MARIO ALEJANDRO VALENCIA

subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional DNP

Diciembre 2024, Edición 374.

LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA comienzan a mostrar una tendencia de recuperación en su comportamiento económico. Las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional1 indican que la economía mundial crecerá un 3,2 % en 2024; las economías avanzadas lo harán en 1,8 % y los mercados en desarrollo y emergentes en 4,2 %. En el caso de Colombia, el FMI espera que la economía crezca 1,6 %, pero hay estimaciones como la del Banco de la República (Informe de Política Monetaria, julio de 2024) que aumentó de 1,4 % en abril a 1,8 %.

Durante 2023, producto, entre otros, de las tensiones geopolíticas, el aumento en la inflación, la caí-da en los precios de los commodities y el aumento en las tasas de interés, el comercio de bienes cayó en 1,1 %. Con el retorno hacia las metas inflacionarias y el posterior relajamiento de la política monetaria en los países, el comercio de bienes ha experimentado una leve recuperación durante 2024.

La desaceleración del crecimiento económico del país ha estado enmarcada en este proceso global, pero también en fenómenos locales de inflación, altas tasas de interés y caída de la inversión.

Desde el punto de vista fiscal, se suma el incremento del servicio de la deuda la cual, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación, en 2024 aumentó un 20,4 %, mientras que el rubro de inversión creció a la mitad (10,2 %). De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “entre 2019 y 2020 la deuda aumentó de 48 % a 61 % del PIB, equivalente a $ 200 billones y buena parte se inyectó a la economía a través de transferencias, es decir, no fue invertida en apoyo a actividades productivas reales con capacidad de generar mayores ingresos que luego permitieran pagar la deuda generada.

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El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) permite articular la visión y las acciones del Gobierno Nacional, con el sector privado, la academia, la economía popular y los territorios.

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En otras palabras, el Gobierno no sólo está pagan-do la deuda heredada -como es su deber-, sino que lo hace con los mismos ingresos de siempre, provocando presión presupuestal” (Bonilla, R., 23 de septiembre de 2024[2].

Por eso el efecto rebote no fue suficiente y la economía experimentó una desaceleración durante 2023. En este escenario, 2024 inició con un doble reto desde lo fiscal, el cual está siendo atendido con toda responsabilidad para avanzar en las políticas de transformación productiva con enfoque de sostenibilidad, equidad y transición energética.

Sumando esfuerzos

Esto lleva a que el Gobierno Nacional lidere la construcción de un Plan de Reactivación Económica. Para ello, instaló de nuevo el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI). Este mecanismo permite articular la visión y las acciones del Gobierno Nacional, con el sector privado, la academia, la economía popular y los territorios. Es el sistema más completo de coordinación público- privada, popular y territorial que existe en el país.

La importancia del SNCI es la comprensión de que actuar de manera aislada no permite cumplir con los objetivos de reactivación económica de corto plazo, que consiste en recuperar el crecimiento, generar empleos y aumentar las exportaciones. Pero tampoco los de mediano plazo en cuanto a las necesidades de incrementar la productividad, producir más bienes y servicios con valor agregado, mejorar la competitividad, fortalecer las capacidades humanas, el crecimiento verde y la digitalización, de forma que contribuya a la equidad y la transición energética justa. En últimas, es la superación del extractivismo y el rentismo lo que está en la agenda.

Como se observa, no es una tarea menor y requiere esfuerzos conjuntos en términos de convergencia de actores, además de la concurrencia de fuentes del Presupuesto General de la Nación, la inversión privada, los créditos, las regalías y la cooperación internacional.

A partir de las reuniones sostenidas en el marco del SNCI, se ha construido un borrador de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación (Anci), que tiene una duración de 4 años. La estructura de la Anci está dividida entre el corto y el mediano plazo, con una lista de acciones y proyectos estratégicos, de tipo normativo, regulatorio, de política pública y de iniciativas privadas aterrizadas en los territorios.

Todos ponemos

La implementación del plan de reactivación económica, ya en curso, comienza a mostrar logros tempranos. El primero ha sido el Pacto por el Crédito. Los bancos han puesto sobre la mesa una oferta de $ 55 billones, en donde el Gobierno Nacional define los sectores claves que demandarán estos créditos. Las líneas ya vienen avanzando.

Los resultados muestran que en las primeras semanas se colocaron $ 10.3 billones, una meta superior a la esperada. Los desembolsos por sectores fueron: manufacturas y transformación energética $ 6.7 billones (creció 33 % respecto de los desembolsos del año anterior); vivienda e infraestructura 2.0 billones (creció 22 %); agropecuario 1.3 billones (creció 5,9 %), turismo 0.3 billones (creció 26,1 %); y, economía popular 0.03 billones (creció 4,1 %). En términos de cumplimiento de las metas sectoriales se destacan los sectores de vivienda e infraestructura 5,01 % res-pecto de la meta final sectorial ($ 40.6 billones), manufactura y transformación energética 4,09 % ($ 163.4 billones), y agropecuario 4,09 % ($ 32.1 billones).

Estas necesidades de capital y financiamiento están dirigidas estratégicamente a los sectores de mayor potencial de cumplimiento de los objetivos económicos, sociales y ambientales: campo productivo, mejoramientos de vivienda, energías, reindustrialización, turismo en armonía con la vida y desarrollo digital.

Se están estructurando las líneas de crédito que permitan una mayor sincronización entre la oferta y la demanda, bajo los criterios definidos en que se orientan hacia actividades productivas, en mejo-res condiciones que los créditos de consumo y que involucre a todos los segmentos empresariales, incluyendo a la economía popular.

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Por medio de cooperativas y organizaciones comunitarias, se ha observado la generación de empleos y el impulso del emprendimiento, así como el fortalecimiento de las redes y asociaciones sociales.

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También se firmó el ‘Pacto por la democratización del crédito solidario’. El sector solidario, con su enfoque en la cooperación e inclusión, ha demostrado ser un pilar de resiliencia en tiempos difíciles. Por medio de cooperativas y organizaciones comunitarias, se ha observado la generación de empleos y el impulso del em-prendimiento, así como el fortalecimiento de las redes y asociaciones sociales.

Estos modelos no solo contribuyen al crecimiento económico, sino que también aseguran que los beneficios se distribuyan de manera más justa entre la ciudadanía. Al facilitar el acceso a créditos subsidiados y promover la cooperación, se abre la posibilidad de transfor-mar este recurso en productos de mayor valor agregado.

En la actualidad la inclusión financiera llega al 25,9 % de las personas que tienen ingresos entre 0 y 1 SMLV y al 44,55 % de las personas con ingresos superiores de entre 1 y 4 SLMV. Estos segmentos son atendidos también con algún producto crediticio de las 2.469 empresas solidarias que pueden realizar colocaciones (Supersolidaria, 2024). Promover una mayor inclusión en esquemas asociativos y cooperativos permite que los micronegocios y la economía popular se reconozcan como sujetos de políticas para mejorar su productividad y capacidad de generación de ingresos, sin acudir a otras fuentes más costosas y peligrosas como el ´gota a gota´.

Coordinación necesaria

La metodología con la que se está trabajando la reactivación económica tiene sus bases en la política nacional de reindustrialización elaborada por el actual Gobierno y en la tecnología establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada Mesas Ejecutivas, con gran éxito en la agroindustria de Perú.

Además de priorizar acciones estratégicas de una verdadera transformación productiva, como la agroindustrialización, la transición energética justa, la producción de vacunas y medicamentos, la industria de astille-ros, el transporte férreo y sostenible, solo por mencionar algunas, se trata de identificar los obstáculos de tipo normativo, regulatorio, de política comercial, de gestión, que retrasan y hacen menos productivas y competitivas las acciones de las em-presas privadas.

Según lo que plantea el BID, “estas necesidades de coordinación aumentadas no se solucionan con las políticas públicas estándares ni con políticas industriales tradicionales. Se requiere una política industrial moderna, que debe ser un proceso de colaboración estratégica público-privado” (Ghezzi, P., BID 2019).

Por ello se justifica que el SNCI actúe bajo un abordaje desde lo territorial con el fin de garantizar una construcción ‘de abajo hacia arriba’ y juntarla con las apuestas productivas establecidas ‘de arriba hacia abajo’ de la reindustrialización: agroindustrialización y soberanía alimentaria, transición energética justa, defensa para la vida y salud.

Al mismo tiempo, se identifican los cronogramas de inversión por parte del sector priva-do y su aporte al crecimiento económico sostenible, a la generación de empleos de calidad y a la internacionalización.

De allí se construye una matriz de seguimiento de corto y mediano plazo, con una revisión periódica a los avances obtenidos, así como la identificación de cuellos de botella que deben superarse para que los proyectos estratégicos puedan continuar sus cronogramas.

Los resultados

En términos de crecimiento económico, de acuerdo con el Indicador de ‘Seguimiento a la Economía’ para este año se evidencia una leve recuperación, con un crecimiento anual en ju-lio de 3,8 % y para agosto de 2,0 %. La Encuesta de Micronegocios del Dane muestra que en los últimos 12 meses (a junio de 2024) la cantidad de micronegocios aumentó en 2,6 %, el personal ocupado lo hizo en 4,1 % y en ventas o ingresos en 20,6 %.

Para septiembre, el Dane reportó una tasa de desempleo del 9,1 %, inferior al 9,3 % de septiembre de 2023. Eso indica 22.000 desocupa-dos menos, así como 107.000 nuevos ocupados. De forma desestacionalizada, la tasa de desempleo en septiembre llegó al 9,8 %, la cifra más baja desde agosto de 2023 y es el tercer mes consecutivo de reducción en esta referencia.

Con una senda de crecimiento en marcha y una menor tasa de desempleo, se espera que se propicie una recuperación de la confianza de los productores, traducida en nuevas inversiones. Asimismo, se espera una recuperación de la confianza de los consumidores, que permita su acceso a más bienes y servicios de producción nacional.

Las cifras de inflación parecen estar aportando en el camino de recuperar esta senda de confianza para los agentes económicos. La inflación ha experimentado una notable reducción desde marzo de 2023, cuando alcanzó un máximo de 13,3 % y que para septiembre de 2024 llegó a 5,81 %, cifra cercana a la meta de 2024 de 5,5 %. Adicional a esta reducción, desde el Ministerio de Hacienda, se destaca que la senda de descenso de la inflación ha estado acompañada de un ajuste en los ingresos en los hogares, en que la inflación de los pobres y vulnerables no es más alta que la inflación de ingresos altos.

Reactivar para transformar

La reactivación económica tiene una visión de transformación, por lo que mientras se implementan acciones de corto plazo, se requiere pensar que la recuperación del crecimiento necesita mejorar algunos programas y políticas. Un ejemplo de lo anterior está ocurriendo con la vivienda. Un reciente documento publicado por el Departamento Nacional de Planeación3, permite conocer datos que muestran que en mejoramiento de vivienda, por cada millón de pesos, se genera un valor agregado de COP 1.92 millones.

Sumado al impacto positivo conocido que genera la vivienda nueva, el Gobierno Nacional está liderando las mesas de trabajo que establecen la hoja de ruta para recuperar los indicado-res de este sector, que sigue siendo un importante jalonador del crecimiento.

Otras acciones en marcha son:

• Se adoptaron medidas de tipo arancelario en productos como las barras de acero, perfiles extruidos de aluminio, lámina lisa galvanizada y alambrón. Esto con el fin de impulsar el sector del acero en Colombia, dada su importancia estratégica como la producción de 1,37 millones de toneladas en 2023, así como sus 6 plantas de acería y 12 plantas de laminación en caliente que generan cerca de 45.000 empleos entre directos e indirectos.
• Se expedirá, con la firma del Presidente de la República, el Conpes 4140 que declara la importancia estratégica del aeropuerto ‘Aerocafé’ en Palestina, Caldas, abriéndose la licitación durante los primeros meses de 2025.
• En julio, el Gobierno Nacional publicó los pliegos para la licitación del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná. Se espera la adjudicación durante el primer trimestre de 2025 con un presupuesto de la licitación por $ 3.4 billones constantes 2023 ($ 2.6 billones Capex + $ 0.8 billones Opex). Es la primera obra férrea de Alianza Público Privada que se aprueba en la historia del país.
• A la fecha se encuentran implementadas y en operación 100 comunidades energéticas ubicadas principalmente en los departamentos de La Guajira, Chocó y Putumayo.
• Desde julio de 2024 hasta la fecha se han inaugurado 15 rutas nuevas de Satena y se ha avanzado en la intervención de 6 aeródromos. Tan solo el 23 de septiembre de 2024 se lanzaron 9 rutas nuevas por parte de Sa-tena que conectan a los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá y Huila.
• En el campo, el Gobierno Nacional ha realizado grandes esfuerzos por la adquisición y la formalización de tierras. De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre 2022 y 2024 se han adquirido cerca de 167.679  hectáreas de tierra (solo para campesinos) casi 4 veces más que lo adquirido entre 2016 y 2022. De igual forma, se han formalizado 1.22 millones de hectáreas de tierra entre 2022 y 2024, superando la cifra de 1.07 millones de hectáreas del periodo 2018–2022, mostrando el compromiso de este Gobierno con el campesinado y la Reforma Rural Integral como parte esencial de la reactivación económica.
• Por medio de la Ley de Financiamiento, el Gobierno Nacional está buscando el apoyo al sector empresarial del país por medio de una serie de medidas que están allí planteadas: la diferenciación en la tarifa del impuesto de renta a las empresas de acuerdo con la renta líquida gravable generada con una tarifa desde 27 % (hasta 6.285 UVT4). Este hecho reconoce la progresividad en el impuesto a la renta sobre las empresas. Por su parte, el resto de empresas que obtengan rentas líquidas gravables superiores a los 6.285 UVT tendrán una tarifa que, hasta 120.000 UVT5, se reduciría al 30 % en 2029; y de más de 120.000 UVT, la tarifa aplicable sería del 33 %. Estos ajustes propuestos podrían llevar a Colombia a ser uno de los países que hoy tiene una de las mayores tasas de impuesto de renta en la región del 35 % a una ponderada del 27,3 %, por debajo de países como Argentina (35 %), Brasil (34 %), Costa Rica (30 %), México (30 %) y Perú (29,5 %). La reducción en el impuesto de renta podría llevar un crecimiento adicional de la economía del país en 0,2 puntos porcentuales en 2025, así como el aumento de la inversión real en 1,1 puntos porcentuales y de la población ocupada en 0,3 puntos porcentuales6.

Parte de estas acciones, además, están encaminadas a la atracción de Inversión Extranjera Directa en actividades productivas. De acuerdo con los datos de la Balanza Cambiaria del Banco de la República, esta inversión, diferente a la minera y petrolera, refleja un aumento del 21,3 %, pasando de explicar el 19,2 % de los ingresos por IED a octubre de 2023, al 28,3 % en lo corrido de 2024.

¿Qué sigue?

Los próximos 18 meses serán fundamentales en la identificación, priorización y ejecución de acciones y en el avance de proyectos estratégicos que serán parte de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. El trabajo adelantado por la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios en la definición de esta agenda junto con el sector privado y los territorios, es la hoja de ruta que marca la gestión hacia la reactivación y la transformación productiva.

Recuperar la senda de crecimiento y dejar sentadas las bases de una economía que tiene más sentido productivo que rentista, es el propósito fundamental que debe orientar la articulación de las instituciones nacionales y territoriales. EC

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