JUSBLEIDY VARGAS ROJAS,

Delegada para el Sector Medio Ambiente

NICOLÁS MARTELO JIMÉNEZ

Profesional de la Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente

Julio 2026, Edición 380.

COLOMBIA SOBRESALE A ESCALA GLOBAL como uno de los países megadiversos, al albergar aproximadamente el 10 % de las especies conocidas y ocupar el segundo lugar en biodiversidad después de Brasil (Chaves et al., 2021). Gracias a factores como su ubicación en la zona tropical, su condición de puente biogeográfico entre América del Sur y América Central y la complejidad de su geografía, el país posee una extraordinaria diversidad de climas y ecosistemas. Dicha riqueza natural, que se caracteriza por una elevada concentración de especies endémicas, le permite albergar dos de los principales “puntos calientes”, o críticos, de biodiversidad del planeta (Minambiente, 2012). Ese patrimonio natural de los colombianos sustenta de manera directa múltiples dimensiones del bienestar humano, entre ellas la salud, la seguridad, la cultura y los medios de vida, aspecto que ha sido reconocido incluso a nivel constitucional (IPBES, 2019; Minambiente, 2012).

La Constitución Política de Colombia, denominada también la Constitución ecológica, incorporó esta relación a través del reconocimiento del derecho al ambiente sano (Rodríguez, 2022; Sentencia C-449, 2015; Sentencia C-479, 2020). Como respuesta a ello, la institucionalidad ambiental colombiana se consolidó principalmente a partir de la Ley 99 de 1993, la cual creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) como el conjunto articulado de instituciones, normas, recursos, instrumentos económicos y mecanismos de participación orientados a garantizar la protección del ambiente y el manejo sostenible de los bienes y los recursos naturales, en desarrollo de los artículos 79 y 80 de la Constitución Política[1]. Asimismo, se desarrollaron diversas políticas públicas ambientales agrupadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) en doce dimensiones[2], las cuales se complementan mediante compromisos en 36 documentos Conpes, con 300 acciones que involucran a 21 entidades del sector (Minambiente, 2026).

Si bien a partir de esa institucionalidad ambiental se han realizado diversos esfuerzos para proteger el patrimonio natural del país, persisten importantes desafíos que deben ser superados para armonizar su conservación con el desarrollo económico y social de ese mismo país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2026), el ritmo de degradación de los ecosistemas en Colombia se acelera a causa de conflictos por el uso de la tierra, la expansión agrícola y urbana, la extracción maderera y las especies invasoras, entre otros, de manera que resulta necesario fortalecer la eficiencia y progresividad de instrumentos fiscales ambientales, como impuestos, incentivos fiscales verdes e inversiones en energías limpias, que contribuyan a materializar la transición energética.

Adicionalmente, actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de madera y los atentados a la infraestructura petrolera han repercutido grave y extensamente a los ecosistemas colombianos, a tal punto que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya reconoció a la naturaleza como víctima del conflicto armado (JEP, 2022). Dicho contexto adquiere mayor relevancia si se considera que cinco de los diez riesgos globales de largo plazo[3] identificados por el Foro Económico Mundial (FMI) (2026) son de carácter ambiental. Los tres primeros corresponden a las categorías de: eventos extremos del clima; pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, y el cambio crítico en los sistemas de la Tierra.

Por lo anterior, la Contraloría General de la República (CGR), a través de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, ejerce la vigilancia y el control fiscal sobre la gestión de los recursos públicos que involucren al patrimonio natural, a fin de ayudar a su conservación y su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. Mediante la aplicación de principios como el de desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales, se busca promover un desarrollo económico y social basado en el uso racional, prudente, apropiado y equitativo de los recursos naturales. En ese marco, el presente artículo tiene como objetivo analizar el desempeño del sector ambiental en Colombia desde la perspectiva del control fiscal evaluando la gestión fiscal destinada a proteger el patrimonio natural durante el periodo 2022-2025. Para ello, se examinan el funcionamiento institucional y la ejecución del gasto ambiental, a través de los principales resultados obtenidos por parte de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, a fin de identificar las perspectivas y las oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la gestión fiscal ambiental del país.

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$ 136.629 millones en alertas generadas por análisis preventivos de vigilancia fiscal.

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Diagnóstico del sector

De acuerdo con el esquema de sectorización fiscal, el sector ambiental está conformado por 49 entidades, que corresponden sobre todo a los integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA), donde se incluye a MinAmbiente como ente rector de política; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); los institutos de investigación, y las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) con jurisdicción en todo el territorio nacional. Además, se debe tener presente que a partir del Decreto 1275 de 2024 las autoridades indígenas hacen parte del SINA y tienen competencias ambientales en sus territorios. Esta configuración institucional responde a un diseño descentralizado y funcionalmente especializado, que se orientó a atender la diversidad y complejidad ecosistémica del país, pero, a su vez, plantea desafíos, especialmente en materia de coordinación, articulación y homogeneidad en las capacidades técnicas y operativas (Charris et al., 2025; Pérez Vásquez, 2020).

Dada la riqueza natural de Colombia, el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible cumple una función estructural en el modelo de desarrollo, pues incide directamente en la viabilidad de proyectos estratégicos, en la reducción del riesgo fiscal derivado del cambio climático y en la conservación del capital natural que sustenta la competitividad y la estabilidad fiscal del país, al condicionar el desempeño de actividades estratégicas de diversos sectores, como Infraestructura, Agricultura y Minas y Energía, entre otros (Departamento Nacional de Planeación, 2018; IPBES, 2019; OCDE, 2026).

Desafortunadamente, hay factores que amenazan esta base natural, y que se manifiestan de manera diferencial según las dinámicas ecológicas, sociales y económicas, y según las capacidades institucionales de las regiones. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) (2025b, 2025a), y con base en los análisis sectoriales adelantados por la CGR (CGR-CDMA, 2020, 2022b, 2022c, 2023a, 2024b), en la región amazónica se concentran las mayores presiones por deforestación, vinculadas a la expansión de la frontera agropecuaria, el acaparamiento de tierras y las economías ilícitas, mientras la Orinoquía evidencia procesos de transformación acelerada, derivados de la expansión agroindustrial y el cambio en el uso del suelo. La región Andina, a su vez, presenta altos niveles de fragmentación ecosistémica y presión sobre el recurso hídrico, derivados de la urbanización, el desarrollo de infraestructura y la concentración de diversas actividades económicas. Por su parte, en la costa del Caribe se destacan problemáticas relacionadas con la desertificación y la degradación de suelos, mientras la costa del Pacífico enfrenta impactos considerables, derivados de la minería ilegal y la contaminación de los cuerpos de agua.

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El ritmo de degradación de los ecosistemas en Colombia se acelera a causa de conflictos por uso de la tierra, la expansión agrícola y urbana, la extracción maderera y las especies invasoras, entre otros.

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Estas dinámicas territoriales reflejan la necesidad de fortalecer enfoques de gestión ambiental diferenciados, así como de mejorar la articulación interinstitucional para atender de manera efectiva las presiones sobre el capital natural del país. No obstante, hay limitaciones económicas y presupuestales que pueden dificultar el logro de dicho objetivo. Históricamente, la asignación para el sector dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) ha sido inferior al 1 % del total nacional (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2023; 2024; 2025).

Por otra parte, el sector ambiental también se apoya en: el Sistema General de Regalías (SGR), que destina recursos para la inversión ambiental[4], el Sistema General de Participaciones (SGP) y los recursos propios de las CAR derivados de instrumentos económicos previstos en los artículos 42 a 45 de la Ley 99 de 1993 y en la Ley 981 de 2005[5].

Para la vigencia 2025, el sector contó con aproximadamente $4,7 billones apropiados para inversión, de los cuales el 79,4 % correspondió a recursos propios, y cerca del 20,6 %, a recursos del PGN, lo que evidencia una alta dependencia de fuentes descentralizadas. A su vez, como se observa en el Cuadro 1, durante el último cuatrienio (2022-2025) la apropiación de recursos de inversión ambiental aumentó en el 19,2 % durante 2023, pero en 2024 se redujo en el 9,5 %.

Este comportamiento de la inversión del sector ambiental, dada la alta dependencia de fuentes descentralizadas, implica asimetrías territoriales significativas, mientras las CAR de mayor base económica cuentan con mayores ingresos frente a las ubicadas en regiones de menor dinámica productiva, pero con fuertes responsabilidades ambientales. A ello se suma la baja ejecución presupuestal, que, en promedio, se ha situado en alrededor del 71 %, lo cual limita la capacidad para alcanzar metas ambientales y la efectividad de las políticas públicas.

Dicho comportamiento muestra un nivel de ejecución que resulta insuficiente para proteger la base natural del país, pues tiene implicaciones directas en la eficiencia del gasto público ambiental y en la gestión de las problemáticas ambientales, las necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas territoriales y la articulación efectiva con los sectores productivos, entre otros. Dada esa incidencia, el control fiscal ambiental adquiere un papel estratégico, en la medida en que permite evaluar la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del uso de los recursos públicos, y contribuye así a la toma de decisiones informadas y al fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

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Se consolidó la estrategia “Páramos en la Cima del Control”, con el objetivo de desplegar acciones estratégicas e innovadoras de vigilancia y control fiscal a la gestión integral de dichos ecosistemas.

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Resultados del control fiscal ambiental (2022–2025)

En el panorama descrito, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente desarrolló diversas actuaciones orientadas a fortalecer el control fiscal ambiental y mejorar la gestión de los recursos públicos asociados al patrimonio natural del país. En ese contexto y a partir del control fiscal micro, durante el periodo analizado se ejecutaron 129 actuaciones de control fiscal, entre auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, así como actuaciones especiales de fiscalización, gracias a lo cual se alcanzó una cobertura del 72,8 % de los sujetos de control, y del 89,0 % de los recursos susceptibles de auditoría (CGR, 2023; 2024b; 2025).

Como resultado de estas actuaciones se constituyeron 1.930 hallazgos administrativos, de los cuales 1.178 presentaron presunta incidencia disciplinaria; 25, presunta incidencia penal, por lo que fueron trasladados a las autoridades competentes, y 125, presunta incidencia fiscal, con una cuantía asociada cercana a los $99.494 millones. Al respecto, vale la pena destacar que el segundo semestre de 2025 fue el que estableció la cuantía más alta por hallazgos fiscales, al ser de $17.408 millones.

De manera complementaria, se generaron 57 beneficios del control fiscal, por un valor aproximado de $7.915 millones, así como el traslado de hallazgos (106 con otras incidencias) y la solicitud de apertura de 52 indagaciones preliminares, lo que evidencia la capacidad del control fiscal para incidir en la corrección de prácticas ineficientes y en la protección del erario público ambiental (CGR, 2023; 2024b; 2025).

Además de dichas cifras, a través del control fiscal macro y los análisis adelantados en el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA), presentado anualmente al Congreso de la República y a la ciudadanía, así como por el desarrollo de estudios sectoriales y estudios ambientales estratégicos, se identificaron problemáticas estructurales en la gestión fiscal ambiental, sobre todo en materia de reglamentación, planeación, implementación y seguimiento de las políticas públicas. A modo de ejemplo, se evidenció la necesidad de mayor presencia institucional en los territorios para controlar el fenómeno de la deforestación, donde también hay atrasos y falta de reportes de información para el seguimiento de este fenómeno (CGR-CDMA, 2022a). De igual modo, se hallaron debilidades en la implementación de marcos normativos como la Ley 1930 de 2018, conocida también como la Ley de Páramos, en temas como la formulación de los planes de manejo ambiental de los complejos de páramos (CGR-CDMA, 2025), a lo que se suman análisis sobre otras temáticas, como la desertificación (CGR-CDMA, 2024c), el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), como instrumento financiero de la inversión ambiental (CGR-CDMA, 2023b), y el manejo y la operación de las plantas de tratamiento de las aguas (CGR-CDMA, 2024a).

Por su parte, en el marco de la vigilancia fiscal y en articulación con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), se hicieron análisis para generar alertas que permitan focalizar las actuaciones de control fiscal sobre los sujetos del sector ambiental. Tal es el caso del análisis realizado frente a la contratación de la CAR de los valles del Sinú y San Jorge (CVS), orientada a prevenir o mitigar fenómenos climatológicos extremos como el frente frío que tuvo lugar a inicios de 2026, y que dio pie a la declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica a través del Decreto 150 de 2026, donde se generaron alertas por un valor cercano a los $136.629 millones.

Asimismo, y dada la categoría de ecosistemas estratégicos para el país, también se consolidó la estrategia “Páramos en la Cima del Control”, con el objetivo de desplegar acciones estratégicas e innovadoras de vigilancia y control fiscal a la gestión integral de dichos ecosistemas (CGR, 2024a). A través de la estrategia y de las actuaciones de control fiscal micro ya mencionadas, se llevaron a cabo 27 auditorías, que incluyeron el control sobre la gestión de esos ecosistemas en alguno de sus objetivos, por lo que se configuraron 47 hallazgos de diversas connotaciones. Estas labores se complementaron gracias a tres estudios macro y la consolidación de un Geovisor, así como por el desarrollo de mesas técnicas interinstitucionales, en las que se busca articular los diferentes esfuerzos de los gestores fiscales y los entes de control de orden nacional.

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Colombia sobresale a escala global como uno de los países megadiversos, al albergar aproximadamente el 10 % de las especies conocidas y ocupar el segundo lugar en biodiversidad, después de Brasil.

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Perspectivas y conclusiones

De acuerdo con lo expuesto, y pese a que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible busca proteger la base natural del país que sustenta un desarrollo armónico entre lo ecológico, lo social y lo económico, los resultados del control fiscal permiten inferir que persisten limitaciones estructurales en la implementación de la política pública ambiental. Esto, asociado a problemas de coordinación institucional, debilidades en la gestión fiscal y dificultades en la ejecución de los instrumentos de política.

Desde el punto de vista financiero, si bien el sector tiene diversas fuentes de financiamiento, se evidencian asimetrías en la capacidad financiera de las autoridades ambientales regionales, derivadas de la alta dependencia de ingresos propios en las CAR, y una baja ejecución de los recursos. Esta situación puede repercutir en desigualdades territoriales respecto a la implementación de programas y proyectos ambientales de alta relevancia, como la restauración ecológica, la gestión del recurso hídrico, el control de la deforestación y la conservación de la biodiversidad.

Los resultados de la vigilancia y el control fiscal muestran que la gestión ambiental sigue enfrentando problemas de fragmentación institucional y debilidades en la planeación y la ejecución de inversiones, lo que dificulta materializar los objetivos definidos en la política pública. A lo anterior se suman riesgos emergentes asociados a la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos que exigen respuestas institucionales oportunas y coordinadas. Dados los desafíos que plantean el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias de la contaminación, resulta clave que la gestión institucional evite retrocesos en los indicadores de sostenibilidad, así como rezagos en el cumplimiento de metas nacionales y compromisos internacionales de índole ambiental.

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Para 2025, el sector ambiental contó con aproximadamente $4,7 billones apropiados para inversión.

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En este escenario, se hace necesario avanzar en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental del país, mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial y robusteciendo las capacidades técnicas, operativas y financieras de las autoridades ambientales, sobre todo a nivel territorial. De igual forma, es crítico optimizar la eficiencia en la ejecución del gasto ambiental, fortalecer los sistemas de información y seguimiento, y consolidar instrumentos económicos que permitan internalizar los costos ambientales en las decisiones productivas, evitando generar pasivos ambientales y ayudando a la toma de decisiones para materializar un verdadero desarrollo sostenible.

Finalmente, tras los esfuerzos realizados por parte de la vigilancia y el control fiscal ambiental durante el cuatrienio 2022-2025, es claro que el fortalecimiento del sector constituye no solo una prioridad ambiental, sino una condición decisiva de la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del desarrollo económico del país. En ese sentido, el control fiscal ambiental se consolida como un instrumento estratégico para identificar riesgos, mejorar la calidad del gasto público y promover una gestión más eficiente, transparente y articulada del patrimonio natural, que ayude así a construir un modelo de desarrollo sostenible en Colombia. EC

[1] Marco compilado y reglamentado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015.

[2] 1. Política Nacional de Cambio Climático, 2. Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 3. Políticapara la Gestión Sostenible del Suelo, 4. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 5. Política Gestión Ambiental Urbana,6. Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, 7. PolíticaAmbiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, 8. Política Nacional de Educación Ambiental-SINA, 9. Política Nacionalpara Humedales Interiores de Colombia, 10. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos,11. Política Nacional Producción y Consumo Sostenible, 12. Política Nacional de Protección y Bienestar Animal.

[3] Jerarquización de los impactos por severidad para un periodo de diez años.

[4] Si bien este tipo de recursos contribuye al financiamiento del sector ambiental, los análisis posteriores del presente artículo no incluiránesta fuente de recursos, pues en el interior de la CGR corresponden a la Unidad de Seguimiento y Responsabilidad Fiscal a Regalías.

[5] Sobretasa ambiental sobre los peajes.

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