valor público recuperado para el país.

Articulación institucional y reacción oportuna

La fortaleza del modelo implementado por la DIARI radica en la articulación entre tres capacidades institucionales: la gestión de información, el análisis especializado y la reacción inmediata. La primera permite consolidar datos que provienen de entidades públicas, contratos, avances físicos, registros fotográficos y fuentes sectoriales. La segunda transforma esa información en alertas, patrones de riesgo y criterios de priorización. La tercera activa mecanismos de intervención como los seguimientos permanentes, las mesas técnicas y la coordinación con entidades ejecutoras. Esta integración permite que el control fiscal evolucione de un enfoque predominantemente posterior hacia un esquema preventivo y de vigilancia, que inste a los gestores fiscales a tomar acciones encaminadas a reencauzar la ejecución de los proyectos y evitar que las actuaciones de control fiscal se presenten solo cuando el daño ya se haya materializado. El gráfico 3 es una vista del Geoportal de la CGR.

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La analítica aplicada al control fiscal permite transformar grandes volúmenes de información en decisiones oportunas, focalizadas y con impacto real sobre la calidad de vida de las comunidades.

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Geoportal

A modo de complemento estratégico, la CGR cuenta con el Geoportal, una herramienta pública de acceso gratuito que permite a las entidades y a la ciudadanía en general visualizar y comprender, a través de mapas interactivos, la inversión de los recursos públicos asociados a obras de infraestructura, proyectos en ecosistemas como páramos, y obras inconclusas, entre otros.

A través de esta plataforma, los ciudadanos acceden de manera sencilla a información geoespacial relativa a contratos, inversiones y proyectos sujetos a control fiscal, presentada de forma clara e intuitiva, para facilitar su interpretación y su uso. De esta manera, el Geoportal no solo amplía el acceso a la información pública, sino que contribuye a cerrar brechas en su comprensión, y fortalecer, por ende, la transparencia y la apropiación ciudadana en el marco del control fiscal.

Además, el monitoreo continuo de la información permite que se generen insumos relevantes para la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y las delegadas sectoriales, y se facilite así la emisión de alertas preventivas que activan mecanismos de intervención como los seguimientos permanentes y las acciones de reacción inmediata, en el marco del control fiscal preventivo y concomitante.

En ese contexto, la CGR invita a la ciudadanía, a las entidades territoriales, a la academia y al sector privado a explorar esta herramienta, apropiar su contenido y utilizarla como un insumo clave para el análisis, la veeduría y la generación del conocimiento. Este acceso se encuentra disponible a través del link: https://geoportal. contraloria.gov.co, lo cual representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de control fiscal más transparente y colaborativo, y se convierte en un activo de valor público al servicio del país (Contraloría General de la República, s. f.).

La disponibilidad de información georreferenciada también fortalece la participación ciudadana y el control social. Cuando los datos sobre inversión pública, ubicación de proyectos, estado de avance y riesgos asociados se presentan de manera clara y accesible a la ciudadanía, se tienen mejores recursos para el seguimiento a las obras que impactan su territorio. Ello resulta en especial relevante para el caso de municipios y departamentos donde las comunidades conocen de primera mano los retrasos, los abandonos o las dificultades de ejecución, pero no siempre disponen de información estructurada para respaldar sus observaciones.

Mecanismo de seguimiento Permanente

En línea con este enfoque basado en información y analítica, las alertas tempranas generadas por los modelos permiten activar mecanismos de intervención que trascienden en el análisis y se materializan en acciones concretas sobre los proyectos en riesgo. En ese marco, la Unidad de Reacción Inmediata y la Delegada Intersectorial de Regalías adscrita a la DIARI implementan el mecanismo de Seguimiento Permanente (SP), orientado a acompañar la ejecución de iniciativas con alto nivel de criticidad y prevenir su eventual conversión en obras inconclusas.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde septiembre de 2022 se han iniciado 877 acciones SP por un valor cercano a los $24,3 billones de pesos, con un acompañamiento a más de 223 entidades objeto de control. De dichas obras, 256 se han culminado y puesto en funcionamiento de manera exitosa, y se han protegido así recursos públicos cercanos a $6,4 billones, mientras que en otros 63 casos se han reactivado las obras. Estos resultados evidencian que combinar analítica de datos, seguimiento técnico y articulación institucional es un medio efectivo para mejorar la ejecución del gasto público y proteger el patrimonio del Estado.

Caso emblemático: sede única de la Fiscalía General de la Nación en Popayán

El valor agregado del modelo de obras se hace evidente cuando las cifras se traducen en resultados tangibles en el territorio. Un caso representativo es la “Construcción de la sede única de la Fiscalía General de la Nación”, en Popayán, Cauca, proyecto que presentó alertas por bajo avance físico, tras identificarse un desfase del 17,47 % entre lo programado y lo ejecutado (Contraloría General de la República, 2025).

A través de al menos 40 mesas de trabajo interinstitucionales, se logró superar barreras técnicas, administrativas y financieras, y así se logró que la obra pasara del 13,79 % de ejecución al 100 %. En medio del seguimiento se identificaron dificultades asociadas a ajustes técnicos, incorporación de ítems no previstos, mayores cantidades de obra, trámites de energización, certificaciones técnicas, instalación de ascensores, adecuación de servicios públicos, dotación mobiliaria y definición de componentes tecnológicos. Estas situaciones exigieron una coordinación permanente entre la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), la Fiscalía General de la Nación, el contratista, la interventoría y los demás actores involucrados, a fin de evitar que la obra permaneciera inconclusa y garantizar su funcionalidad.

La intervención de la DIARI permitió mantener trazabilidad sobre los compromisos, hacer seguimiento a los cronogramas, verificar avances y promover decisiones oportunas para proteger la inversión pública. Como resultado, el proyecto alcanzó el 100 % de ejecución física, y tuvo conexión definitiva de acueducto, energización, certificaciones técnicas y entrega de mobiliario, condiciones necesarias para su puesta en funcionamiento. El resultado del control fiscal preventivo y concomitante se reflejó en la protección de $61.086 millones de pesos de inversión pública, asociados a la ejecución de la obra, la interventoría y la dotación.

Por último, el impacto social de esta intervención es significativo: la nueva sede beneficia a más de 350.000 habitantes de Popayán, por lo cual mejora el acceso a la justicia, la calidad de la atención y las condiciones de prestación de los servicios judiciales.

El registro fotográfico 1 muestra parte de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Popayán.

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La CGR, a través de la DIARI y sus capacidades, aporta, en el marco de su modelo de control fiscal preventivo, a mejorar la eficiencia del gasto público, garantizar el acceso ciudadano a bienes y servicios esenciales y a mitigar riesgos derivados del uso inadecuado de los recursos públicos.

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Conclusiones

La experiencia de la DIARI deja ver una transformación clave en la forma de ejercer el control fiscal en Colombia. La información deja de ser un insumo pasivo y se vuelve un activo estratégico para anticipar riesgos, focalizar esfuerzos y orientar decisiones públicas con mayor oportunidad. En este nuevo enfoque, la vigilancia fiscal no se limita a revisar hechos cumplidos, sino que incorpora capacidades analíticas para intervenir de manera preventiva durante la ejecución de los proyectos, y así reducir la probabilidad de que se pierdan recursos y fortalecer la generación de valor público.

Esta transformación también implica una mayor articulación entre tecnología, criterio técnico y presencia institucional en territorio. Los modelos analíticos permiten identificar patrones y priorizar casos críticos, pero su efectividad depende de la capacidad institucional para convertir las alertas en acciones concretas, mediante mesas de trabajo, seguimiento a compromisos y coordinación con las entidades responsables. En ese sentido, el control fiscal preventivo y concomitante se consolida como una herramienta moderna de gestión pública, orientada no solo a proteger el patrimonio del Estado, sino a garantizar que la inversión pública se traduzca en obras terminadas, servicios disponibles y mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

En este marco, resulta imprescindible hacer un llamado a las entidades sujetos de control a fortalecer los procesos de planeación, estructuración y ejecución de los proyectos de infraestructura, como elemento clave para prevenir la materialización de riesgos identificados a través de los modelos analíticos. Una adecuada planificación y una correcta ejecución técnica, financiera, jurídica y contractual no solo ayudan a mejorar la eficacia y la eficiencia en la administración del gasto público, sino que reducen progresivamente la generación de alertas tempranas en atención a las obras críticas y, por ende, coadyuvan a prevenir el incremento en el número del registro de obras inconclusas en el territorio nacional.

De esta forma, la CGR, a través de la DIARI y sus capacidades, aporta, en el marco de su modelo de control fiscal preventivo, a mejorar la eficiencia del gasto público, garantizar el acceso ciudadano a bienes y servicios esenciales y a mitigar riesgos derivados del uso inadecuado de los recursos públicos. Estos avances evidencian que la analítica de datos, articulada con la reacción institucional y el seguimiento técnico, puede generar beneficios sociales, económicos y ambientales en los territorios, fortaleciendo un modelo de control fiscal más transparente y orientado a resultados.

Finalmente, este modelo desarrollado por la DIARI se consolida como una buena práctica institucional estatal en materia de control fiscal basado en datos, con potencial de ser replicado y adaptado por otras entidades fiscalizadoras a nivel tanto nacional como internacional. EC  

Referencias Bibliográficas

 

  • Congreso de Colombia. (2019). Acto Legislativo 04 de 2019, por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal.
  • Congreso de Colombia. (2020). Ley 2020 de 2020, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.
  • Contraloría General de la República. (2025). Informe interno de seguimiento permanente a los recursos públicos: CAT_720_2024. Construcción de la Sede Única de la Fiscalía General de la Nación, sede Popayán. Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).
  • Contraloría General de la República. (s. f.). Geoportal de la Contraloría General de la República. https://geoportal.contraloria.gov.co

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