PAOLA AGUIRRE MORENO

Contralora Delegada para el Sector Inclusión Social

DIXON RICARDO CARRASCAL FRANCO

Director de Estudios Sectoriales

CAROLINA SÁNCHEZ BRAVO

Directora de Vigilancia Fiscal

Julio 2026, Edición 380.

LA INCLUSIÓN SOCIAL constituye uno de los pilares del Estado colombiano, en tanto materializa el mandato constitucional de garantizar condiciones de equidad, dignidad y acceso efectivo a los derechos para la población, en especial aquella en situación de vulnerabilidad. En ese contexto, el gasto social representa no solo una asignación presupuestal, sino un instrumento estratégico de transformación estructural.

Por ello, el control fiscal desempeña una función estratégica. No basta con aprobar presupuestos o ejecutar recursos: es indispensable, además, verificar que cada peso invertido se traduzca en resultados concretos para la ciudadanía. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social orienta su labor, precisamente, a proteger los recursos destinados a la niñez, las víctimas del conflicto armado, las personas con discapacidad, la población que se halla en la pobreza y otros grupos priorizados por el Estado.

Perspectivas sectoriales: dos alertas urgentes al Estado colombiano

Durante las vigencias 2024 y 2025, la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social presentó dos resultados de alto impacto que permitieron evidenciar fallas estructurales en la gestión del Estado frente a dos problemáticas sensibles del país: la desnutrición infantil en los departamentos de La Guajira, Chocó y Vichada, y la implementación de la política pública de reparación colectiva para las víctimas del conflicto armado. Ambos análisis coinciden en un aspecto preocupante: recursos públicos comprometidos que no se traducen en resultados reales para las poblaciones más vulnerables.

Los resultados son relevantes para quienes participan en la formulación de políticas públicas, la ejecución de programas sociales y el ejercicio del control ciudadano. Más allá de las cifras y los indicadores, los estudios reflejan situaciones que afectan a miles de niños que siguen afrontando condiciones de desnutrición y a comunidades que, después de años, aún esperan el reconocimiento y la materialización de los procesos de reparación adeudados por el Estado (Contraloría General de la República, 2024; 2025).

Desnutrición infantil: desafío estructural del Estado

Entre 2018 y 2023, esta contraloría delegada adelantó la primera Evaluación de Desempeño de la Gestión Fiscal (EDGF), orientada a evaluar el incremento de la desnutrición y la mortalidad infantil en menores de 5 años en La Guajira, Chocó y Vichada, territorios con indicadores críticos de seguridad alimentaria y acceso a servicios básicos.

Los resultados evidenciaron un deterioro progresivo de la situación nutricional infantil: los índices nacionales de desnutrición aumentaron del 0,41 % en 2021 al 0,65 % en 2023, mientras que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición pasó del 5,0 % al 8,6 % entre 2021 y 2022. El análisis territorial identificó brechas críticas en acceso a agua potable y saneamiento básico. En Chocó, solo el 10 % de los municipios cuenta con agua apta para consumo humano. En Vichada, el acceso alcanza el 50 %. En La Guajira, aunque la cobertura llega al 73 %, persisten deficiencias, sobre todo en zonas rurales. Asimismo, en Vichada la cobertura de acueducto se redujo del 46,5 % al 28,4 % durante el periodo evaluado, mientras que la cobertura de alcantarillado apenas alcanzó el 1,8 % en 2023.

Esta evaluación también evidenció deficiencias estructurales y operativas en las modalidades de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), relativas a una alta reincidencia y una baja recuperación nutricional, fallas en el seguimiento y la sistematización de información, insuficiente cobertura de las Unidades de Búsqueda Activa (UBA) y ausencia de controles efectivos. Adicionalmente, se identificó que las barreras culturales y la falta de adaptación de los programas a las realidades sociales de las comunidades han limitado la efectividad de las intervenciones estatales en salud y nutrición en estos territorios (CGR, 2024).

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Las jornadas en territorio permitieron articular oferta institucional en materia de salud, registro civil y bienestar infantil, así como recopilar denuncias relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), agua potable, vías terciarias y salud.

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Reparación colectiva: solo el 5 % de las víctimas ha culminado su proceso

El Estudio Intersectorial sobre la Implementación de la Política Pública de Reparación Colectiva en Colombia (2018-2025) evidenció importantes rezagos en los procesos de reparación dirigidos a las víctimas del conflicto armado. De los 1.197 sujetos de reparación colectiva reconocidos en el país, al 31 de agosto de 2025 únicamente 60 habían culminado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva, equivalente ello al 5 % del total registrado (CGR, 2025). Asimismo, se identificó que dichos procesos requieren, en promedio, cerca de diez años para su culminación, lo cual supera ampliamente los plazos establecidos en la legislación y prolonga la afectación de las comunidades víctimas.

También fue posible evidenciar dificultades significativas en la ejecución de los recursos destinados al programa. Entre 2018 y 2025, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) recibió más de $930.000 millones para la implementación de medidas de reparación colectiva. Sin embargo, la ejecución presupuestal alcanzó tan solo el 58 % de los recursos asignados. Del total de 18.835 acciones contempladas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva, solo se había ejecutado el 21,94 %, y las medidas relacionadas con restitución, infraestructura y proyectos productivos fueron las que presentaban mayores rezagos. En contraste, las acciones de carácter simbólico y de memoria histórica registraban niveles de avance superiores, situación que evidencia una implementación parcial de las medidas orientadas a transformar las condiciones materiales de las víctimas.

El estudio identificó limitaciones asociadas a alta rotación de personal, retrasos en la contratación, deficiencias de coordinación institucional y debilidades en los sistemas de información y seguimiento. Asimismo, evidenció dificultades en la distribución equitativa de recursos entre sujetos de reparación colectiva étnicos y no étnicos, factores que siguen afectando la efectividad y la oportunidad de la política pública de reparación colectiva.

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$30,16 billones presupuesto agregado del sector inclusión social para 2026.

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Niñez y adolescencia: billones invertidos, derechos vulnerados

El Estudio Intersectorial sobre Desafíos Institucionales y Fiscales en la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2018-2025) evidenció debilidades institucionales en la atención a la primera infancia, el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y la prevención del reclutamiento forzado, pese a los altos niveles de inversión (CGR, 2025). En la modalidad institucional del ICBF para primera infancia, entre 2022 y 2024 se ejecutaron más de $5,2 billones, con niveles superiores al 97 % de ejecución presupuestal. Sin embargo, se identificaron fallas en la detección y la atención de vulneraciones de derechos, inconsistencias en los mecanismos de supervisión, posibles subregistros institucionales —al pasar de 1.488 alertas en 2022 y 1.458 en 2024, a solo una en 2023— y la existencia de 111 contratos activos sin supervisor asignado, lo que afecta a 3.833 unidades de servicio.

En relación con el PARD, la evaluación puso de relieve una alta carga operativa para los defensores de familia, quienes atienden simultáneamente entre 85 y 100 casos, con trámites que en algunos casos superan los 120 días. Aunque el presupuesto para el periodo 2022-2025 se aproximó a $4 billones, persisten deficiencias de articulación institucional, problemas de interoperabilidad de los sistemas de información y una concentración del gasto en centros urbanos que limita la capacidad de respuesta en los territorios con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, la delegada alertó sobre el incremento del riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, cuyas estrategias de captación se han trasladado a entornos digitales y redes sociales. El estudio evidenció una reducción de los recursos destinados a la prevención, así como bajos niveles de ejecución presupuestal, y advirtió que sin medidas estructurales y sostenidas, los casos seguirán aumentando.

Alianza Nacional por la Defensa de los Recursos Destinados a la Niñez

En el marco del fortalecimiento del control fiscal preventivo, la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social lideró la Alianza Nacional por la Defensa de los Recursos Destinados a la Niñez, un mecanismo de articulación interinstitucional orientado a garantizar la transparencia, la eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos dirigidos a la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa integra entidades públicas, organismos de control y actores de la sociedad civil para fortalecer el seguimiento territorial a la inversión social, partiendo de cuatro líneas estratégicas: salud y bienestar; educación y formación; participación e identidad, y protección y cuidado. La alianza incorpora un enfoque preventivo, articulado y territorial en el ejercicio del control fiscal.

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El énfasis no está en la cantidad de hallazgos, sino en su relevancia y en su capacidad de generar efectos correctivos sobre la gestión pública.

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Balance estratégico y resultados-dimensión institucional y presupuestal del sector

La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social agrupa entidades estratégicas para el cumplimiento de las políticas públicas y el cierre de brechas sociales: el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el ICBF, la UARIV, el Ministerio de Igualdad y Equidad (MIE), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR).

Para la vigencia 2026, el presupuesto agregado del sector asciende a $30,16 billones, lo que muestra su relevancia dentro del gasto público nacional (SIIF Nación, 2026). Como se muestra en el gráfico 1, la participación presupuestal evidencia una alta concentración en entidades como el ICBF, el DPS y el SENA, las cuales representan la mayor proporción del gasto sectorial. Así pues, una parte considerable del impacto social del Estado depende de la eficiencia operativa, administrativa y territorial de dichas entidades. Desde la perspectiva del control fiscal, ello genera un doble escenario: por un lado, un alto impacto social en la ciudadanía y, por otro, un riesgo sistémico en caso de fallas en la ejecución o en la gestión institucional.

Ejecución presupuestal: capacidad de respuesta institucional

La ejecución presupuestal constituye uno de los principales indicadores de la capacidad del Estado para materializar la política pública. Un presupuesto apropiado que no se ejecuta oportunamente pierde su potencial transformador.

Con corte al primer trimestre de 2026, la ejecución presenta diferencias significativas entre entidades. El DPS, por ejemplo, registra el mayor nivel, con el 19,83 %, seguido por el ICBF, con el 18,35 %. En un nivel intermedio se ubican el INSOR, con el 14,11 %; el INCI, con el 11,44 %, y el SENA, con el 10,86 %. En contraste, el MIE presenta una ejecución de solo el 6,07 %, mientras la UARIV registra el nivel más bajo, con el 2,97 % (SIIF Nación, 2026), lo que deja ver rezagos importantes en la implementación del gasto público. La ejecución presupuestaria de estas entidades durante el primer trimestre de 2026 se muestra en el gráfico 2.

La dispersión en los niveles de ejecución refleja diferencias en la capacidad operativa, la madurez institucional y la complejidad de los programas a cargo de cada entidad. Mientras que entidades como el DPS y el ICBF cuentan con esquemas consolidados de transferencias y atención masiva que facilitan una ejecución más ágil, otras enfrentan mayores desafíos asociados a la estructuración de proyectos, la articulación interinstitucional y la territorialización de sus intervenciones.

Al comparar con el mismo periodo de la vigencia 2025, se observa en 2026 una mejora en la ejecución presupuestal del sector, lo que sugiere avances en la capacidad institucional para la activación temprana del gasto público. Sin embargo, el desafío radica no solo en ejecutar mayores recursos, sino en garantizar, además, una ejecución oportuna, equilibrada y consistente entre entidades.

Proyectos estratégicos del sector

Los proyectos de inversión del sector constituyen el principal instrumento para materializar la política pública, al traducir la asignación presupuestal en intervenciones concretas dirigidas a reducir la pobreza, atender a las poblaciones vulnerables y fortalecer capacidades productivas.

Como se presenta en el cuadro 1, la ejecución de los proyectos de inversión muestra una alta heterogeneidad en el interior de las entidades, particularmente en el DPS. Con corte a marzo de 2026, el conjunto de proyectos analizados alcanza una ejecución agregada del 19,83 %, coherente con el desempeño general de la entidad en el mismo periodo. Sin embargo, este resultado presenta brechas importantes entre proyectos individuales (SIIF Nación, 2026).

Algunos programas registran niveles de ejecución relativamente altos, como la implementación de iniciativas de generación de ingresos y oportunidades sostenibles en el marco de la economía popular (22,57 %), el servicio de orientación y comunicación de los programas misionales (21,84 %) y el programa Jóvenes en Paz (16,43 %). En contraste, varios proyectos presentan niveles de ejecución inferiores al 1 %, como los asociados al fortalecimiento de capacidades de la población en pobreza y vulnerabilidad hacia la movilidad social (0,39 %), la generación de ingresos en el marco de GENIOS (0,58 %) y el desarrollo de unidades productivas de autoconsumo para población vulnerable (0,91 %).

Este comportamiento evidencia que, aun dentro de la misma entidad, coexisten dinámicas de ejecución dispares que responden a diferencias en la madurez de los programas, la complejidad de su implementación y los requerimientos de articulación institucional y territorial. Desde la perspectiva del control fiscal, esa dispersión representa un riesgo relevante, en tanto limita la capacidad del Estado para materializar de manera integral la política pública social.

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$399.857 millones cuantía de los hallazgos fiscales identificados durante el periodo analizado.

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Resultados de las actuaciones de control fiscal

Las actuaciones adelantadas permitieron identificar hallazgos administrativos, presuntos disciplinarios y fiscales de alta relevancia, reflejo todo ello del impacto del control fiscal ejercido por la delegada. Entre el segundo semestre de 2022 y 2026, se implementó una estrategia orientada para ampliar la cobertura y optimizar los resultados con un menor número de actuaciones. En el caso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), se agruparon municipios con riesgos similares en una misma auditoría, lo que mejoró la eficiencia administrativa (CGR, 2026).

Los resultados del control fiscal muestran un total de hallazgos fiscales por $399.857 millones durante el periodo analizado, lo que evidencia una mayor focalización en procesos de alto impacto económico. La cuantía de los hallazgos obedece a que las actuaciones se han orientado hacia contratos y operaciones de mayor complejidad, y eso representa un avance hacia un control fiscal más estratégico. El énfasis no radica en la cantidad de hallazgos, sino en su relevancia y en su capacidad para generar efectos correctivos sobre la gestión pública.

Durante el mismo periodo se evidenció una mayor participación ciudadana, al igual que una mejor articulación entre la ciudadanía y el ente de control. Las denuncias permiten ampliar el alcance del control fiscal, reducir las asimetrías de información y detectar riesgos que no siempre son identificados en las auditorías tradicionales.

El gráfico 3 escenifica los costos en millones de pesos de los hallazgos fiscales propios del periodo en comento.

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Algunos programas registran niveles de ejecución relativamente altos, como la implementación de iniciativas de generación de ingresos y oportunidades sostenibles en el marco de la economía popular (22,57 %), el servicio de orientación y comunicación de los programas misionales (21,84 %) y el programa Jóvenes en Paz (16,43 %).

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La Sentencia T-302 de 2017: control fiscal con enfoque territorial

La Contraloría General de la República (CGR), por mandato de la Corte Constitucional, hace seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, sobre los derechos fundamentales de la niñez wayúu en La Guajira (Corte Constitucional, 2017). En ese marco, la delegada ha liderado actuaciones de control fiscal, auditorías al DPS, al ICBF y a recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI) en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, durante las vigencias 2019-2025, con el propósito de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte.

La estrategia incluyó coordinación interinstitucional, visitas territoriales, implementación de herramientas tecnológicas de monitoreo y apoyo al diseño de un modelo analítico de seguimiento al Plan de Acción Provisional de la Sentencia. Asimismo, se conformó una Mesa Interinstitucional con la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se desarrolló un protocolo para el reporte de hechos con posible importancia fiscal, disciplinaria, sancionatoria o penal.

Las jornadas en territorio permitieron articular oferta institucional en materia de salud, registro civil y bienestar infantil, así como recopilar denuncias relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), agua potable, vías terciarias y salud. En conjunto, las actuaciones reflejan un esquema de control fiscal territorial, articulado y orientado al seguimiento de los recursos públicos destinados a que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017.

Reflexiones finales

Las entidades del sector Inclusión Social cumplen un papel clave en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y en la reducción de brechas sociales. Sin embargo, persisten desafíos estructurales en la ejecución presupuestal, la articulación institucional y la implementación de las políticas públicas, que limitan el impacto efectivo sobre la población más vulnerable.

Los hallazgos de las actuaciones adelantadas permiten formular recomendaciones concretas al próximo Gobierno nacional. Primeramente, es imperativo fortalecer los sistemas de información y seguimiento sectorial: las deficiencias identificadas en el ICBF, la UARIV y el DPS generan subregistros y vacíos que socavan la gestión fiscal. La interoperabilidad de plataformas y la estandarización de indicadores de resultado deben ser prioridad desde el inicio del próximo cuatrienio.

En segundo lugar, el gasto social debe reorientarse hacia resultados medibles y territorialmente diferenciados. El caso de la desnutrición infantil en La Guajira, Chocó y Vichada, es un hecho que niveles elevados de inversión no se traducen automáticamente en mejoras del bienestar. Se requiere transitar hacia modelos de presupuestación orientada a resultados, con metas verificables y evaluación de impacto ajustada a cada territorio.

Como tercera medida, la reparación colectiva de las víctimas del conflicto armado exige una aceleración decidida. Con apenas el 5 % de los sujetos reconocidos habiendo culminado su proceso y una ejecución presupuestal del 58 %, la deuda del Estado con dichas comunidades sigue siendo profunda. El próximo gobierno deberá reducir los tiempos de implementación, fortalecer la coordinación nación-territorio y priorizar las medidas que transformen las condiciones materiales de las víctimas.

Los programas de apoyo a la economía popular buscan fortalecer la generación de ingresos, el emprendimiento y las oportunidades productivas de los hogares más vulnerables, pero su impacto depende de que los recursos públicos se ejecuten.

En cuarto lugar, la protección integral de la niñez debe consolidarse como política de Estado. Los hallazgos sobre el PARD, las deficiencias en la supervisión del ICBF y el incremento del riesgo de reclutamiento forzado —incluso a través de entornos digitales— exigen continuidad institucional, financiación sostenida y una apuesta estructural por la prevención.

Finalmente, las advertencias emitidas por la CGR sobre desnutrición, reclutamiento y rezagos en ejecución presupuestal son señales tempranas que el próximo gobierno debe atender con decisión. Un Estado que gestiona eficientemente sus recursos sociales y un órgano de control que actúa de manera técnica, preventiva y propositiva constituyen, en conjunto, la mejor garantía de que la inversión pública se traduzca en bienestar real y sostenido para la población colombiana. EC

Referencias Bibliográficas

• Contraloría General de la República. (2024). Evaluación de desempeño de la gestión fiscal del aumento de las tasas de desnutrición y de mortalidad por desnutrición en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad en los departamentos de La Guajira, Chocó y Vichada. CGR.
• Contraloría General de la República. (2025). Estudio intersectorial análisis sobre la implementación de la política pública de reparación colectiva en Colombia (2018-2025). https://www.contraloria.gov.co
• Contraloría General de la República. (2025). Estudio intersectorial sobre desafíos institucionales y fiscales de la protección integral de la niñez y adolescencia en Colombia. https://www.contraloria.gov.co
• Contraloría General de la República. (2026). Insumos de rendición de cuentas del sector Inclusión Social. https://www. contraloria.gov.co
• Corte Constitucional. (2017). Sentencia T-302 de 2017. https://www.corteconstitucional.gov.co
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). OECD Economic Surveys: Colombia. https:// www.oecd.org
• Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación). (2026). Ejecución presupuestal entidades del sector social. https://www.minhacienda.gov.co

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