FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO

Contralor Delegado para el Posconflicto.

Julio 2026, Edición 380.

LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL DE PAZ (AFP) en 2016, no solo perfiló el fin del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), sino que también impuso al Estado colombiano el reto de gestionar recursos financieros sin precedentes para cumplir con lo pactado e implementarlo sistemáticamente durante 15 años: la reforma rural integral y la democratización de la propiedad de la tierra, la cualificación de la participación política y la apertura democrática, el fin del conflicto y las garantías de no repetición, la solución al problema de las drogas ilícitas, y la reparación integral a las víctimas, considerando un marco institucional de justicia transicional y restaurativa que recoge la interesante experiencia iniciada en Colombia con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

A diferencia de otros procesos de paz, tanto colombianos como internacionales, el AFP con las FARC reconoció las causas estructurales que produjeron y han sostenido durante décadas diversas formas de violencia (UIAP, 2024), lo que lo posiciona como un proceso de paz que trasciende la negociación entre las partes en disputa militar y antagonismos políticos, y ubica claramente los desafíos necesarios para superar, por un lado, la inmensa crisis humanitaria históricamente padecida por millones de personas en varias regiones del país, y por otro, las deudas históricas del Estado en materia de desarrollo social y económico, lo que se conoce hoy en el mundo de la cooperación internacional como el “triple nexo” (Kunová & Mélinon, s. f.).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su representación en Colombia, ha señalado que el AFP es el mejor acuerdo posible logrado recientemente en el mundo, en términos de las apuestas transformadoras pactadas y las consecuencias positivas si se lograra su implementación integral. Para la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNMVC) es un “esfuerzo colectivo de los colombianos para dejar atrás la violencia, avanzar hacia la reconciliación y construir un país en paz, equitativo y seguro” (UNVMC, 2025).

En ese contexto, Colombia se ha posicionado como el único país del mundo que ha institucionalizado una auditoría integral, sistemática, permanente y específica al Acuerdo de Paz y a otras políticas sectoriales y poblacionales para lograr un posconflicto “benigno”[1], mediante una institucionalidad innovadora, aunque con inmensos desafíos.

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La construcción de la paz en Colombia no responde a políticas sectoriales aisladas; por el contrario, se erige como una estrategia macroeconómica transversal que impacta directamente la convivencia social, la solidez de las instituciones y el desarrollo del país.

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Esta singularidad radica en la articulación de instrumentos normativos, metodologías de seguimiento y sistemas de información institucionales y sociales que permiten una vigilancia exhaustiva de los recursos, los procesos de ejecución y los resultados asociados a la construcción de la paz.

No es grandilocuente ni exagerada la afirmación en la medida en que, aunque en otras experiencias internacionales como Sudáfrica, Guatemala, El Salvador, Nepal y Sierra Leona, por ejemplo, se dispuso de mecanismos de verificación internacional al cumplimiento de los compromisos sociales y políticos, en ningún caso hubo auditorías fiscales integrales para el seguimiento de los recursos públicos o de cooperación internacional destinados a la paz, como sucede en Colombia (UIAP, 2025; PGN, 2024; CINEP & CERAC, 2021).

En diferentes alocuciones el contralor General de la República ha expresado y lo reiteramos a partir de la gestión realizada: “La paz es una política de Estado, no de Gobierno”.

La construcción de la paz en Colombia no responde a políticas sectoriales aisladas; por el contrario, se erige como una estrategia macroeconómica transversal que impacta directamente la convivencia social, la solidez de las instituciones y el desarrollo del país. Con una movilización de recursos que supera la barrera de los $130,5 billones de 2025 acumulados a la fecha, el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz y de $243,1 billones en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, exige de parte de la Contraloría General de la República un ejercicio técnico que identifique tanto los hitos presupuestales como los desafíos institucionales y territoriales.

El presente balance, elaborado desde la perspectiva fiscal de la Delegada para el Posconflicto para el periodo 2022-2025, examina los aspectos financieros, los rezagos estructurales y las herramientas de innovación institucional que resultan indispensables para que el Estado responda con celeridad a las deudas históricas del conflicto armado.

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El gran reto para la implementación no reside únicamente en inyectar más recursos, sino además en mejorar de forma radical la calidad de la inversión; los recursos deben gestionarse con una adecuada coordinación, eficiencia y eficacia.

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1. Balance de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: avances, cuellos de botella y desafíos estructurales

A casi una década de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, la implementación de los compromisos pactados se encuentra en una etapa crítica, considerando que el horizonte temporal de su Plan Marco de Implementación (PMI) finaliza en 2031.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017 proyectó para un periodo de 15 años un total de $211,78 billones de pesos constantes de 2025 para financiar la totalidad del Acuerdo de Paz. La ejecución acumulada a 2025 por todas las fuentes de financiamiento asciende a $130,5 billones, lo que representa el 61 % del total programado. Específicamente, para 2025, el gasto ejecutado sumó $17,13 billones, superando la estimación para ese año del MFMP de $14,5 billones.

Toda vez que el costeo original se encuentra desactualizado, si se ajustan las proyecciones del Punto 1 —Reforma Rural Integral— con los cálculos de la Misión de Transformación del Campo, el costo de la implementación se elevaría a $354,4 billones a 2031. En este escenario, indexado a precios de 2025, la ejecución acumulada representaría únicamente el 37 % de los recursos requeridos para la implementación, en consonancia con lo que ha indicado la Contraloría General de la República (CGR, 2025).

La estructura de financiamiento del AFP depende de seis fuentes principales (cuadro 1).

El Presupuesto General de la Nación (PGN), se mantiene como la fuente principal, aportando el 64 % del total acumulado a 2025; junto con el Sistema General de Regalías (SGR), con recursos que aprueba el OCAD Paz concentra el 15,5 %, con una ejecución de $20,2 billones de pesos.

Sin embargo, esta fuente ha registrado el mayor nivel de riesgo en el control fiscal, mostrando hallazgos con incidencia fiscal por $522.268 millones de pesos corrientes debido a irregularidades específicas en cuatro sectores: en Transporte (57 % de los proyectos) por mala calidad en las obras, pagos mal ejecutados y falta de planeación; en Vivienda (19 % de los proyectos) por pagos sin soportes, obras pagadas no ejecutadas y deficiencias técnicas; en Minas y Energía (12 % de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos) por gestión fiscal antieconómica, incumplimiento contractual y falta de sostenibilidad o funcionalidad; y en los proyectos de fortalecimiento productivo, los cuales no cumplen su finalidad y sostenibilidad en el tiempo (CGR, 2024).

Por otra parte, una de las problemáticas que más se han evidenciado en el seguimiento, tiene que ver con la calidad y confiabilidad de las cifras reportadas por las entidades responsables; lo que se traduce en que la cuantificación de los recursos, en muchos casos, sea estimativa y el reporte de resultados difiera entre años sucesivos. Buena parte de los indicadores para medir los avances en la implementación no son pertinentes ni coherentes; y cuando se trata de porcentajes, sus universos no reflejan los déficits reales.

Persisten deficiencias respecto al trazador presupuestal de paz, que no garantiza que el recurso realmente implemente una acción prevista en el AFP. La marcación corresponde más a una asociación, que a un proceso de planeación y formulación de proyectos para atender los compromisos del Acuerdo. Asimismo, se marcan recursos de funcionamiento de las entidades como implementadores del AFP, que corresponden a los gastos administrativos del aparato estatal.

En relación con los seis puntos que conforman el AFP, el Punto 1 relativo a la Reforma Rural Integral que pretende la transformación estructural entre el campo y la ciudad, concentra el 73,8 % de los recursos ejecutados históricamente, acumulando $96,24 billones. A pesar de ser el punto con mayor asignación de recursos, el cumplimiento de las metas muestra retrasos considerables en componentes clave o alcances insuficientes.

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En el ámbito educativo, aunque se evidencia un avance progresivo en cobertura entre 2021 y 2023 —con un incremento del 16 % en matrículas de pregrado y del 19 % en formación técnica y posgrados—, la población víctima registra puntajes promedio más bajos en las pruebas Saber 11 frente a la población general.

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Acceso y formalización de tierras: el Acuerdo fijó la meta de entregar 3 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras y formalizar 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. En formalización, el avance acumulado es del 46,4 % con 3.250.999 hectáreas regularizadas en 2025. Por el contrario, la adjudicación o entrega de tierras presenta el mayor rezago del Acuerdo de Paz: en nueve años solamente se han adjudicado 107.099 hectáreas, lo que equivale apenas al 3,5 % de la meta fijada para 2031. Tomando como referencia el mejor ritmo histórico de adjudicación registrado en 2025 (63.864,07 hectáreas/año), el Estado colombiano tardaría cerca de 47 años en entregar los 3 millones de hectáreas pactadas.

Infraestructura y adecuación de tierras: se registra una inversión histórica de $15,45 billones de pesos constantes de 2025 entre el 2017 y 2025, con una ejecución de apenas $1,5 billones en esta última vigencia fiscal y avances reportados principalmente en infraestructura vial con convenios solidarios con más de 1.146 Juntas de Acción Comunal. En este componente, la principal problemática radica en que las metas oficiales se formulan sobre indicadores de gestión que no cuantifican el universo real de las necesidades ni el déficit total por intervenir en el campo. Como resultado, se registran metas cumplidas o incluso superadas. A esto se suma un déficit presupuestal acumulado de enorme magnitud, que aún no ha sido cuantificado por los sectores responsables.

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Colombia se encuentra en un punto de inflexión en el que las decisiones de política económica y de gestión pública determinarán el éxito o el fracaso definitivo de la implementación de las políticas para el Posconflicto.

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Programas de desarrollo con enfoque territorial: la gestión se estructura alrededor de la implementación de las 33.007 iniciativas definidas por las comunidades dentro de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). El balance financiero con corte a 2026 muestra una inversión registrada de $32,22 billones de pesos, de acuerdo con las cifras oficiales de la Central PDET (Agencia de Renovación del Territorio [ART], 2026). No obstante, la Contraloría General de la República (CGR, 2025) advierte sobre serias limitaciones en la pertinencia y la calidad de la ejecución del gasto. El organismo de control señala un riesgo latente de sobreestimación de los recursos incorporados, derivado de deficiencias persistentes en los reportes institucionales, fallas técnicas en la marcación presupuestal de los recursos de paz y la inclusión de inversiones que carecen de fuentes de financiación efectivamente aseguradas.

Luego de tres años de actualización de los PATR no se ha culminado este proceso, están pendientes en 2026 la subregión de Alto Patía y Norte del Cauca. Los PDET mostraron una desaceleración en la implementación de proyectos, no solo por el prolongado proceso de actualización de los PATR, sino también por la caída del presupuesto de las fuentes aprobadas por el OCAD Paz y por la complejidad y duración de las etapas de verificación de requisitos y decisión en las convocatorias subregionales.

Participación política: luego de una ejecución histórica de $2,48 billones de 2025, el componente normativo presenta un rezago crítico debido al archivo y la omisión legislativa de las reformas estructurales, como la Ley Estatutaria de Participación, mientras que la seguridad en los territorios se deteriora con 177 homicidios de líderes sociales en 2025.

Reincorporación y fin del conflicto

El proceso de reincorporación registra una inversión histórica de $8,3 billones constantes de 2025. Aunque se aprobaron 6.029 proyectos individuales y 132 colectivos, la CGR advierte que 1.249 de ellos dejaron de funcionar por baja rentabilidad, clima, carencia de recursos y falta de créditos, lo que compromete la sostenibilidad económica de los firmantes. A esto se suma la crisis de seguridad como el principal riesgo estructural. Desde la firma del Acuerdo hasta 2025, según la Fiscalía General de la Nación se contabilizan 2.812 homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes, 334 ocurridos en 2025. La expansión de economías ilegales y las disputas territoriales han anulado la efectividad del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

Solución al problema de las drogas ilícitas

El componente de solución al fenómeno de los cultivos de uso ilícito y la producción de narcóticos registra una inversión acumulada de $8,06 billones en el periodo 2017-2025, principalmente por los recursos destinados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). La problemática central de este programa radica en el rezago en los pagos y en la desarticulación secuencial de los componentes del programa. El Estado arrastra una deuda acumulada con los beneficiarios que asciende a $503.000 millones en asistencia inmediata y otros $302.000 millones destinados a proyectos productivos de ciclo largo. Asimismo, la falta de una verificación técnica estricta sobre el cumplimiento de los compromisos de no resiembra compromete la eficacia de la estrategia (CGR, 2025); en la que según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2025), el censo arrojó una cifra récord de 253.000 hectáreas sembradas en el territorio nacional.

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94 municipios priorizados con presencia territorial y seguimiento de la delegada para el posconflicto.

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Víctimas del conflicto

La Jurisdicción Especial para la Paz registra avances significativos en la acreditación y representación judicial de 20.610 víctimas (89,6 % de la meta), la atención de 18.347 solicitudes de acreditación (87,8 %) y la superación de la meta de defensa técnica para comparecientes con 8.007 beneficiarios (102 %). No obstante, el cronograma de cierre de los macrocasos enfrenta un escenario de incertidumbre y riesgo de incumplimiento debido a la congestión procesal, limitaciones logísticas y rezagos transversales. La complejidad probatoria y el orden público elevan a Riesgo Alto los Macrocasos 04 (Urabá), 05 (Norte del Cauca) y 07 (Reclutamiento ilícito). La situación es Crítica para los Macrocasos 10 (Crímenes no amnistiables FARC) y 11 (Violencia basada en género) que carecen de una fecha estimada de cierre, lo que amenaza la viabilidad de culminarlos en los plazos previstos.

Implementación, verificación y refrendación

La actualización de los indicadores del PMI no ha culminado su cargue en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), impidiendo el control oportuno y el seguimiento a la implementación del Acuerdo.

Sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras*

En el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, la CGR ha advertido que persisten los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales en la garantía de derechos para la población víctima de desplazamiento forzado, especialmente en la suficiencia de la asignación presupuestal y los derechos a la vida, libertad e integridad, vivienda, generación de ingresos, subsistencia mínima, educación y rehabilitación, entre otros. Así mismo, se evidencia una desarticulación entre programas, sistemas de información y entidades del orden nacional y territorial, lo que dificulta el acceso de la población a sus derechos fundamentales.

De acuerdo con el XII Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, elaborado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2025), el análisis presupuestal entre 2012 y 2024 revela que se ejecutaron recursos por $243,1 billones de pesos constantes de 2025. Sin embargo, el informe destaca que el 58 % de este monto se destinó a gasto general en salud y educación a través del SGP y la Red de Servicios de Salud, rubros que no son exclusivos para la población afectada. Del 42 % restante ($102,7 billones), solo $73,5 billones impactaron directamente a las víctimas mediante medidas de indemnización, ayuda humanitaria, generación de ingresos, vivienda, retornos y reubicaciones.

Al respecto, la Comisión de Seguimiento (CSMLV, 2025) ha advertido que los recursos asignados continúan siendo insuficientes para atender a los 7.782.828 sujetos de atención e integralmente a las 10.011.972 personas registradas. Cálculos de la entidad estiman que la prórroga de la ley hasta 2031 demandará recursos adicionales por $407,3 billones de pesos, concentrados principalmente en soluciones de vivienda ($146 billones), indemnizaciones ($90 billones) y generación de ingresos ($27 billones).

Esta asimetría presupuestal profundiza las brechas socioeconómicas. Actualmente, 6,6 millones de víctimas no han superado su situación de vulnerabilidad, 8,1 millones tienen pendiente su indemnización administrativa y se calcula que 5.046.970 personas se encuentran en condición de pobreza monetaria o extrema. En materia habitacional, la situación es compleja: solo el 10,7 % de los más de 3,3 millones de hogares víctimas de desplazamiento forzado habita en una vivienda digna, reflejo de que entre 2012 y 2025 solo se asignaron 37.245 subsidios de vivienda para esta población, equivalentes al 13,4 % del total nacional.

En el ámbito educativo, aunque se evidencia un avance progresivo en cobertura entre 2021 y 2023 —con un incremento del 16 % en matrículas de pregrado y del 19 % en formación técnica y posgrados—, la población víctima registra puntajes promedio más bajos en las pruebas Saber 11 frente a la población general, lo que restringe su acceso a programas universitarios competitivos. Finalmente, la Comisión de Seguimiento (2025) evidencia profundas inequidades territoriales; mientras el promedio per cápita nacional asignado a la política pública fue de $970.905 pesos en un grupo de 41 entidades territoriales, en regiones críticas como Chocó, Tumaco y Valledupar la inversión es inferior a $16.000 pesos por víctima. Esta realidad se correlaciona con el hecho de que el 47 % de los municipios del país muestran una baja inversión en el sector, exponiendo una desconexión crítica entre la capacidad fiscal local, las necesidades demográficas y la implementación efectiva de la política de Estado.

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En cumplimiento de sus mandatos constitucionales, la CGR lideró el seguimiento técnico a las metas del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, sentando las bases analíticas del Décimo informe que evaluará la primera década de implementación del Acuerdo Final.

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3,5 % avance en la meta de adjudicación de 3 millones de hectáreas previstas en la reforma rural integral. en nueve años se han adjudicado 107.099 hectáreas

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2. Vigilancia territorial y rigor técnico: los logros de la Contraloría Delegada para el Posconflicto (2022-2025)

Entre 2022 y 2025, esta Delegada consolidó un modelo estratégico con enfoque territorial para el seguimiento a los recursos destinados a la Paz y las Víctimas, a través de Informes de Ley presentados al Congreso de la República, seguimientos territoriales y herramientas innovadoras, dotando al país de análisis estructurales indispensables para evaluar la realidad financiera de la implementación y la reparación en Colombia.

En cumplimiento de sus mandatos constitucionales, la CGR lideró el seguimiento técnico a las metas del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, sentando las bases analíticas del Décimo informe que evaluará la primera década de implementación del Acuerdo Final. Asimismo, su participación en las Comisiones de Seguimiento a la Ley de Víctimas y de Decretos Leyes Étnicos se materializó en informes consolidados; los más recientes mostraron que la inversión histórica acumulada sigue siendo insuficiente frente al pasivo financiero requerido para reparar a las más de diez millones de personas registradas en el país y reiteran fallas de articulación institucional (Comisión de Seguimiento a los Decretos Leyes Étnicos [CSDLE], 2025).

Durante este periodo, se hicieron nueve seguimientos permanentes a temas relevantes como el PNIS, los PATR, los recursos OCAD Paz y las rutas de reincorporación y adjudicación y formalización de tierras, incluido su enfoque étnico y el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal.

Adicionalmente, la vigilancia no se limitó al nivel central, también se ha hecho un despliegue territorial sin precedentes, abarcando más de 94 municipios priorizados donde se promovieron mesas de diálogo ciudadano, eventos de intercambio de experiencias sobre control fiscal participativo y precongresos universitarios. El resultado fue la concertación directa entre actores sociales e institucionales y la firma de compromisos orientados a subsanar problemas de la inversión en el territorio (gráfica 1).

Asimismo, se implementó la Estrategia Control Paz Colombia, diseñada como una herramienta para el rastreo de los recursos públicos orientados al posconflicto y a la política pública de víctimas a través de las múltiples fuentes de financiación y sectores que involucran a entidades nacionales y territoriales.

Se vigilaron constantemente los recursos estimados para la atención de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, igualmente se acompañó la caravana humanitaria en marzo de 2026 con presencia de más de 40 entidades en la zona.

En el marco de los diez años de la implementación del AFP, la CGR prepara dos acciones estratégicas. Primero, la elaboración del décimo informe de seguimiento a la implementación al AFP, con un espíritu de balance de los principales logros y desafíos futuros, y segundo, el Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad”, que tiene tres objetivos: 1) Construir un balance de país: consolidar un diagnóstico integral que armonice el rigor técnico del Décimo Informe de la CGR con la evidencia académica y la perspectiva de la comunidad internacional. 2) Rendir cuentas con transparencia: generar un escenario de claridad fiscal que permita contrastar la ejecución de los recursos con los resultados tangibles en los territorios. 3) Proyectar el futuro: entregar al nuevo Gobierno y a la sociedad una hoja de ruta estratégica que identifique los desafíos ineludibles para materializar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz[2].

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La CGR ha hecho un despliegue territorial sin precedentes, abarcando más de 94 municipios priorizados donde se promovieron mesas de diálogo ciudadano, eventos de intercambio de experiencias sobre control fiscal participativo y precongresos universitarios.

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3. Perspectivas de la implementación del Acuerdo y la construcción de paz: desafíos críticos para el nuevo Gobierno

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, el déficit fiscal del Gobierno nacional central se proyectó en 7,1 % del PIB para el cierre de 2025, luego de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal (Ministerio de Hacienda y Crédito Público [MHCP], 2025). A pesar de los ajustes de política y del escenario de consolidación previsto, los análisis oficiales reconocen que la senda de deuda pública seguirá siendo exigente en los próximos años, en la medida en que las metas de balance y de deuda se calibran para preservar la sostenibilidad fiscal bajo condiciones de alta rigidez del gasto público. En este contexto, el margen fiscal disponible para atender las inversiones en infraestructura y programas de desarrollo social en las zonas rurales permanece limitado; incluso, corre el riesgo de agravarse.

La perspectiva de seguridad es aún más delicada. La política de Paz Total —que abarcó diez procesos de negociación simultáneos— ha entrado en un estado de estancamiento, caracterizado por la ausencia de agendas sustantivas de desmovilización, la frecuente ruptura de los ceses al fuego bilaterales y las profundas dificultades para consolidar los marcos jurídicos de sometimiento a la justicia. La narrativa optimista de un posconflicto hace 10 años, ha sido reemplazada por la realidad de una persistencia y atomización del conflicto: Colombia pasó de tener cuatro grandes actores armados a más de siete grupos organizados que no solo delinquen, sino que también ejercen control territorial, con economías ilegales —narcotráfico, minería ilegal y extorsión—.

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El nuevo Gobierno deberá enfrentar con urgencia la actualización del costeo del Acuerdo, lo cual exige actualizar de manera inaplazable el componente financiero del PMI, los alcances de los 16 planes nacionales sectoriales e implementar reformas efectivas que articulen la ejecución de los distintos sectores nacionales.

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El gran reto para la implementación no reside únicamente en inyectar más recursos, sino además en mejorar de forma radical la calidad de la inversión; los recursos deben gestionarse con una adecuada coordinación, eficiencia y eficacia.

Colombia se encuentra en un punto de inflexión en el que las decisiones de política económica y de gestión pública determinarán el éxito o el fracaso definitivo de la implementación de las políticas para el Posconflicto. Los análisis sectoriales revelan una preocupante realidad: la implementación del Acuerdo avanza con un evidente rezago en términos de resultados, gestión y asignación presupuestal, lo que demuestra que el Estado no ha respondido con la celeridad y la efectividad institucional necesaria.

Por lo anterior, el Estado debe avanzar en el mejoramiento de la articulación institucional entre las mismas entidades del orden nacional y con el nivel territorial. Como lo ha evidenciado la CGR, la persistencia de una ejecución desarticulada y la ausencia de instrumentos efectivos de planeación entre el orden nacional y territorial limitan la focalización territorial; las directrices del ámbito nacional desconocen las realidades y capacidades de los municipios y departamentos. El gran desafío de gobernanza radica en superar esta fragmentación, unificando criterios que permitan coordinar todas las intervenciones en las zonas priorizadas.

Adicionalmente, el nuevo Gobierno deberá enfrentar con urgencia la actualización del costeo del Acuerdo, lo cual exige actualizar de manera inaplazable el componente financiero del PMI, los alcances de los dieciseis (16) planes nacionales sectoriales e implementar reformas efectivas que articulen la ejecución de los distintos sectores nacionales.

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9 seguimientos permanentes a temas estratégicos como PNIS, PDET, OCAD PAZ, reincorporación y tierras.

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En materia de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras persisten desafíos, como la implementación de las modificaciones contempladas en la Ley 2421 de 2024, para dar impulso a la Comisión de Financiamiento que evaluará nuevas fuentes de recursos para atender a los casi diez millones de víctimas del registro.

Se requiere avanzar en la implementación del CONPES de Soluciones Duraderas, en especial con las medidas de vivienda, generación de ingresos, acceso, formalización y tenencia de tierras con el fin de garantizar la eficiencia en el uso de los recursos y la articulación de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas.

Frente a la Educación Superior, es necesario contar con estrategias de nivelación para la población desplazada, pues, si bien se ha aumentado la oferta de matrícula gratis y la cobertura de créditos condonables, esta población no cuenta con el nivel educativo requerido para acceder a las universidades.

Es imperativo avanzar en la coordinación nación-territorio, en la destinación de recursos crecientes por todos los niveles de gobierno de forma equitativa y mejorar la calidad de los datos en los sistemas de información y registros integrados.

Finalmente, la eficiencia del gasto y el control social dependen de la transparencia y el acceso a la información técnica, presupuestal y contractual; los problemas de calidad, consistencia y disponibilidad de la información, así como la trazabilidad contractual, obstruyen el ejercicio del control ciudadano. EC

AUTORES

Eliana Jahiniver Díaz Lemus

Orlando Moreno Gaviria Coordinadores De Gestión

Claudia Patricia Goyeneche

* Agradecimientos a la profesional María Fernanda Silva Hernández por su aporte en la construcción del apartado sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

[1] En la literatura internacional sobre procesos de paz, de justicia transicional y de desarme, desmovilización y reinserción (DDR), existe un consenso sobre la indeterminación o el carácter indefinido del posconflicto. Es decir, que no todo posconflicto es positivo y que puede devenir en nuevos ciclos de violencia si no se garantizan, por lo menos, los siguientes aspectos: 1) el desarme, la desmovilización y la reintegración exitosas, 2) la garantía de los derechos de las víctimas, 3) la reconstrucción del tejido social y la reconciliación, 4) el desarrollo económico y oportunidades inclusivas y 5) la gobernanza democrática y el fortalecimiento institucional. El caso colombiano evidencia esa tesis: el posconflicto con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con las FARC-EP y otros grupos armados organizados, ha trascendido hacia nuevos escenarios de violencia. Ver por ejemplo una entrevista realizada por la Revista Derecho, debates & personas a Eugenio Raúl Zaffaroni a propósito del conflicto armado en Colombia y el posconflicto https://www.youtube.com/watch?v=zQj-5DhckW0&t=3s.

[2] El Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad”, programado entre el 14 y el 17 de julio de 2026 en Bogotá, principalmente, y con actividades académicas simultáneas en Cali y Medellín. 25 universidades son aliadas del Congreso y serán sedes de las actividades.

Referencias Bibliográficas

• Agencia de Renovación del Territorio. (2026). Plataforma de seguimiento de la Central PDET. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/
• Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV). (2025). XII Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Contraloría General de la República. https://www.contraloria.gov.co/ resultados/informes/informes-posconflicto
• Comisión de Seguimiento a los Decretos Leyes Étnicos. (2025). Informe de seguimiento a la atención, asistencia y reparación integral de pueblos y comunidades étnicas víctimas del conflicto armado. Contraloría General de la República. https://www. contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-posconflicto
• Contraloría General de la República. (2024, 20 de noviembre). Discurso de apertura [Intervención en Foro]. Foro “Así va la Paz”, Bogotá, Colombia.
• Contraloría General de la República. (2025). Informe al Congreso de la República sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Contraloría Delegada para el Posconflicto. https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-posconflicto
• Contraloría General de la República & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). Informe final de seguimiento a políticas y programas de posconflicto: Componente de restitución de tierras y derechos territoriales con énfasis en el posfallo (Vigencias 2023-2025) (Convenio 1494 de 2023).
• Corte Constitucional de Colombia. (2004). Sentencia T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
• Kunová A., & Mélinon A. Humanitarian-Development. Peace Nexus Approaches in Conflict and Disaster Settings. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/hdp_nexus-en.pdf
• Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D.O. 48.096.
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 (MFMP 2025). https://www.minhacienda. gov.co/politica-fiscal/documentos-planeacion-financiera/marco-fiscal-mediano-plazo/-/document_library/hnrd/view_file/2458269/
• Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia – UNMVC. (2026, 14 de abril). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia: Informe del Secretario General (S/2026/229). Consejo de Seguridad. https://colombia.un.org/sites/default/ files/2026-04/InformeSG-Mision-n2605631.pdf
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2025). Informe de Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023. Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/ Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdf
• Procuraduría General de la Nación. (2024). Sexto informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz (abril 2023–marzo 2024). https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2024/Diciembre%202024/Micrositio%20 Acuerdos%20de%20paz/SextoInformealCongresodeseguimientoAFP2024vfradicar.pdf
• Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación Cinep/PPP-CERAC. (2025). Decimoquinto Informe de Verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. https://www.verificacion.cerac.org.co/#InformesVerificacion
• Unidad de Implementación al Acuerdo de Paz (UIAP). (2024). Cambios y continuidades en el conflicto. A diez años de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Bogotá. https://portalparalapaz.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/Diseno-libro-cambiosy- continuidades-en-el-conflicto_comision-historica_02.pdf

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